Diversos organismos relacionados con la construcción se reunieron con el Gobierno Provincial con el objetivo de buscar mayor agilidad y precisión en el relevamiento de precios mensual, con la finalidad de que el índice de precios, que nutre las polinómicas que redeterminan las contratación, sea lo más precisa posible en contextos en los que la inflación es y va a ser extremadamente alta.
Del encuentro, participaron la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) y la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); mientras que también participaron proveedores locales de la construcción y autoridades de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE).
“Si los índices no se actualizan de manera certera, los contratos quedan muy por debajo de la suba de precios, por lo que es difícil continuarlos y cumplir con los compromisos asumidos”, expresó Dalmiro Barbeito, presidente de Cecim.
Esta situación, según aclararon desde la cámara, repercute “no sólo en las empresas constructoras que mantienen una estructura y poseen personal a cargo, sino también en los proveedores que aportan los materiales y tienen sus propias obligaciones”.
No tener precios, la clave del problema
En medio de una alta volatilidad de precios, se buscó brindar un marco sobre la importancia del trabajo estadístico así como concientizar acerca del apoyo de todas las partes involucradas.
Desde los organismos manifestaron que debido a la incertidumbre corriente, muchos proveedores “no dan precios” ante la consulta de los encuestadores de la DEIE.
Esta situación atenta contra la adecuada actualización del índice y, por ende, pone en riesgo el equilibrio económico financiero de los contratos. “Es clave reflejar el aumento que hemos tenido cada mes, más allá de que después algo pueda bajar o estabilizarse”, instó Martín Sanchís, tesorero de la CAC.
Sobre este punto, Facundo Biffi, titular de la DEIE, explicó que el no dar un valor específico para algún material implica que todo el índice se atrase o no sea adecuado con la realidad.
Aclaró además que la DEIE no es un organismo de fiscalización y que, por la existencia de la ley de secreto estadístico, no está autorizada a divulgar la información obtenida por parte de las empresas proveedoras. “Eso sí, los datos aportados tienen la categoría de declaración jurada y es importante ser rigurosos para mantener la obra pública en movimiento”, sumó el funcionario.
Desde principios de 2023 –y por pedido de las cámaras de la construcción- la DEIE actualizó el índice de medición de precios con el objetivo de hacerlo más ágil y certero.
Entre otras cosas, se redujo a más de la mitad la cantidad de productos relevados así como se obtuvo el compromiso del organismo de publicar el dato de aumento durante los primeros quince días del mes siguiente. De esta forma, y pese al tiempo que suele demorar el Estado en pagar, la redeterminación de precios “pudo estar más acorde con la realidad inflacionaria”, sostuvieron.
Sin embargo, frente a la posibilidad de meses de inflaciones superiores al 20%, las empresas “se ven en aprietos para poder cumplir con los compromisos asumidos”.
Mientras el Estado tiene hasta 60 días para saldar los certificados de obra, las constructoras deben pagar salarios de contado y materiales con plazos mínimos (cada vez más cortos) de financiamiento, advirtieron desde las cámaras.
“El 2024 va a ser un año complejo y el tema de los precios va a ser clave para la supervivencia de la obra pública y de las empresas”, subrayó Barbeito. Sumó que el contexto ameritará a que todos los participantes de la mesa contribuyan a crear un círculo virtuoso para que el sistema no colapse y el trabajo continúe en pie.
