El radicalismo decidió planchar la discusión de la minería para Malargüe luego de que el intendente Juan Manuel Ojeda presentara el proyecto de ley. Sin embargo, dentro de Cambia Mendoza hay otras voces que piensan distinto y hasta tienen iniciativas propias que van a acercar.
Además, otros aliados también cuestionan que sea la Legislatura quien deba darle el último aval a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) luego de un largo periplo recorriendo organismos técnicos. El recuerdo de San Jorge y la necesidad de agilizar, al menos, lo que hoy autoriza la ley 7722.
Juan Manuel Ojeda presentó el proyecto de ley para que Malargüe pueda tener minería después del duro revés sufrido a fines de 2019, cuando el Gobierno provincial dio marcha atrás con los cambios realizados en la legislación conocida como “antiminera”.
Tras varios amagues, finalmente la senadora provincial Jessica Laferte lo ingresó por la Mesa de Entradas del Senado. La decisión del oficialismo fue no darle prioridad pero aliados en Cambia Mendoza piden que se abra el debate, como es el caso del Pro y del Partido Demócrata Progresista (PDP)
El diputado Gustavo Cairo (Pro) apoyó la marcha a favor de la minería que organizaron en Malargüe pero va por más. En estos días ingresará un proyecto de ley para modificar el uso de las sustancias químicas pidiendo que se excluya de la prohibición al ácido sulfúrico.
“El ácido sulfúrico se usa en un montón de cosas como en las bodegas, mosto, en la batería de los autos. Y en la minería se usa para la explotación de cobre. Casi en todas nuestras montañas, como en Chile, tenemos cobre”, explicó el legislador a Los Andes argumentando con parte del expediente en el que la empresa San Jorge recurre a la vía judicial por la legislación actual.
Por eso considera que “si le sacás la prohibición del ácido sulfúrico, que no lo prohibís para otras cosas como está demostrado, destapás la gran prohibición que hay para la minería en Mendoza. De 2007 hasta ahora no vino ni un dólar, ni para explorar ni nada”.
Otro de los cambios que propone realizar Cairo tiene que ver con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento que hoy “es el Estado controlando al Estado” porque “Aguas Mendocinas es provincial”. Su propuesta consiste en modificarlo para que “se transforme en una Agencia ambiental, con un directorio y cuyos miembros sean elegidos por la sociedad, no por el Gobierno y que tengan participación para controlar la minería, petróleo, etc”.
Richard Bataggión, del PDP que tiene como representante legislativa a la diputada Josefina Canale, también pide por el debate. A través de un comunicado, se le solicita “a todas las autoridades políticas de la Provincia, la inmediata apertura del debate sobre minería, a los efectos de la sanción urgente de una ley que permita la explotación de la minería no contaminante en nuestra provincia”.
“El desarrollo de la minería no contaminante es clave para el desarrollo de Mendoza y su puesta en marcha no admite dilación, frente al escenario de crisis económica que atravesamos. En este contexto, la propuesta del intendente de Malargüe, quien ha presentado su propia ley para activar la actividad minera en su departamento, debe ser atendida”, dice el texto.
En ese sentido, recuerdan que “la iniciativa del intendente se suma a nuestra propuesta de 2020, en la que propiciábamos darle a Malargüe la libertad para explotar sus recursos mineros y energéticos”.
“Una cuestión a corregir también en la ley 7722 sería la supresión en el Art. 1 del agregado y otras sustancias tóxicas similares. En el fallo de la Corte Nacional, San Jorge logró que ese párrafo no les sea de aplicación a ellos, pero no a todos los proyectos”, explicó Battagión a Los Andes.
El fallo del máximo tribunal de Justicia provino de un recurso extraordinario federal que había presentado en 2015 la minera San Jorge, contra la constitucionalidad de la 7.722 que surgió de un fallo plenario de la Suprema Corte de Mendoza.
En esta sentencia, la Corte nacional definió que la ley es constitucional, salvo una frase que está en el artículo 1, que hace referencia a la prohibición de sustancias tóxicas. Si bien se nombra al mercurio, cianuro y ácido sulfúrico como prohibidas, la frase inconstitucional es posterior, cuando marca también la prohibición del uso de “otras sustancias tóxicas similares”.
El ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz advirtió que la ley, “al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de ‘otras sustancias tóxicas similares’, se aparta del principio de legalidad” e indicó que en este aspecto “la ley adolece de una gran indeterminación”.
Otro aliado que se muestra a favor del debate, pero toma distancia de la decisión de Ojeda, es Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente). El diputado que se muestra a favor de la actividad, de hecho votó en contra de la derogación de la ley que habilitaba la minería por fuera de la 7722, no se esconde del debate,
“Estoy a favor del desarrollo de la actividad. El proyecto lo estoy viendo, no fui consultado, no tuve ningún tipo de información antes del proyecto. Me parece que el proyecto debería haber sido consensuado de otra manera, más que nada la necesidad de reinstalar el debate, queda como un esfuerzo aislado”, indicó el diputado.
En la búsqueda de consensos, a través de un proyecto ya presentado, Mosso pretende modificar el Procedimiento Ambiental Minero resaltando “que previo a las Audiencias Públicas, se conformen Mesas de Diálogo con las comunidades que se verán involucradas”. El argumento se basa en experiencias anteriores, en las cuales de un gran número de participantes inscriptos, poco se puede sacar en limpio.
“Terminan generando masividad y conspirando en contra del proyecto. Hay experiencias como en Perú, que a través de estas mesas, se lograron cambios de acuerdo a las necesidades y los proyectos se terminaron realizando con el apoyo de la comunidad”, explicó.
José María Videla Sanz (Frente Renovador), se mostró más cauto y pidió por los proyectos que están dentro de la legislación actual. “Creo que hay que avanzar con los proyectos dentro de la 7722 para cambiar la forma que tiene la gente de ver la minería, para que la sociedad se de cuenta que es factible dentro de los parámetros ambientales. Y de esa manera generar un avance para poder debatir el tema con más licencia social”, indicó.
La Legislatura y el Impacto Ambiental bajo la lupa
Hay algo en lo que coinciden las fuentes consultadas y es en oponerse a que las Declaraciones de Impacto Ambiental tengan un aval legislativo. “Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que dicen organismos técnicos”, se ha escuchado más de una vez en la Casa de las Leyes.
A eso apunta el comunicado del Partido Demócrata Progresista (PDP). “Consideramos que existe una forma simple de destrabar el desarrollo de la minería no contaminante en Mendoza. La ley de minería 7722, contiene, a nuestro criterio, una cláusula manifiestamente inconstitucional, la que establece la obligatoriedad de aprobación por ley de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión minera”, expresan.
“La intervención de la Legislatura, con la facultad de aprobar o rechazar la DIA, un documento de base científica, con mera intuición o humor político es a todas luces un despropósito. Es tan inaceptable que un proyecto positivo pueda resultar rechazado, sin haberlo siquiera estudiado o tratado en comisiones, circunstancia que ya ocurrió, como que un proyecto deficitario, pueda resultar aprobado”, cierra el comunicado en referencia al proyecto de San Jorge.
Gustavo Cairo tampoco comparte este procedimiento. “Se politiza un tema que es técnico”, indicó, y evalúa incluir algún aspecto en el proyecto de ley en el que trabaja. Guillermo Mosso considera que “no tiene razón de ser, es el tiro de gracia a la actividad”.
Videla Sanz, por su parte, adhiere al resto y entiende que “la declaraciones de impacto ambiental no las debería dar la Legislatura, sino un organismo técnico a través del Poder Ejecutivo”.
