Walter Bento recibió esta semana un durísimo revés, al haber sido destituido por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por 6 votos a favor de la remoción y uno en contra. La noticia tuvo su “summum” de impacto en términos políticos y judiciales, cuando el hoy exjuez federal con competencia electoral y que supo ser uno de los más poderosos en Mendoza desde el 2005 a la fecha, fue detenido y esposado por las fuerzas federales por orden del Tribunal Oral Federal II (TOF II).
El gran interrogante ahora, tanto para la fiscalía como también para la defensa, es conocer si impactará y cuánto en la causa penal en la que Bento está imputado por delitos por los que arriesga penas de hasta 50 años de prisión.
Si bien algunos actores principales de este caso advertían semanas atrás una resolución negativa por parte del Jury de Enjuiciamiento contra Bento, la lectura de la sentencia y la posterior detención generó revuelo en los pasillos de Tribunales Federales, que serán la sede el próximo martes de una nueva audiencia por la causa penal.
Por primera vez, Bento no llegará caminando libre, sino que ingresará escoltado por efectivos, quienes lo llevarán desde el Complejo Penitenciario Federal VI (cárcel federal de Cacheuta), donde quedó alojado desde el miércoles.
Testigos clave en el caso Bento
Lo cierto es que se viene una semana muy importante en las audiencias del juicio penal, que cambiarán de fechas esta semana, ya que el TOF II resolvió que las mismas -sólo para estos casos- serán este martes y miércoles; y luego continurán el jueves 23.
No obstante, habrá testigos muy importantes para la fiscalía, sobre todo porque está prevista la declaración de Diego Barrera, recientemente condenado a prisión perpetua por el crimen de Diego Aliaga, sindicado por la fiscalía como la “mano derecha” de Bento, y que funcionaba como nexo entre el entonces juez federal y el resto de la “banda”, entre abogados, narcofinancistas y polícías, en los que supuestamente se intercambiaban beneficios judiciales a investigados por delitos de contrabando y narcotráfico a cambio de coimas millonarias.
También se espera la declaración de Gonzalo Ramírez Madrid, trabajador de AFIP barilochense que fue el primero en denunciar a Bento a fines del 2018. En 2014 quedó detenido e imputado por Bento por unos 9 meses en una causa por contrabando de cigarrillos; y según su testimonio, Aliaga le pidió U$S 200.000 más una casa y su auto para su excarcelación.
La declaración de Ramírez Madrid fue una de las piezas importantes para la fiscalía para reunir pruebas contra Bento. En tanto, el exmagistrado apuntó, en una de sus declaraciones en la causa en el Consejo de la Magistratura, contra el fiscal Dante Vega, a quien acusó de “beneficiar” a Ramírez Madrid con su pedido de excarcelación por haber sido “partícipe secundario”.
Además estará el turno de Juan Carlos Iñiguez, procesado también por Bento por la misma causa y quien también habló de “pedidos de coima” de Aliaga a Ramírez Madrid. De hecho, ratificó la veracidad de los hechos en su declaración ante la Justicia, ya que estaba en el mismo pabellón que él cuando lo llamaba supuestamente Aliaga.
Para el abogado defensor de Bento, Mariano Fragueiro Frías, se viene una semana “importante” porque “la Fiscalía ha preparado sus testigos ‘estrella’ para cuando Bento estuviera preso. Vienen todos a declarar y lo van a exhibir esposado ante los medios de comunicación”, cuestionó.
Pero más allá del impacto mediático que ha tenido y seguramente seguirá este martes, Fragueiro Frías dijo que “no debería cambiar nada en la causa penal”. “En lo que es la prueba y lo que se ventila en un juicio oral no debería haber diferencias. Sólo en en las condiciones en las que llega a Tribunales; antes en libertad y ahora preso”, sostuvo a Los Andes.
En tanto, la fiscalía negó que haya sido todo “orquestado”, ya que aseguraron que es el Tribunal quien va dando las listas de quiénes declaran, a partir de las sugerencias de la fiscalía y la defensa.
¿Cambios en los imputados?
No obstante, hay quienes tienen interrogantes sobre qué pasará ahora con los imputados y si se “animarán a declarar”, ya que desde la fiscalía aseguran que la mayoría se ha “ceñido a una misma guía” manejada, según ellos, por el propio Bento.
“Han estado en silencio, sobre todo (Walter) Bardinella, (José Gabriel) Moschetti, (Antonio) Ríos, (Matías) Aramayo y el resto de los sobornadores. No declaran ni contestan preguntas. Todo se maneja según el clan de comando Bento-Alba-Ortego en conjunción. Advertimos una estrategia común que quizás, ya con Bento destituido y sin el poder que tiene de un juez, se puede terminar”, especularon.
También agregaron que por el momento, “sólo (Luis Francisco) Álvarez y Bento contestaron preguntas. Pero el juicio no es como la instrucción, porque si declarás algo trascendente y luego no contestás preguntas, queda tu declaración ‘manca’”.
