Luego de incesantes idas y vueltas políticos y jurídicos en los últimos 3 años, el gobernador Rodolfo Suárez anunció este miércoles que cambiará el destino de los U$S 1.023 millones, que estaban previstos hasta ahora para la llamada “obra del siglo” Portezuelo del Viento. La decisión la tomó en base a la dilación y la no respuesta por parte del presidente, Alberto Fernández, sobre el pedido de pronto despacho por el laudo en el cual debe dictaminar respecto a la necesidad o no de realizar mayores estudios de impacto ambiental de la presa proyectada en el departamento de Malargüe.
En su lugar, usará parte de esos U$S 1.023 millones para levantar la represa El Baqueano, el llamado “Plan B”, tal cual adelantó Los Andes el 11 de abril. El proyecto está ubicado sobre el río Diamante en San Rafael y ya venía siendo estudiado por la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa). De hecho, sólo resta la declaración de Impacto Ambiental, por lo que se espera que a comienzos del 2023 esté todo listo para abrir una licitación.
La obra tiene un costo estimado en U$S 525 millones -la mitad que Portezuelo del Viento-, tendrá una potencia de 120 megavatios (generará 450 gigavatios al año) y tiene un plazo de ejecución de 5 años por lo que, si todo sale como lo planeado, entre 2028 y 2029 debería estar finalizado. Además, se empleará a 800 trabajadores de forma directa y a 1.500 de forma indirecta.
Nueva apuesta
La noticia la dio el Gobernador en conferencia de prensa en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Junto a él estuvo el vicegobernador, Mario Abed; y de la mesa participaron el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; el de Infraestructura, Mario Isgró; y el titular de Emesa, Pablo Magistocchi.
Suárez habló sobre un “plan de obras” para llevar adelante en los próximos 30 años, que arrancará con El Baqueano, y que también comprende a Portezuelo del Viento, proyecto del cual insistió en varias oportunidades que “no se abandonará”.
El mandatario hizo referencia a la cláusula cuarta del convenio firmado por el ex gobernador, Alfredo Cornejo; y el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en el cual Nación se comprometió a cancelar en cuotas la deuda de U$S 1.023 millones por los perjuicios derivados de la promoción industrial. Dicha cláusula establece que los fondos pagados por Nación “serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”. Por eso mismo se avanzará con El Baqueano.
“Esto que estamos anunciando es parte de un plan que hemos trabajado intensamente en el Gobierno. Tiene que ver con dos variables importantes para Mendoza: el agua y la energía. Tenemos premura en utilizar estos fondos”, comunicó Suárez.
La represa, por otro lado, estará ubicada en el tramo comprendido entre Agua del Toro y Los Reyunos, con una generación de energía abastecerá a aproximadamente 60.000 hogares.
Por otro lado, el mandatario destacó también los beneficios turísticos que traerá aparejado este proyecto en la zona al permitir “la apertura de la ruta turística del Cañón del Diamante, reforzando la conexión entre Malargüe y San Rafael como un paseo de características únicas y un atractivo incalculable”.
Evitar el reclamo pampeano
Un dato importante gira en torno al conflicto histórico que tiene Mendoza con La Pampa en términos hídricos. Al problema del río Grande por Portezuelo, cabe recordar el de las aguas del río Atuel, por lo que dentro del Gobierno analizaron la situación que podría generarse con el río Diamante en cuanto a la construcción de El Baqueano.
Sin embargo, según Suárez, “no puede haber ningún tipo de conflicto”, hipótesis que fue avalada por el gabinete presente. Indicó que “no hay un comité de cuenca” sobre el río Diamante, por lo que La Pampa “no tendría por qué cuestionarlo”.
También añadió que la provincia vecina, más allá de las decisiones que tome, “es importantísimo destacar que no hay cuenca, no hay un ‘Coirco’ sobre este río. Y además tiene aguas abajo un dique compensador, por lo cual no habría riesgo jurídico, más allá de los planteos que se puedan hacer”.
