Dos exjefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del Gobierno de Mauricio Macri fueron procesados hoy en la causa que investiga el posible espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios” y dictó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos. Con esta resolución, ya son 11 los exfuncionarios de la AFI y exagentes procesados en la causa. Aún queda por resolver la situación procesal del expresidente Macri.
Para el juez, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, ex Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por, al menos, el lapso de un año.
“Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia”, escribió el juez Bava en el fallo.
Bava responsabiliza principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani, ambos ya procesados, y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
En el escrito del procesamiento, el juez se preguntó: “¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera?”.
Para el magistrado “es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”.
La causa investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.
De acuerdo a la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”.
Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, dice el expediente.
La querella de familiares de tripulantes del submarino San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, dijo sobre los nuevos procesamientos que “el juez logra probar en esta etapa que el gobierno de ese momento no podía desconocer las tareas de espionaje ilegal”.
“También queda demostrado que uno de los procesados explicó que era imposible denunciar nada, pues en la agencia y el gobierno los más altos cargos eran parientes entre sí o amigos íntimos”, dijo la abogada que, desde la querella, vaticinó que “falta un procesamiento más, el del expresidente Macri, quien se benefició al menos con esta información e hizo uso de ella”.
