Una médica del hospital Scaravelli de Tunuyán fue agredida verbalmente por un paciente que pretendía ser atendido con mayor rapidez, cuando la profesional tenía el consultorio colapsado de pacientes y no daba abasto. Tras este suceso y otros hecho similares ocurridos en centros sanitarios de la provincia, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) emitió un comunicado repudiando estos hechos y exigiendo la aplicación del Código Contravencional.
Claudia Iturbe, flamante secretaria General de la entidad que nuclea a los profesionales de la salud, exigió la “aplicación del artículo 51 del Código Contravencional de Mendoza que contempla multas de $24.000 hasta $36.000 y hasta 12 días de arresto para quienes agredan u ofendan a personas que trabajan en el ámbito sanitario”.
El mismo reza que si se ejerciera una ofensa personal a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios. El que ofendiere o agrediere físicamente -sin causar lesiones- y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios en efectores públicos o privados, será sancionado con multa desde ochocientas (800) U.F.-unidades fijas- hasta un mil doscientas (1.200) U.F. o arresto desde ocho (8) días hasta doce (12) días.
“Desde la entidad sindical, repudiamos las agresiones sufridas hacia nuestros profesionales. El colapso del sistema sanitario fue ocasionado debido a la falta de recurso humano y en este sentido, las autoridades deben comprender que -a diferencia de otros sectores de la administración pública- no existe reemplazo para ningún profesional de la salud. Exigimos que el Ejecutivo Provincial aplique medidas sancionatorias a quienes producen estos eventos a través del Código de Contravención. Nuestros profesionales trabajaron a destajo sin descanso durante toda la pandemia y continúan haciéndolo”, reclamó el licenciado Rodrigo Domínguez, secretario Gremial de AMProS.
“Esta mañana la Comisión Ejecutiva recorrió los efectores para analizar las condiciones sanitarias y laborales en las que se desempeñan nuestros profesionales, ya que el Ejecutivo debe asegurar personal policial para que esto no ocurra. Además, el lugar físico debe mantener la ventilación y el distanciamiento social que corresponde”, aseveró la licenciada Claudia Iturbe.
Finalmente, dijo que “los profesionales no tienen que salir a la calle; no pueden salir a pelear por sus sueldos y al mismo tiempo sostener la trinchera. Estamos saliendo de una reunión en el Hospital Del Carmen y están abriendo servicios para rehabilitación post Covid. Son pacientes que han quedado con secuelas neurológicas, respiratorias, nefrológicas y hasta de movilidad y necesitan seguir siendo atendidos.
“La pregunta recurrente es: ¿Quién cuida a los que cuidan? Nuestros sueldos deben estar por encima de la línea de la inflación. Es inadmisible que mientras otros sectores que han trabajado y continúan trabajando desde sus casas, cobren sueldos acordes a la situación económica del país; y muchos de nuestros profesionales que han dejado sus vidas y la de sus familiares, tengan sueldos por debajo de la línea de inflación y en condiciones laborales que distan mucho de lo que exige la ley”, concluyó la licenciada Iturbe.
