La noticia se trascendió en las últimas horas de 2020. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió la acordada 40/2020, en la que fijaba un incremento salarial a jueces y trabajadores de la Justicia Federal de 10%, retroactivo al 1 de noviembre. Ese aumento se sumaba a otro 10% establecido por el Máximo Tribunal argentino desde el 1 de octubre.
Esa sería una novedad que afecta sólo a magistrados y empleados de la justicia federal en la provincia, algo más de ochocientas personas entre las instalaciones de Ciudad de Mendoza y San Rafael, salvo por un detalle: desde 2008, todos los aumentos dispuestos en la Corte nacional se aplican a los jueces de la Justicia provincial.
El primero de los incrementos de 2020, el vigente desde octubre, nunca llegó a los bolsillos de los cerca de 500 magistrados locales (entre jueces, fiscales y defensores oficiales, más algunos funcionarios equiparados). El segundo, el que ofició de colofón del año 2020, no se sabe.
Los Andes intentó contactar al presidente de la Suprema Corte mendocina Dalmiro Garay, pero no hubo respuesta.
El mecanismo habitual es que la el Máximo tribunal del país otorgue el incremento a jueces y empleados de la Justicia Federal por acordada y luego la Corte local hace el pedido al Gobierno provincial para que instrumente el mismo porcentaje de incrementos a los salarios de magistrados de la Justicia mendocina.
Este mecanismo se convalidó en el acuerdo que firmó Celso Jaque con la Asociación de Magistrados en 2008. Ese convenio cerró la pelea del Ejecutivo con los jueces que se desató durante el gobierno de Julio Cobos y ahora obliga a la Provincia a aceptar el incremento sin objeciones.
Por ese acuerdo los magistrados mendocinos quedaron enganchados a sus pares de la Justicia Federal. No cobran lo mismo, pero si los mismos aumentos, que también alcanzan a unos 50 funcionarios judiciales equiparados a magistrados. Por ley, en junio pasado, 26 funcionarios que gozaban de los mismos beneficios que un juez perdieron su estatus y 21 de ellos iniciaron una causa penal para recuperar sus prerrogativas.
Los empleados judiciales de la provincia no están enganchados a los salarios de los magistrados, como si lo están los trabajadores de la Justicia Federal. Así el impacto del aumentos a jueces en las cuentas provinciales es menor.
También gozarían del aumento el Fiscal de Estado, el Asesor de Gobierno y los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El argumento para que nadie pueda objetar los incrementos de los magistrados nace del artículo 110 de la Constitución: “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Eso es lo que se conoce como “intangibilidad”. Es un derecho para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que los otros poderes puedan condicionar a los jueces en su tarea. Esa intangibilidad también se aplica a los magistrados mendocinos.
Sin embargo en octubre de 2020, en Mendoza, el incremento nacional no pasó automáticamente a los bolsillos de los magistrados locales. Según fuentes de la Justicia provincial, se prefirió no generar tensiones con los empleados, que no recibieron ningún incremento salarial durante el año pasado.
La pregunta es si este nuevo incremento también será postergado. En diciembre la mayoría de los gremios estatales cerraron paritarias para 2021 y desde enero empezarán a recibir un bono no remunerativo de 4.000 pesos. Justamente los empleados judiciales no aceptaron la propuesta del Gobierno provincial y están preparando medidas de fuerza junto al SUTE y a Unión Personal de Juegos y Casinos (UPCJ).
