En el norte provincial hay revuelo por una investigación que recae sobre Maximiliano Rivera, concejal del PJ reelecto en Lavalle y médico rural. Una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre legajos de personal que trabaja en la comuna, detectó certificados médicos de empleados firmados por el profesional.
Se dio aviso a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, la cual abrió una investigación que está bajo secreto de sumario. Hasta donde pudo saber Los Andes, el órgano envió oficios al Ministerio de Salud y se espera un dictamen del Auditor Gabriel Balsells Miró. Esta tarde se congregan vecinos en la Plaza Cuyun de esa comuna, a las 18.30.
“Luego de 7 años, parece que hay a quienes les molesta, que como médico llegué a instituciones u hogares con operativos, para brindarle mi atención médica. Luego de 7 años, mi trabajo como médico rural, del cual estoy muy orgulloso y fue desde siempre la especialidad que quería ejercer, y se ve empañado por tiranías políticas”, dice un extracto de la publicación de Rivera, el 14 de setiembre, en Facebook.
“¿Acaso los vecinos de Lavalle no merecen tener este servicio? ¿Acaso mi trabajo y proyectos en post de mejorar la vida de los lavallinos sigue teñido de una interna q no termina?. No callaré ante hechos de persecución, ni avalaré amedrentamientos por pensar diferente”, avisa.
El concejal lavallino asumió su segundo mandato en diciembre del año pasado y llegó a la banca por la lista que encabezaba Gerardo Vaquer, el elegido por Roberto Righi como su sucesor en la intendencia de Lavalle. Enfrente se paró Edgardo González quien se quedó con la candidatura del peronismo y por la mixtura interna de las listas, se rearmó la nómina de aspirantes a ediles.
Así, Rivera logró la reelección y su rutina siguió como hasta entonces: concejal y médico rural (ejerce hace 13 años) que atiende en lugares alejados. Como sucede en los departamentos poco poblados, los profesionales dedicados a la salud conocen a todos los vecinos y cada una de sus problemáticas. Incluso, suelen gozar del cariño de la comunidad.
Desde diciembre del año pasado se sabía que el peronismo seguiría en Lavalle, pero González no era del sector de Righi por lo que algunas cosas iban a cambiar. Guadalupe Parés Martino asumió en marzo la presidencia del HCD y se evidenció un vínculo familiar.
La joven peronista es hija de Néstor Parés, de extracción radical y presidente del Tribunal de Cuentas. Su hermano Jerónimo Parés, a cargo de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía, también quedó del lado radical de la familia.
El germen de la polémica
El órgano de control que preside Parés es el que tiene dudas sobre la incompatibilidad de Rivera por los dos cargos que ocupa: médico y concejal. Así se manifiesta en un documento interno en el que se detalla lo ocurrido el 9 de mayo de este año durante una auditoría in situ en la Dirección de Higiene y Seguridad y Salud Laboral de la Municipalidad de Lavalle.
La misma tiene la finalidad de “solicitar legajos de agentes municipales, seleccionados a través de una muestra, tomando en consideración ‘novedades de personal municipal’ de los meses marzo, abril y mayo 2024″, dice el escrito.
En el procedimiento se analizaron carpetas, planillas de Excel y la documentación adjunta en sus legajos. Allí, detectaron que “en varios de los legajos de los agentes de la muestra, se adjuntaron numerosos certificados médicos emitidos por el Dr. Jorge Maximiliano Rivera, con prescripciones por distintas patologías a empleados municipales, lo cual llamó la atención de la auditoría.
Se controló la nómina de responsables presentada para el ejercicio 2024 y corroboraron que Rivera reviste cargo de concejal, “lo cual podría generar incompatibilidad en la función”. Acto seguido, adjuntan certificados de 9 empleados. Por estos motivos es que sugieren dar aviso a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.
