El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron denunciados por encubrimiento en el caso del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Ezeiza.
Los denunciantes fueron los diputados de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy y Gerardo MIlman, quienes aseguraron que “ante estos sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque la paz y la seguridad de la región y de nuestro país”, los dos funcionarios nacionales “han intentado desde un primer momento no sólo ocultar las verdadera dimensión de esta misión en nuestro país, sino que han ensayado excusas con relación a la tripulación del avión con clara intención de encubrir este desembarco”.
Los legisladores opositores consideraron que se trata de “un avión al servicio de organizaciones terroristas y la identidad de un miembro vinculado directamente con las Fuerzas Quds”, en referencia al piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, que según informe del FBI, pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
“El comandante del avión Gholamreza Ghasemi, pertenece sin lugar a duda a la organización terrorista Quds que se desempeña al servicio de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuerpo que participa en actividades terroristas en todo el mundo”, indican en la denuncia.
En el documento presentado en la Justicia los diputados recuerdan que Fernández dijo que el nombre del piloto se trataba de un homónimo de un integrante de las fuerzas Quds y que Rossi dijo que los iraníes estaban arriba del avión para entrenar a los venezolanos sobre cómo pilotear un avión de esa envergadura.
“La acusación también involucra a miembros de la organización terrorista de Hezbollah por ser los ejecutores, organización que hoy opera en la Triple Frontera y que se encuentra íntimamente vinculada a las Fuerzas Quds”, resalta la denuncia.
“Tanto los iraníes responsables del atentado terrorista a la sede de la AMIA (insistimos altos miembros del Gobierno Iraní) así como Hezbollah han sido designados como terroristas por Argentina e inscritos en el Registro Público de Entidades y Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (ver RePET - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) lo que impone actuar que inmediatez y severidad”, sostuvieron.
Los legisladores de la oposición consideraron que “nuestros funcionarios, no sólo han observado en público un comportamiento tendiente a ocultar toda la operación que tiene vínculos con organizaciones terroristas globales, sino a uno de los miembros de la organización”.
En sentido, remarcaron que “no podemos descartar que hayan desoído toda la información de inteligencia que los ponía al tanto de esta situación y que han admitido con plena consciencia el ingreso y la salida del avión (incluso hay versiones sobre esfuerzos de integrantes de PSA para que las empresas carguen combustible al avión cuando se lo negaron) para que el mismo pueda abandonar nuestro país sin dejar mayores rastros de la misión”.
“El deambular del avión y su tripulación, sin controles extremos y exhaustivos, incrementan los riesgos y dificultan la investigación”, sentenciaron.
“Debemos hacer notar que la dificultad probatoria será un desafío, pues debe tenerse en cuenta la posible complicidad a la hora de aportar información de la jurisdicción desde donde se originó el vuelo”, destacaron los integrantes de la oposición.
En ese sentido, remarcaron que “su procedencia desde Caracas, Venezuela, no contribuirán a poner demasiada luz al asunto pues el gobierno de Maduro brinda apoyo de todo tipo al Gobierno de Irán (más allá de la máscara aportada a Mahan Air por EMTRASUR) con proyectos vinculados a operaciones de inteligencia, armas, drones, narcotráfico y terrorismo por lo que lo que la información y controles no resultan confiables”.