A la espera de una nueva declaración de Bento
Por otro lado, en la fiscalía advierten que la estrategia de la defensa de Walter Bento ha sido “menos agresiva” y que podría cambiar ahora con la remoción. “Todo es conjetural, a partir del martes veremos cómo sigue”.
Lo cierto es que se espera una nueva declaración de Bento, sobre la cual hay mucha expectativa, teniendo en cuenta esta misma situación, ya que cuando lo hizo por primera vez, “participaba” en paralelo del jury en el Consejo de la Magistratura.
“Hemos pedido una ampliación de la declaración. Estamos esperando que el Tribunal decida”, acotó Fragueiro Frías al respecto.
Cómo está Bento y las acciones de la defensa
Por otro lado, señaló a este medio que el exmagistrado “está entero” y que lo ha sentido “muy bien y fuerte” desde que quedó detenido en la cárcel de Cacheuta.
En este sentido, sostuvo que la idea de la sentencia en contra ya la venían sintiendo desde hacía algunos días, y que por ese motivo fue que decidieron también que Bento fuera directamente a Tribunales Federales, ya que quería dar un mensaje “de que está a disposición de la Justicia”; y porque además no quería salir esposado desde su vivienda.
No obstante, criticó al TOF II por la decisión de detenerlo apenas fue destituido, al sostener que “hubo una interpretación deficiente por parte del Tribunal sobre la Constitución. No hay un tribunal de alzada de la decisión del Jury, por lo que no se recurre a una alzada, pero sí se afectaron las garantías constitucionales”, consideró.
También mencionó que fueron “muy bien descriptas las afectaciones a Bento”, en parte por el voto por la negativa del miembro del Jury, el magistrado Javier De La Fuente; cuyos fundamentos utilizarán para la presentación -estiman que será esta semana- del recurso extraordinario federal al propio Jurado de Enjuiciamiento.
Fragueiro Frías insistió en que su defendido “nos apoya para que no nos apuremos en nada. Va a demostrar todo y resistir cualquier embate desde donde tenga que seguir el juicio”. Se cree, de hecho, que será bastante tiempo en el cual Bento deba estar con prisión preventiva en Cacheuta, siempre y cuando no avancen las medidas que está preparando la defensa.
En caso que no avance el Recurso Extraordinario Federal en el Jurado de Enjuiciamiento, que estiman lo presentarán esta semana que viene, irán directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un Recurso de Queja.
No obstante, volvió a mencionar que no pedirán una prisión domiciliaria. “Las medidas alternativas y coercitivas las conocen en el Tribunal. Saben que fue un juez que se sometió siempre a derecho, que tiene un hijo discapacitado. Hay un código que dice de cómo se debe proceder y las medidas alternativas”.
“Lo mandaron a Cacheuta porque no quieren que esté en la casa. Saben que no hay peligro de fuga, de obstrucción de justicia, absolutamente nada”, agregó, y disparó: “Cualquier otro tribunal federal hubiese esperado al recurso extraordinario. Fue una mala interpretación de la ley para detenerlo”.
Impacto en Tribunales
Por otro lado, referentes de Tribunales Federales manifestaron a Los Andes que sin dudas hay un “impacto” en el establecimiento a causa de la destitución del juez federal, sobre todo porque es la primera vez que se dio una detención inmediatamente después de la remoción. “Algunos ya estaban a punto de caer presos y otros no tenían causas penales abiertas”, recordaron.
En mayo del 2002, el exjuez federal Luis Leiva, fue destituido de su cargo como juez federal por mal desempeño en sus funciones (por no apartarse de la investigación de un presunto complot organizado en contra del propio juez por la investigación que llevaba adelante en el marco de las quiebras de los bancos República y Mendoza) pero no tenía una investigación penal en su contra.
En el caso del excamarista Otilio Romano, fue destituido en 2011 pero se encontraba refugiado en Chile (fue detenido por la Interpol en 2012 y lo extraditaron en agosto de 2013). En tanto, otro camarista de Mendoza, Luis Miret, también fue removido en 2011, pero ya se encontraba jubilado. Ambos fueron condenados por delitos de lesa humanidad en julio del 2017.
Al margen de estas apreciaciones, sostuvieron que más que esta destitución de Bento, lo que impactó más fuerte en Tribunales fue su suspensión, porque fue desde ahí que dejó de asistir personalmente a hacer uso de sus funciones como juez.
“Sin dudas el gran ‘click’ fue la suspensión, ahí hubo un cambio de ánimo y espíritu. Se descomprimió todo. Esto tiene su impacto, pero sobre todo institucionalmente. Es una situación extraña y dolorosa para la Justicia Federal, porque si bien se vio que los organismos de control que tienen los jueces funcionan, no deja de ser triste porque ningún juez debería llegar a esta situación, si hiciera bien su trabajo”, finalizaron.
