Tras varias horas de retraso y un cuarto intermedio más largo de lo esperado, la Legislatura porteña finalmente dio inicio al debate sobre las modificaciones al Código Urbanístico. La controversia había estallado en las redes sociales cuando se dio a conocer la propuesta de incluir el regreso obligatorio de las viviendas de los encargados a los edificios de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, este artículo, impulsado por el peronismo, fue eliminado, y la sesión comenzó alrededor de las 6 de la tarde, con 18 legisladores registrados para hablar. Todo parecía indicar que el oficialismo contaba con los votos necesarios para aprobar el proyecto en su primera lectura.
La discusión generó una controversia que oscila entre la realidad y lo que algunos describen como una “nube de humo”. En el Código actual, aprobado en 2018, se ha derogado la obligación de construir viviendas para los encargados, sin importar la altura, dimensiones o número de departamentos. Así, la decisión de construir o no recae en los desarrolladores.
Sin embargo, en el artículo que “apareció” este jueves por la mañana, incluido en lo que se conoce como “texto a considerar”, se restablecía la obligatoriedad de crear una vivienda para encargados en edificios de más de 25 departamentos. Esto se aplica a inmuebles que tengan, aproximadamente, de 5 a 6 pisos, dependiendo de la cantidad de unidades por planta.
Este artículo fue denominado “ley Francella”, en referencia al personaje del actor en la serie “El encargado”, que trata sobre el intento de un consorcio de eliminar la casa de Eliseo Basurto (Francella) para construir una piscina.
La discusión sobre el “ajuste” del Código Urbanístico es fundamental para la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires, ya que este conjunto de normas regula el uso y la construcción del suelo. Sin embargo, este debate se ha visto envuelto en una controversia que puede desviar la atención de los verdaderos puntos esenciales.
El proyecto del Ejecutivo, que revisa el Código aprobado en 2018, se basa en tres ejes clave. Primero, busca restringir la altura de construcciones en barrios de casas bajas, donde la versión actual de la norma permitió la edificación de edificios. Además, prioriza los pulmones de manzana, estableciendo un límite a la superficie construible. Por último, propone un esquema de compensación para desarrollos entre el norte y el sur, otorgando metros en avenidas de áreas inmobiliariamente atractivas a quienes construyan la misma cantidad de superficie en el sur.
La iniciativa llegó al recinto con varios temas pendientes de discusión. Al ser una ley de doble lectura, que requiere audiencias públicas y un nuevo paso por el recinto, el viernes se logró un dictamen para aprobar el proyecto en términos generales y continuar debatiendo modificaciones hasta la segunda lectura, prevista para diciembre.
Según informó Clarín, esta polémica hizo que el oficialismo no contara con los votos necesarios para su aprobación en primera lectura. Por ello, se convocó a un cuarto intermedio hasta las 16, que se extendió hasta minutos antes de las 18.
Fue una tarde de negociaciones, y al final, tras la eliminación del artículo controvertido, se obtuvieron los 31 votos requeridos para aprobar la ley. Estos fueron aportados por los legisladores de la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Pública, así como los liberales y libertarios cercanos a Ramiro Marra.
Por otro lado, los peronistas, la izquierda y los diputados de La Libertad Avanza, que responde a Pilar Ramírez, se manifestaron en contra. También votarán en contra los tres legisladores del PRO del espacio de Patricia Bullrich: Juan Pablo Arenaza, Carolina Estebarena y Silvia Imas.
