El bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para declarar nulo el decreto 4/2025, que extendió el impuesto del 7% sobre los pasajes al exterior, excepto a países limítrofes. Según el bloque liderado por Juan Manuel López, el decreto viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar decretos en materia tributaria.
La iniciativa surge en un contexto de fuertes críticas al tributo, que financia el Fondo Nacional de Turismo. Este fondo, administrado por el ministro Daniel Scioli, ha sido señalado por su falta de control presupuestario. Según la Coalición Cívica, el impuesto no solo es inconstitucional, sino también inconveniente por los elevados costos de fiscalización que implica. Durante el último coloquio de IDEA, el ministro Federico Sturzenegger cuestionó públicamente el método utilizado para recaudar el impuesto, calificándolo como burocrático y costoso.
El decreto ha generado un amplio rechazo, incluso entre legisladores oficialistas. Desde Unión por la Patria, Guillermo Michel y Ana Ianni coincidieron en que la Constitución prohíbe la emisión de decretos tributarios. Sin embargo, mientras Michel rechazó completamente la prórroga, Ianni defendió la continuidad del Fondo Nacional de Turismo.
Por su parte, referentes del Pro como Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas criticaron la medida, argumentando que complejiza aún más el sistema fiscal y que los recursos deberían destinarse a reducir impuestos en lugar de financiar campañas turísticas.
El Congreso se encuentra en receso, y la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia, permanece paralizada desde hace meses. Esto dificulta el avance del tratamiento del decreto. Según la ley 26.122, si en 20 días hábiles no se emite un dictamen, las cámaras pueden tratar el decreto de oficio. Sin embargo, en la oposición consideran probable que el debate se postergue hasta marzo.
Asimismo, la validez del decreto ha sido cuestionada por juristas como Andrés Gil Domínguez, quien enfatizó que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución es claro al prohibir decretos de contenido tributario. Además, señaló que cualquier persona afectada por el impuesto podría impugnarlo judicialmente, al igual que los agentes de percepción, quienes enfrentan incertidumbre jurídica debido a la aplicación del tributo. También sugirió que es posible solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.122, que regula el control político de los DNU por parte del Congreso.
