La Presidencia del Senado de la Nación, a cargo de Cristina Kirchner, informó en las últimas horas a la Justicia federal que los daños patrimoniales producidos durante la pedrada del 10 de marzo pasado, superan los seis millones de pesos, según un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados “históricos” que deberán reconstruirse con trabajo artesanal. El ataque se produjo mientras se debatía en el recinto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La evaluación económica reviste carácter provisional y su estimación es aproximada dadas las características del Monumento Nacional del Palacio Legislativo y varios de los componentes dañados”, señaló la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, en la presentación a la que accedió la agencia oficial Télam.
En el mismo escrito, la abogada señaló que “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.
En el informe, que había sido solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, se detalló además que otras áreas del Senado, linderas a aquella que ocupa la vicepresidenta Fernández de Kirchner, también fueron dañadas.
Entre los despachos dañados se encuentra también los de los senadores Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra, según informaron fuentes judiciales.
Entre los gastos eventuales que sí pudieron ser calculados están los de reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio (2 millones de pesos), retapizado e intervención en textiles (1,5 millones de pesos) y solados, carpintería y revestimientos de madera (2,7 millones de pesos); lo que en suma supera los 6 millones de pesos.
El cálculo fue realizado a pedido de la justicia, pero en el escrito Peñafort puso de relieve que el ataque al Congreso con elementos contundentes llegó a “afectar no solo el patrimonio legislativo sino la seguridad de quienes allí se encontraban, incluyéndose autoridades y representantes legislativos”. La Presidencia del Senado interviene en el expediente como querellante.
