La obra Variante Palmira, que comenzó en 2018 y estaba proyectada para ser concluida a mediados de este año, finalmente se retrasará hasta marzo de 2024. O sea, después de que termine esta gestión nacional. Así lo confirmó este miércoles el jefe del 4° Distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz.
El funcionario peronista explicó a diario Los Andes que habrá un retraso por dos motivos: expropiaciones y un desfasaje de precios, producido por modificaciones de obra. De esta manera, serán representantes de otro gobierno nacional los encargados de cortar la cinta de la inauguración.
Amstutz comentó que han tenido inconvenientes para lograr la autorización de la traza de las colectoras y bajadas en dos nudos. Puntualmente en San Roque lograron destrabar una expropiación y avanzan para concretar otras dos en el empalme con Ruta 40.
“Ya hemos resuelto el de San Roque, con una modificación de proyecto, y en uno que está en el empalme con la Ruta 40 hemos logrado un principio de acuerdo en la mañana de hoy, que estimo lo podremos formalizar esta semana. Tuvimos una reunión con uno de los propietarios”, puntualizó.
Y añadió: “Nos está quedando un único propietario. Si no hay otra alternativa, en diez días aproximadamente vendrá una comisión tasadora desde Buenos Aires para que podamos avanzar con la vía judicial de expropiación. Eso es lo que nos ha trancado”.
El otro problema es por el desfasaje de precios de pavimentación. Amstutz contó que estos trabajos se encuentran en un 65% de avance y el año pasado se encontraron con una cantidad importante de modificaciones de obra, debido a cruces eléctricos y de oleoductos, vinculados con las explotaciones que tiene YPF en Barrancas, Maipú.
Estas modificaciones deben ser presentadas ante la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque implican ampliaciones de partidas. Hasta que no se apruebe ese trámite, se mantienen congelados los valores de pago de obra. “Esto ha provocado que los asfaltos que hoy se puedan colocar en febrero de 2023, los tendríamos que estar pagando con precios de julio de 2022″, manifestó Amstutz.
Ante esto la empresa respondió que en esas condiciones no puede colocar el asfalto por el elevado costo financiero que significa. “Esto se paga a costo anticipado y todos sabemos que hubo una inflación, en nuestro caso, de 28% aproximadamente desde julio. Esto hace que las empresas no puedan asumir el desfasaje en el tiempo del pago de esa diferencia de ajuste”, agregó el histórico dirigente lasherino.
Amstutz también afirmó que buscan la aprobación para “hacer el encaje con los nuevos precios y poder retomar la pavimentación” y aclaró que “no es un problema de falta de dinero para pagar”.
“La empresa tiene los pagos al día y en los plazos que marca el pliego, que es menos de 60 días de la ejecución”, aseguró el delegado de Vialidad Nacional.
“En la mañana de hoy también nos informaron que un trámite técnico jurídico de este expediente fue convalidado y espero que en pocos días más, ya nos autoricen a poder efectuar la obra con los valores ajustados al mes en curso. Estimo que los temas más importantes que han producido una demora, los vamos a encaminar en el transcurso de febrero”, se esperanzó.
En cuanto el plazo de obra, Amstutz comentó que tenían planificado que se concluyera en agosto y ahora calculan que “la obra se va a estar terminando para marzo o abril del año que viene. Son datos estimativos, hasta que no tengamos aprobado el nuevo plan de trabajo”.
Hasta diciembre del año pasado, los planes de Vialidad Nacional eran otros. El Jefe de Proyectos del organismo, Ariel Godoy, le había comentado a diario Los Andes: “Los plazos estimados se han estirado según los ritmos que ha habido. Durante la pandemia tuvimos un ritmo muy ralentizado y hubo algunos inconvenientes con respecto a los materiales, pero la obra sigue en marcha y estimamos que va a ser terminada a mediados del año que viene (2023)”.
La obra conectará la localidad de Palmira con el Acceso Sur de la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, a través de una alternativa a la actual traza para evitar que el tránsito pesado ingrese a la ciudad y beneficiar a 70.000 vehículos que transitan por día.
El sorpresivo condicionamiento de la obra
El pasado 28 de diciembre el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, visitó Mendoza y en medio de una nutrida agenda, que incluyó firmar convenios con el Gobierno provincial y municipios peronistas, se hizo un tiempo para recorrer los avances en la Variante Palmira sobre la nueva autopista de la Ruta 7.
En ese momento, sorpresivamente el funcionario nacional lanzó una declaración contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la disputa por los fondos de la coparticipación y condicionó el desarrollo de la obra, a pesar de que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Si cumpliésemos con las pretensiones de Larreta tendríamos que paralizar acá en Mendoza la Variante Palmira, una obra estratégica en la Ruta 7. La decisión del Gobierno Nacional es defender esta Argentina Federal y que estas obras se terminen”, apuntó.
La declaración generó malestar en el Gobierno provincial y respondieron que “las obras están imputadas y tienen presupuesto propio, no están atadas a una caja que tenga que ver con alguna afectación de la coparticipación. Son independientes de eso. Cada funcionario administra un plan de obras de acuerdo a un presupuesto votado”.
Y consideraron que la declaración “es un planteo para mucha gente que desconoce puntualmente como es la cuestión. Hay decisiones políticas que pueden afectar la continuidad de la obra, pero no es por una cuestión de cómo se distribuyen los fondos. Si hay algún inconveniente que la pueda frenar es por otro tipo de decisiones”.
Por su parte, desde Vialidad Nacional, quien habló fue el mencionado Jefe de Proyectos, Ariel Godoy, dado que Amstutz se encontraba en ese momento de vacaciones. En diálogo con Los Andes, el funcionario mostró un contrapunto con lo expuesto por la Provincia y afirmó, del mismo modo que Katopodis, que los fondos de la coparticipación sí afectan las obras.
“Los fondos del tesoro nacional si se ven afectados por los manejos de coparticipación, porque de algún lado tienen que salir el dinero que reclama CABA”, afirmó y explicó que, si bien la obra tiene financiamiento del BID, “lo que hace Vialidad es certificar y abonar con fondos del Tesoro y luego el BID restituye esos montos”.
“Entonces hay un tiempo en que el Tesoro financia y luego esos fondos son compensados a través de las operatorias internacionales”, aclaró.
“En este momento, con el esquema inflacionario que tenemos, ese tiempo puede llegar a ser conflictivo dentro del avance de una obra por el costo financiero. Si hoy están certificando y se paga a los 70 días, hay un costo financiero que puede afectar al avance de la obra. Es lo que nos ha ido sucediendo”, aseveró Godoy.
Además, comentó que “es un problema complejo que no lo definimos desde Mendoza, pero sí estamos tratando de que ninguna obra se detenga. Las iniciadas y las que están por iniciar. Es el planteo del Jefe de Distrito y lo que nosotros entendemos”.
