Dos de los tres jueces a los que el Gobierno y el Senado les anularon los traslados que había autorizado Mauricio Macri en 2018 consideraron este jueves que son “ilegales” los decretos dictados por el presidente Alberto Fernández para determinar la marcha atrás de sus movimientos y le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les otorgue licencia hasta pronunciarse.
La gestión de Fernández había publicado este jueves a la mañana tres decretos con los que dio curso a la anulación del traslado de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli por considerar que las misma habían sido irregulares, tal como lo había señalado el Consejo de la Magistratura.
Con impulso del oficialismo, la Magistratura había determinado que los traslados autorizados por Macri no habían completado el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional ni se ajustaban a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas números 4/18 y 7/18.
Ante ello, Fernández había pedido anular los tres traspasos, lo que fue convalidado por el Senado el miércoles por 41 votos afirmativos, sin votos negativos y sin abstenciones. Unanimidad, pero sin Juntos por el Cambio (JPC) ni el interbloque Parlamentario Federal, que juntos suman a los 29 senadores de la oposición.
Este jueves, la secretaría de Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra publicó el Suplemento del Boletín Oficial con tres decretos del Presidente.
Allí, se ordenó que dejar sin efecto el decreto 278/2018 con el que Macri autorizó que Bruglia pase a la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Y el 902/2018 con el que se autorizó que Castelli llegue al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal.
En tercer lugar, dejó sin efecto los Decretos N° 438/2010 y N° 835/2018 que dispusieron los traslados del Juez de Cámara Pablo Daniel Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de la Capital Federal y de éste último a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I.
Con las autorizaciones de Macri, los tres jueces pasaron a actuar directamente en causas en las que estaba implicada por presunta corrupción Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de sus dos gobiernos. Ahora, la vuelta de los magistrados a sus tribunales de origen es “sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos” en los lugares en los que se desempeñaron desde 2018, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema detallada en la Acordada N° 7/18.
Pasado el mediodía, Bertuzzi y Bruglia enviaron una carta a la Corte, después de que el martes Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti resolvieran que tendrán en consideración la presentación que ya habían hecho Bertuzzi y Bruglia para que el máximo tribunal se abocara a su amparo vía per saltum. Pero no pusieron fecha ni atendieron la urgencia que habían pedido los camaristas.
En la carta de este jueves, los camaristas le dicen a la Corte que el Gobierno consumó “un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”.
Los camaristas aseguran que los decretos 750/20 y 752/20 de Fernández suponen “un conflicto normativo” que no pueden soslayar, puesto que de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo las autorizaciones que les había dado Macri “son actos administrativos que por haber generado derechos subjetivos resultan irrevocables en sede administrativa y sólo pueden ser dejados sin efecto mediante resolución judicial”.
Por ello, Bertuzzi y Bruglia pidieron a la Corte como cabeza del Poder Judicial de la Nación que establezca los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que ellos deben desempeñar a partir ahora. Esto para “evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica que debe regir en todo estado de derecho y asimismo, la independencia y estabilidad en sus cargos de la que gozan todos los jueces”.
Los dos camaristas que firman el escrito afirman que acatarán “de inmediato” lo que la Corte Suprema resuelva en uso de sus facultades de superintendencia y oportunamente jurisdiccionales.
Dada la “crítica situación de inestabilidad” en la que se encuentran, estos magistrados solicitaron que se contemple la posibilidad de una licencia de carácter extraordinaria, hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo.
