El gobierno retomó este jueves las negociaciones paritarias con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), así como también con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). La particularidad es que, si bien fueron lógicamente reuniones individuales, las ofertas fueron exactamente igual. Lo mismo ocurrió con la respuesta gremial: ambos rechazaron y se pactó un cuarto intermedio para la semana que viene.
Con respecto a Ampros, desde el Gobierno se puso a disposición de los trabajadores estatales dos propuestas de incremento salarial para 2023.
La primera de ellas implica un incremento del 33.5% escalonado hasta el mes de julio con revisión en ese mismo mes. Las subas salariales se darían de la siguiente forma: al 10% que ya se tiene de enero y febrero, se suma un 7,5% en marzo, un 8% en mayo y un 8% en julio.
En tanto, la otra consta de mayores aumentos, hasta el 71%, pero con revisiones en octubre, ya transitando el segundo semestre. Estas subas comenzarían con un 10% en marzo y seguirían con un 5% en abril, 12% en mayo, 5% en junio, 5% en julio, 14% en agosto, 5% en septiembre y 5% en octubre.
Desde Ampros rechazaron las dos propuestas al considerarlas insuficientes y pidieron una reformulación de la misma, por lo que el Gobierno decidió realizar un cuarto intermedio para el jueves que viene.
Posturas y rechazos
Desde el gremio, su secretaria general, Claudia Iturbe, la propuesta del Poder Ejecutivo fue “insuficiente” fundamentalmente “porque no contempla la recomposición salarial perdida en el año 2020 que fue de un 36%”.
Además pidió “buena fe” al Gobierno en la negociación, ya que denunció que no se les está pagando el ítem de “Zona de Promoción” a los profesionales que se desempeñan fuera del ámbito del ministerio de Salud.
“Cuando se habla del régimen 27, se habla de todos los profesionales de la Salud, no solamente de los que se encuentran en el Ministerio. Por eso hemos planteado el incumplimiento de las actas paritarias anteriores”.
Otro de los incumplimientos, o problemas, según Iturbe, ha sido la ley de tope salarial, “que le pone un límite al bloqueo de título a aquellos profesionales que son los recursos humanos más críticos, que son los que cumplen 55 horas para el Estado, que son jefes de servicio o que tienen su título bloqueado y no pueden trabajar fuera del Estado”.
“Una ley de tope en un profesional tan necesario para la Salud pública sería su fin, porque no conseguiremos más profesionales que quieran venir a trabajar a Mendoza si tienen ‘topeados’ sus salarios”
En este sentido, marcó que se pidió una “reformulación de la propuesta y un cumplimiento total de las actas paritarias como así también de las mayores dedicaciones, que siguen sin obtenerse; de los pases a plantas, que siguen sin pasar; y de los cambios de régimen, que siguen sin cambiar”.
Del otro lado del mostrador, la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez, comentó las dos alternativas de aumento para este sector y agregó que “luego de dialogar con el gremio, el cual nos acercó inquietudes que tienen respecto al régimen 27 de la salud, hemos acordado tomarnos unos días para poder trabajar en mesas técnicas y volver a reunirnos en los próximos días con más definiciones”.
