Los intentos de usurpación de terrenos registrados en los últimos días en Guaymallén, Las Heras y Luján dejaron en evidencia un problema creciente en el Gran Mendoza, por lo que los intendentes empiezan a advertir por esta situación de tensión social. Según las cifras del Ministerio Público Fiscal, en agosto se duplicaron las denuncias por intentos de tomas o “turbaciones” respecto a julio.
Desde las organizaciones sociales marcan que esas acciones “no han sido promovidas sino autoconvocadas” y ponen énfasis en la pandemia, el hacinamiento y la crisis económica como un combo que el Gobierno provincial “debe atender”.
Pero desde el oficialismo mendocino denuncian que hay “liviandad” o “permisividad” en las declaraciones y acciones del gobierno de Alberto Fernández, lo que podría favorecer -según analizan- nuevos intentos de tomas de tierras.
La turbulenta situación socioeconómica agravada por la pandemia condiciona -según las agrupaciones sociales- que ocurran este tipo de situaciones, apalancadas además en un déficit de viviendas histórico que en Mendoza supera las 70.000 casas. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en la provincia hay 50.000 familias que viven en 247 barrios populares, de las cuales el 91% no tiene agua potable y el 99%, cloacas. Además, sólo el 11% de quienes viven allí tiene empleo en blanco, mientras que el resto vive de changas, trabajo doméstico o albañilería.
Eliana Lucero, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, cercana a JuanGrabois), sostuvo a Los Andes que esa organización “no ha participado de los intentos de tomas” y que las acciones se dieron de forma “individual” u organizadas por las propias familias. “Nadie las ha promovido”, insistió, sosteniendo que la problemática actual “es muy grave” y que “no hay respuesta” del Ejecutivo provincial.
“La crisis está profundizada por la pandemia y a veces no queda otra que recurrir a un pedazo de tierra para tener un techo”, justificó.
Preocupación política
Lo cierto es que algunos intendentes radicales ven detrás de estas usurpaciones algún tipo de intencionalidad política, aunque otros prefieren hablar de “vivos” que mandan a las familias con niños para beneficio personal.
En diálogo con Los Andes, Marcelino Iglesias (Guaymallén) apuntó contra la getsión de Alberto Fernández al indicar que si bien en años anteriores ha habido intentos de tomas, ahora “son instigadas por un gobierno nacional kirchnerista que relativiza las ocupaciones, lo que es grave y es un problema para la sociedad”.
El intendente apuntó contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien días atrás sostuvo que “la presión y la conflictividad se traduce en tomas de tierras, pero ese no es un tema de seguridad”, aunque luego debió reconocer que las usurpaciones “son ilegales” y que “no son el modo de resolver los conflictos”.
Iglesias aseguró que hay “cobertura ideológica” del kirchnerismo. Y alertó: “Que quede claro que ni los gobiernos municipales ni el local vamos a permitir esto”.
En la misma línea se mostró Sebastián Bragagnolo, de Luján de Cuyo, quien consideró “una locura discutir en Argentina si tomar tierras estatales o privadas está bien o mal. ¿Cómo vamos a poner a discusión si hay que respetar o no la propiedad privada?”, se preguntó.
El jefe comunal del Pro destacó que está trabajando en relocalizar los asentamientos (ya se realizó el 40%) con construcción de viviendas, pero aseguró también que “detrás de cada toma hay necesidades, pero también intereses -también políticos- de tres o cuatro pícaros oportunistas”.
Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) señaló que “no se avala bajo ningún punto de vista la toma de terrenos” y aclaró que el gobierno nacional “debe actuar con mano firme, pero tampoco da soluciones estructurales. No hay política pública de vivienda. El sistema nacional federal está desfinanciado y la obra pública paralizada”.
Desde Las Heras, Daniel Orozco mostró “mucha preocupación” por los últimos casos ocurridos en su comuna y mandó un mensaje a la Justicia: “Tenemos que pensar en el marco jurídico; si tenemos reglas claras esto no tiene que ocurrir. Las reglas de juego tiene que estar definidas y los fiscales deben actuar de la misma manera”.
También dijo que son muchos los factores que llevan a estas situaciones: “El 40% de la población vive en límites de la pobreza, más un déficit habitacional muy importante”. Y puso en valor la construcción de casas que está realizando el municipio junto con empresas privadas. “Estamos ocupados en el tema y tenemos que dar una salida al problema”, aclaró.
Por el lado del peronismo, Matías Stevanato (Maipú) dejó en claro que “el municipio no aprueba, ni avala ningún tipo de usurpación de terrenos u ocupación ilegal que viole la normativa vigente”.
En tanto que Roberto Righi, de Lavalle, reconoció que en los últimos meses han ocurrido intento de tomas en su departamento, pero expresó que la salida “pasa por dar soluciones habitacionales a la gente, hay una necesidad ahí”. Y aseguró que salvo algunos programas municipales, “hace 5 años que no hay avances del Gobierno provincial en construcción de viviendas”.