De hecho, Magistocchi agregó que “no se va a tocar el régimen del río Diamante que hoy lleva agua de El Tigre, Los Reyunos y Agua del Toro”. El funcionario explicó que El Tigre “es un dique compensador, lo que significa que los canales que eroga son definidos por Irrigación y que se utilizan para el consumo humano, industrial y agrícola. Eso no va a cambiar”.
Asimismo, el titular de Emesa agregó que que tampoco existen grandes interferencias para realizar el proyecto: “No hay que relocalizar rutas, no hay personas viviendo en el sitio, ni puesteros, ni pueblos. Tampoco hay que relocalizar rutas provinciales, ni líneas de alta tensión o gasoductos”.
Al margen, Suárez marcó que se dialogó la posibilidad de abandonar el Coirco, y que de hecho, “es una posibilidad”. No obstante, agregó que insistirá puertas adentro de esa institución porque “es un contrato y si salimos no quiere decir que no tengamos que cumplir”.
“Vamos a avanzar dentro del Coirco, pero si vemos que hay una intencionalidad política para que esto no se haga, saldremos”, explicó.
La Pampa entra en terreno judicial
No obstante, La Pampa, tal como se aguardaba, ha estado estudiando el tema de El Baqueano y analiza demandar ante la Justicia a Mendoza sobre este proyecto. Según declaraciones de la fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt, a diario La Arena, analizan El Baqueano “junto a los especialistas de la Universidad Nacional de La Plata para ver qué vía corresponde: si presentar un amparo, incluir esta cuestión en la causa por el comité de cuenca o iniciar directamente otra demanda judicial”.
De hecho, el año pasado La Pampa reactivó un trámite ante la Corte Suprema de Justicia para “conformar el comité de cuenca del río Desaguadero”, proceso iniciado en 2016 mediante un amparo que la Corte transformó después en un juicio ordinario.
Sigue Portezuelo ¿reformulado?
Por otro lado, Suárez dejó en claro que no se dejará de lado Portezuelo del Viento. “Vamos a seguir el proceso. Vamos a pedir de nuevo un pronto despacho; y luego si no hay novedades iremos a la vía judicial, con un amparo por mora. Es posible que nos pidan un estudio de Impacto Ambiental, que es lo mismo que nos digan que no, porque quien los tiene que aprobar es el Coirco. Es un cuento de nunca acabar”, acotó.
También dijo que si es necesario reformular la obra con una más chica, y avanzar con el trasvase, se seguirá trabajando “para no dejar de lado Portezuelo del Viento”. En este sentido, aquí toma trascendencia un proyecto inicial que presentó en su momento el gobernador Julio Cobos en 2006, que planteaba una represa más chica, y que evitaba no sólo la relocalización de Las Loicas; sino que tampoco se iba a tener que realizar una nueva traza de la ruta provincial 226, como se marca en el proyecto actual.
De hecho, el hoy Diputado Nacional remarcó que la obra podría bajar su presupuesto incluso a un número que rondaría los U$S 500 millones, por lo que en términos generales, se alcanzarían a realizar los dos con los U$S 1.023 millones.
Según resaltó Cobos, “se debe volver al proyecto original que es de 28 metros menor de altura, una presa más chica de materiales sueltos, que no requiere tantas obras complementarias y su impacto es claramente menor. Además, tiene una capacidad de 120MW, es decir que ambas pueden generar 240MW, idéntico al proyecto actual”.
“Estas son obras que generan recursos para la provincia y estos pueden destinarse a más obras, motorizando el empleo y el desarrollo regional”, acotó.
Recordemos que el proyecto grande consta de la central hidroeléctrica, valuada en U$S 606 millones, 250 kilómetros de línea eléctrica desde Portezuelo a Malargüe y luego hacia la Estación Transformadora Río Diamante (donde ingresa al sistema interconectado), con un valor de U$S 152 millones; la nueva traza de la ruta nacional 145 (que va al paso Pehuenche) que costaría U$S 142,7 millones; la ruta provincial 226 (al paso del Planchón Vergara), con una inversión de U$S 64 millones; y por último U$S 15,5 millones para la relocalización de las alrededor de 50 viviendas de Las Loicas.
