Tras el informe del FBI sobre el avión venezolano-iraní que aterrizó en Argentina hace unos días, el juez federal Federico Villena le dio intervención a la fiscal para delimitar la acusación contra el piloto iraní y el resto de los tripulantes.
Ocurre que Villena recibió el dossier de la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en el que se señala el supuesto vínculo de Gholamreza Ghasemi, el piloto de la aeronave, con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah.
Dicho informe constituye un elemento que permite a los investigadores afinar distintas hipótesis pero no los habilita aún a definir ninguna imputación puntual.
Fuentes cercanas al caso informaron a Télam que este elemento permite avanzar sobre la hipótesis de que uno o varios de los tripulantes del avión podrían haber llegado a la Argentina con objetivos distintos al transporte de autopartes que declararon ante los organismos de control.
“Estábamos trabajando sobre varias hipótesis. Ahora el informe (del FBI) permite delimitar una hipótesis delictiva concreta”, explicó una fuente judicial a Infobae. Entre esas hipótesis se evaluaba que el avión de Emtrasur fuera parte de una operación de inteligencia o incluso de terrorismo.
El titular de la AFI, Agustín Rossi, dijo en televisión que los cinco iraníes estaban “entrenando” a los venezolanos en el manejo del avión que pertenecía a Mahan Air. Horas más tarde, un abogado argentino que representa a la tripulación presentó un escrito en el juzgado federal de Lomas de Zamora que concuerda con esa teoría.
“Si Mahan Air está arrendando la aeronave a Emtrasur, la aeronave aún se consideraría propiedad bloqueada de Mahan Air. Además, las personas que proveen bienes o servicios a la aeronave podrían estar expuestas a sanciones sobre la base de que estarían proporcionando bienes o servicios a Mahan Air”, explicó la agencia norteamericana.
Luego de analizar el contenido del informe, el juez Villena le corrió vista a la fiscal Cecilia Incardona “para delimitar el objeto procesal”. Además, le dio intervención a la DAIA, que se presentó el lunes pasado ante la Justicia y fue aceptada como querellante.
El avión llegó a la Argentina con el motivo formal de traer autopartes, información que fue constatada por las agencias encargadas de ejercer los controles respectivos.
La tripulación del vuelo de Emtrasur tenía previsto continuar su viaje el martes de la semana pasada, pero eso no fue posible porque las empresas con capacidad para venderle combustible se negaron a hacerlo producto de las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la aeronave.
