El exjuez federal Walter Bento utilizó a su favor un conflicto amoroso que salió a la luz hace unas semanas, por una denuncia radicada por su esposa Marta Boiza contra la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero en Comodoro Py.
En el megajuicio que enfrenta como imputado por liderar una presunta asociación ilícita, el exmagistrado amplió su declaración indagatoria y aseguró que se negó entregar su celular a la Justicia para “preservar la integridad y la privacidad” suya, de su familia y de “terceros”.
Es que su esposa presentó recientemente una denuncia contra la jueza Díaz Cordero por no haberse apartado del proceso que concluyó en la destitución de Bento en el Consejo de la Magistratura. Boiza lo hizo después de descubrir supuestas cartas que daban cuenta de al menos una “amistad íntima” entre ellos, en otras palabras, una relación extramatrimonial.
Boiza explicó que tras la detención de su marido, encontró varias cartas y notas que “serían de autoría de la jueza e integrante del Consejo de la Magistratura, Doctora Agustina Díaz Cordero, de su puño y letra, quien firmó la acusación en el Consejo en contra de mi marido, sin excusarse”.
“De la misma manera que se lo acusa injustamente al Dr. Walter Bento de no excusarse en un caso -donde no hay y, menos se probó, una relación de amistad con el imputado-, que la Jueza y Consejera Agustina Díaz Cordero haya intervenido activamente en el proceso que se sustanció ante el Consejo de la Magistratura cuando, a la luz de las cartas que encontré, tenía -cuanto menos y en el mejor de los casos- una amistad con mi marido, resulta un hecho lisa y llanamente delictual”, dice la denuncia que presentó la mujer en Tribunales Federales de Comodoro Py, vía mail.
El exjuez, incómodo por la situación, dijo al comenzar su exposición ante el Tribunal Oral Federal N° 2: “Siempre hice alusión a mi teléfono celular y me referí a que había una especie de tabú. Expliqué en cada una de las ocasiones junto al abogado que me representaba, la decisión que adopté en ese momento y que era preservar la integridad y la privacidad mía, de mi familia e incluso de terceras personas”.
“Porque teníamos la seguridad de que el contenido de mi celular, como todo lo que sucede en esta causa, se filtraría a la prensa. Es decir, mi esfera privada se filtraría a la prensa”, apuntó el exjuez.
Y dijo: “Los hechos recientes, me refiero a las publicaciones en medios nacionales y locales, evidentemente lo único que hacen es corroborar los temores y los motivos que me llevaron a ese momento a tomar la decisión que considero era la adecuada”.
“Explico esto porque de ninguna manera, nada de lo que había en mi teléfono propio, me involucraba en ninguna situación de esta causa o ninguna situación penal. Todo lo contrario, en todo caso podía involucrar alguna situación personal, que estaba ajena a la autoridad del Juzgado de Instrucción y como en este caso, fuera de la órbita de análisis por parte del Tribunal”, completó sobre este episodio.
A Bento no solo se lo juzga como presunto líder de una asociación ilícita, que operó en 15 cohechos, sino también por abuso de autoridad y desobediencia judicial. En este último punto radican sus escabrosas maniobras para evitar que la Justicia acceda a las conversaciones de su teléfono.
Ante la negativa del exjuez para entregar su teléfono, la Justicia apeló a la duplicación de su chip, lo cual en definitiva entorpeció acceder al contenido de las charlas, porque Bento respondió de la misma forma ante su compañía telefónica.
El procedimiento resultaba clave para los investigadores, ya que habían recabado en el SIM Card de Diego Aliaga, que hubo 265 contactos mediante la aplicación Telegram con el exjuez, entre los años 2018 y 2019.
El exdespachante de aduanas asesinado en 2020 está sindicado como su mano derecha en la banda. Los fiscales entienden que Aliaga conectaba al juez con sus “clientes” y que las comunicaciones entre ambos se intensificaban cuando se estaba por concretar una maniobra de cohecho.
Abogados arrepentidos denuncian violencia institucional
Los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos se encuentran imputados como miembros secundarios de la presunta asociación ilícita que lideraba Bento y se mantienen en libertad tras haber prestado acuerdo con la Fiscalía como colaboradores en la causa. Es decir, figuran como “arrepentidos”.
Pablo Cazabán, el abogado defensor de ambos, informó ante el tribunal que acudieron a la Procuración General de la Nación a cargo de Eduardo Casal para plantearle “una serie de hechos que a nuestro juicio puede calificarse como delitos, cometidos en el marco de los acuerdos de arrepentidos”.
Como respuesta, Casal les recomendó que expusieran la situación en el debate oral y también que radicaran una denuncia. Ambas sugerencias fueron adoptadas por la defensa pero según contó Cazabán, evitaron presentar la denuncia en la región Cuyo, “toda vez que las personas señaladas son parte del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción”.
Si bien el abogado no lo expresó explícitamente en el juicio, en declaraciones con la prensa tras la reunión, dijo que tanto a Ríos como Aramayo, “la fiscalía los presionaba para que declararan en un sentido que favorecía a su hipótesis de trabajo”. Por lo tanto, radicaron una denuncia por violencia institucional ante la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional).
“Con posterioridad voy a solicitar que se puedan incorporar elementos para que el tribunal tome conocimiento, porque tiene un grado de incidencia en el proceso”, les dijo a las juezas. Esto podría marcar un giro en el debate.
