Detrás de las acusaciones cruzadas por el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales, hay una preocupación creciente en la oposición por una nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Es que la iniciativa autoriza al presidente a retocar alícuotas para bienes en el exterior, y también a subir el mínimo no imponible de Ganancias.
El proyecto recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, después de la ajustada aprobación en la Cámara de Diputados, y será tratado en el recinto el próximo 29 de diciembre. Juntos por el Cambio insistió con el texto votado originalmente y presentó un dictamen de minoría.
Fue Martín Lousteau, de la UCR-Evolución, quien argumentó en contra de la delegación de facultades en dos artículos del proyecto. Uno es el cuatro, que habilita al Ejecutivo a disminuir las alícuotas para aquellos activos financieros situados en el exterior que sean repatriados.
Como el artículo indica que la delegación será “durante la vigencia del gravamen”, Lousteau interpretó que será “permanente” y se preguntó: “¿Qué pasa si el día de mañana viene otro gobierno y le cobra ‘cero’ a los que traigan sus bienes? ¿Si les cobra menos de lo que les hubiera cobrado acá originalmente?”.
“No queremos que esté a discreción del Ejecutivo bajar impuestos cuando los impuestos suben porque la inflación es más alta. Si queremos construir una estructura tributaria más eficiente y progresiva, tenemos que dar previsibilidad y confiabilidad en el tiempo”, opinó el radical.
La oficialista Juliana Di Tullio le aclaró que “el artículo no dice que la facultad estará delegada permanentemente, sino que no tiene tiempo, que no es lo mismo que la permanencia infinita”. Y chicaneó: “De paso nos pueden ayudar a elegir las mejores herramientas para que esos fondos que son ilegales, y que además nos arruinan la vida, sean exteriorizados”.
El otro artículo polémico -agregado en Diputados a último momento a propuesta de su titular, Sergio Massa- autorizó al Ejecutivo a actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Esa facultad vence a fin de año y por eso se busca extenderla, en este caso, durante el año fiscal 2022.
“No he visto una delegación tan grande en materia tributaria por la pandemia”, cuestionó Lousteau. Consideró que con Ganancias deberían hacer lo mismo que lo que ahora se pretende con Bienes Personales: establecer un mecanismo de actualización anual y automática por inflación, para que la decisión no quede en manos del Ejecutivo.
Delegación legislativa
Con la reforma constitucional de 1994, se prohibió en el artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
El debate sobre las facultades delegadas afloró con fuerza desde la asunción de Alberto Fernández. De hecho, la primera ley sancionada durante su gestión declaró la emergencia en nueve áreas y, en ese marco, hizo amplias concesiones al presidente. Fue en el mes de diciembre de 2019, cuando todavía no se había declarado la pandemia.
Meses después, el Gobierno intentó que el Congreso sancionara una ley de parámetros epidemiológicos, con nuevas facultades delegadas para gestionar la emergencia sanitaria. La iniciativa se aprobó en el Senado, donde el oficialismo tenía mayoría propia, pero no pasó el filtro de Diputados por el fuerte rechazo opositor.
Listo para la votación
El proyecto de Bienes Personales quedó listo para ser tratado la semana próxima en el recinto, en la primera sesión con la nueva conformación parlamentaria. El Frente de Todos, que tiene 35 integrantes, está a dos senadores del quórum, que conseguiría con los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
En la Comisión de Presupuesto, Weretilneck adelantó su apoyo. “Es un proyecto importante, que resuelve una situación injusta y absurda: solo por la inflación, si esto no se tocaba, todos los contribuyentes iban a estar en la máxima escala”, dijo.
El riojano Ricardo Guerra -que fue designado presidente de la comisión en reemplazo de Carlos Caserio- destacó que la norma modificada en Diputados “beneficia a alrededor de 500.000 personas” al aumentar los pisos para el pago de Bienes Personales. Ese beneficio se solventará con alícuotas más altas para los patrimonios mayores a 100 millones de pesos, pertenecientes a unos 16.000 contribuyentes.
“Es una ley que establece un beneficio para las franjas más bajas de lo que sería la estructura económica argentina y, a la vez, prevé una actualización anual de las alícuotas por el Índice de Precios al Consumidor, para evitar la necesidad de sancionar una ley cada año”, explicó el senador del Frente de Todos.
Por el mismo bloque, la mendocina Anabel Fernández Sagasti destacó que la iniciativa fue “enriquecida” en Diputados pero a su vez “resguarda el espíritu” de la media sanción del Senado, porque se mantiene el piso de 6 millones de pesos, y de 30 millones para los inmuebles destinados a casa-habitación.
