Con fuertes críticas de la oposición, el Frente de Todos avanza a paso firme con la ley de gestión integral de envases, que busca que los productores se hagan financieramente responsables de los residuos que generan con el fin de contribuir al medioambiente y formalizar el trabajo de recicladores urbanos.
El proyecto fue tratado primero en la Comisión de Recursos Naturales y este miércoles pasó por Presupuesto y Hacienda, donde recibió las firmas de 27 de los 49 integrantes. De esa forma, quedó listo para ser tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, con apoyo del Gobierno y de una red nacional de alrededor de 150.000 cartoneros.
La iniciativa apunta a minimizar el impacto ambiental que los envases tienen durante su ciclo de vida. Según cifras expuestas en el debate, en Argentina se producen 50.000 toneladas de residuos a diario, de las cuales el 20% son desechos sólidos urbanos generados por el consumo de envases, y solo el 9% termina en circuitos de reciclaje. Además, existen en nuestro país 5.000 basurales a cielo abierto.
El proyecto crea una tasa de hasta el 3% del precio mayorista, que se aplicará sobre aquellos productores o importadores de envases que no tengan aprobado un sistema de gestión. “De lo contrario, no hay forma de financiar los sistemas de gestión municipal”, advirtió Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente, al defender el proyecto.
Pero Juntos por el Cambio advirtió que la ley es un “impuestazo encubierto” porque el sobrecosto se terminaría trasladando al precio final del producto. El interbloque opositor firmó un dictamen alternativo que, en lugar de gravar a empresas, establece incentivos estatales para la reutilización de envases.
“Esta ley es un ‘impuestazo’ encubierto que en este momento de la Argentina es francamente inabordable. Estamos sumando una carga adicional que obviamente recaerá sobre los pobres consumidores. Estamos legislando aislados de la realidad”, advirtió Luciano Laspina (PRO), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El legislador observó que se trata de un impuesto y no de una tasa porque “se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación en servicio”. Además, señaló que solo cuatro países en el mundo (Ecuador, Hungría, Rusia y Sudáfrica) aplican esa tasa, mientras que el resto posee sistemas de gestión público-privada donde “las empresas se involucran con responsabilidad extendida y además tienen incentivos”.
“En lugar de estatizar la gestión de los residuos, el Congreso podría plantearse un objetivo menos ambicioso y menos oneroso: una ley de presupuestos mínimos ambientales donde las ciudades mayores a 100.000 o 500.000 habitantes promuevan un sistema de separación de residuos en origen, como el que tiene la Ciudad de Buenos Aires”, propuso Laspina.
El radical Luis Pastori se expresó en el mismo sentido. “Estamos totalmente en contra de seguir generando nuevos tributos”, ratificó, y aclaró que “es un tributo porque es obligatorio y es fiscalizado por la AFIP”. También se preguntó con qué criterio se definió que el gravamen sea del 3%, y pidió “no castigar de la misma manera a pymes y pequeños productores”.
Desde el oficialismo, Itai Hagman explicó que el proyecto tiene “un doble objetivo: desincentivar el uso de envases, sobre todo los más contaminantes; y generar puestos de trabajo o formalizar los ya existentes, potenciando el trabajo de los recicladores urbanos”.
Asimismo, marcó como contradicción que “hoy en Argentina importamos basura reciclada de otros países como insumo para la producción, al mismo tiempo que acumulamos en basurales a cielo abierto los desechos que producimos”. Por eso, agregó que la ley “permitirá sustituir importaciones”.
También desde el Frente de Todos, el cordobés Eduardo Fernández aclaró que “las empresas han venido trasladando el costo de los envases a los consumidores, y ha sido el Estado el que se ha tenido que encargar de recolectar y sanear el ambiente”, por lo que ahora se propone “un sistema mixto” y no meramente estatal.
En el debate también participó Jaqueline Flores, secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). “Que hayamos llegado a este recinto tiene que ver con muchos años de lucha. Que haya llegado la ley de envases con inclusión social nos hace pensar que esa esperanza que construimos hace muchos años tenía razón de ser”, celebró.
Y agregó: “Con esta ley dignificamos nuestro trabajo. Permítannos que esta ley sea una realidad porque nos van a cambiar la vida. Necesitamos al Estado como garante de derechos. Queremos que haya en la Argentina sistemas de reciclado con inclusión social. El colapso ambiental no lo puede seguir pagando mi sector”.