Secreto, oficios y un artículo clave
El expediente está bajo secreto de sumario y se le enviaron oficios al Ministerio de Salud que conduce Rodolfo Montero. En base a la información y su criterio, Balsells Miró deberá dictaminar si hay o no incompatibilidad. La situación podría ser similar a la de Luis Manuel López y Mauricio Vidal, médicos y concejales electos en Tunuyán que fueron intimados en el 2022 por la Oficina de Ética Pública para que eligieran uno de los dos cargos.
El argumento vertido fue la Constitución Provincial y el artículo 13: “Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles”.
López, en ese momento y molesto por la decisión, echó mano a la Ley de Carrera Médica de Mendoza. “Podrá desempeñarse más de un (1) cargo rentado en la administración publica provincial, municipal y obra social de empleados públicos, sólo en zonas rurales cuando las necesidades de la salud pública o la falta de médicos lo justifiquen como medida excepcional, en cuyo caso las designaciones en más de un (1) cargo deberán hacerse en forma interina y mientras subsistan los motivos que determinaron la excepción”, dice el artículo 17.
Por eso adquiere vital relevancia lo que informe el Ministerio de Salud sobre la situación de Rivera.
“Esto es producto de una interna, donde se arma supuestamente, dice el municipio, que por obra de arte, cayó una auditoría y vio estas irregularidades donde yo hago la doble función. Claro, porque yo atiendo municipales en los centros de salud, en el turno tarde. Pusieron algunos certificados, también atiendo a los del otro lado, pero esos certificados no estaban”, dijo Maximiliano Rivera a Los Andes.
El concejal y médico espera tener fuerte respaldo esta tarde en la plaza Cuyun, desde las 18.30. “Quería invitarlos a la movilización para que apoyemos al doctor Maxi Rivera ya que lo quieren sacar de nuestro departamento y del centro de salud. Apoyemos ya que nos ha ayudado en muchas ocasiones”, dice el mensaje que se viraliza por mensajería instantánea con la cita para hoy.
“Edgardistas” y “righistas”
La situación del médico rural ha despertado muchas reacciones. Más de uno mira con asombro porque advierte el alto costo político que podría pagarse, quien reciba las culpas, por embestir a un profesional de la salud que tiene mucha cercanía con la gente. Atiende zonas alejadas como Gustavo André, El Plumero, Asunción, entre otras.
“Tiene mucha territorialidad, es muy comprometido, no le interesa la politiquería barata y eso incomoda”, dicen los que lo conocen. Miran enfrente al sector de Edgardo González y vinculan la movida a un trasfondo político. “No tengo nada que ver”, dijo el jefe comunal.
Dentro del HCD conviven diez concejales que representan a tres sectores: Walter González, Carolina del Castillo, Hernán Mercado y Laura Baldes son de Cambia Mendoza. El tema está en el bloque justicialista María Eva Duarte de Perón.
Diego Sifuentes (que ingresó por la lista de González), Rivera, Belén Quiroga, Gimena Masoero y Luis Mangione conforman este espacio y publicaron un comunicado solidarizándose con su compañero. “Solicitamos a las autoridades pertinentes que se dé un cese definitivo a esta denuncia, y/o pedido de informe, y se pronuncien a favor del Concejal Rivera”, expresan entre elogios al médico rural.
Guadalupe Parés Martino, la edil “edgardista” que preside el cuerpo, dijo a Los Andes: “No hay ninguna persecución política, no hay ninguna denuncia ni por parte del municipio ni por parte del concejo”.
“El Tribunal de Cuentas audita de forma permanente a la Municipalidad, tanto expedientes como legajos de personal. En eso encontró certificados de empleados municipales firmados por él y es por eso que a nosotros nos pidieron que informemos los periodos de su función”, agregó.
Aclaró que “de Ética Pública no han informado más nada y nosotros tampoco hemos estado averiguando porque nada depende ni está en nuestras manos. Hay órganos que se encargan de controlar que esa es su función en el ejercicio público y contra eso no podemos hacer nada”.
