Poco antes de subir a la avión que lo llevaría a Roma, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto por el cual releva a Mauricio Macri de mantener el secreto de Estado. Horas antes, el juez federal Martín Bava había enviado al presidente Fernández un oficio en el que le había solicitado que, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, autorice a Macri a brindar información que le está vedada de acuerdo a la Ley de Inteligencia nacional.
La defensa de Mauricio Macri pidió al mediodía de hoy la suspensión de la indagatoria para la que había sido citado en el juzgado federal de Dolores (a unos 300 kilómetros de la Capital Federal), para declarar como imputado en la causa que investiga presuntas maniobras de espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
El decreto firmado por Alberto Fernández
El abogado defensor Pablo Lanusse argumentó que el expresidente debía ser relevado de la confidencialidad que impone la ley de Inteligencia. El juez federal Martín Bava admitió el pedido, suspendió la audiencia y de inmediato envió un escrito al presidente Alberto Fernández, el único capaz de relevar a Macri de mantener la confidencialidad en asuntos de Estado. La respuesta llegó horas después.
La suspensión de la indagatoria sobrevino después de que se le leyeran a Macri los seis hechos puntuales del supuesto espionaje que se le imputa, y por los cuales ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los responsables de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
De acuerdo al acta de la audiencia a la que accedió este medio, el juez Bava informó que el 1 de octubre pasado su Juzgado le preguntó a la AFI que informe si para el acto de la indagatoria “era necesario el relevamiento del secreto”. La respuesta fue que “en virtud del rol que le cupo al imputado como Presidente de la República Argentina”, la interventora de la AFI “no se encuentra facultada para relevarlo”.
Dicho esto, el abogado defensor Pablo Lanusse solicitó la suspensión de la indagatoria “atento que considera que el relevamiento del secreto (que impone la ley 25520) lo debe realizar el actual Presidente de la Nación”.
El juez concedió la suspensión y así lo explicó: “(…) a fin de no afectar el derecho de defensa y evitar futuros planteos nulificantes”.
De inmediato, el magistrado le envió al presidente Alberto Fernández un escrito en el cual le solicitó “releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25520″. A partir de la respuesta positiva a levantar los impedimentos legales para que declare Macri, Bava cursará la cuarta citación a indagatoria. En la dos primeras, el expresidente se ausentó y recusó al juez, planteo que fue rechazado por la Cámara Federal de Mar del Plata.
En el oficio al presidente Fernández, el juez dijo estar de acuerdo con la imposibilidad institucional planteada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de relevar del secreto a Macri. Y aclaró que en el caso de que Alberto Fernández habilite la declaración del expresidente, “deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”. Esto es, el juzgado mantendrá en reserva el contenido de una declaración que contenga información clasificada de inteligencia.
El fiscal Curi estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa y sugirió retomar la audiencia el jueves que viene.
El juez Bava no explicó por qué se dispuso a tomar la indagatoria a Macri este jueves, a sabiendas que había un impedimento legal para el caso de que expresidente tuviese que desclasificar información sensible.
En los pasillos de los tribunales de Dolores hubo distintas interpretaciones sobre lo ocurrido. Que el juez debió haber previsto la imposibilidad de indagarlo sin contar con la autorización del “relevo de confidencialidad”; que el magistrado hizo bien en suspender y preservó las garantías de Macri. Otros entienden que al pedir el propio Macri que se lo releve de un secreto de Estado, es de suponer que tiene conocimiento de información clasificada.
“Es gravísimo; hemos asistido a un acto bochornoso”, dijo al salir del Juzgado el abogado defensor Pablo Lanusse. “Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez (Bava), que sabía esto y debió haber evitado este acto”, agregó el abogado, quien vinculo la citación de Macri a los tiempos de campaña electoral que se viven.
Al salir de la audiencia, Macri se dirigió al escenario que se montó frente al edificio y donde lo esperaban unas 300 personas. El expresidente estuvo acompañado por dirigentes del PRO, como Jorge Macri, Fernando Iglesias, Cristina Ritondo y Hernán Lombardi. A su lado se ubicó Patricia Bullrich, presidenta del PRO.
Sobre la poca concurrencia, Macri dijo que “hay gente que todavía está en la ruta porque parece que hay más controles policiales que lo habitual”.
“Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. No somos los mismos; ya estamos empoderados, no somos más borregos. No queremos convivir como hoy, con una cultura del poder tan oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar. Todos somos solidarios con los familiares del ARA San Juan”, dijo Macri.
El expresidente dijo que en los dos años de gobierno del Frente de Todos, ha sido objeto “de agresiones y descalificaciones, calumnias y persecuciones permanentes”. Calificó de “intempestiva y sin fundamentos” a la citación judicial del juez Bava. “Pero estamos acá porque siempre hemos dado la cara”, afirmó.
“A vos, Pato, gracias por estar en todas”, le dijo a Bullrich, agradecimiento que sonó a reproche por algunas ausencias.
“Tendría que haber ido solo, con su abogado. No me gusta que los jueces puedan sentirse presionado. Estas movilizaciones parecen las kirchneristas que tantos hemos criticado”, se diferenció el radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
“El juez se ajustó a derecho, estuvo bien ante el pedido de Macri y le dio todas las garantías”, evaluó el diputado peronista Eduardo Valdés.
La mayoría de los familiares de las víctimas no fue a Dolores a seguir la audiencia. Sí lo hizo Luis Tagliapietra, abogado de una de las querellas y padre de Alejandro, uno de los submarinistas muertos. El abogado se cruzó con Patricia Bullrich. Le recriminó no haberse preocupado por “nosotros, los familiares” cuando fue ministra de Seguridad. “Su respuesta fue que hacemos política cuando yo estoy solo, sin bandera, sin bombos, sin megáfono ni nada”, dijo, en referencia a los militantes de PRO reunidos en Dolores.
La causa judicial sobre el presunto espionaje a los familiares de los 44 submarinistas trágicamente muertos se inició en septiembre del año pasado, con una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. La funcionaria encontró en una base marplatense de inteligencia, elementos relacionados a tareas de espionaje de los familiares. La denuncia fue girada al juzgado federal de Dolores, donde se tramitan otras denuncias sobre espionaje ilegal.
El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. La nave fue hallada un año después, en el fondo del mar, a unos 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
