Sectores empresariales de la provincia se mostraron preocupados por el avance de la ley de Teletrabajo a nivel nacional y enviaron un documento a los senadores nacionales por Mendoza, para mostrar su posición en contra de esta nueva regulación tal como viene con media sanción de la Cámara Alta.
La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM); Consejo Empresario Mendocino (CEM); Federación Económica de Mendoza (FEM); Polo de Innovación Tecnológica (PIT) Región Sur Mendoza; Polo TIC Mendoza; Unión Industrial de Mendoza (UIM) y Zona Industrial Mendoza (ZIM); fueron las cámaras que firmaron un documento en el que si bien se está de acuerdo con regular el teletrabajo “hay algunos aspectos de la ley que no contribuirá a promover esta modalidad laboral con el objetivo de promover la creación de empleo y competitividad”.
De esta manera, enviaron un fuerte documento a los senadores nacionales de Mendoza, como Julio Cobos, Anabel Fernández Sagasti y Pamela Verasay, con el cual marcaron una serie de puntos del texto de la ley que “podrían crear perjuicios a las empresas y desincentivar” la generación de empleo:
Uno de ellos es el “exceso de regulación y micro-regulación”, en el cual para las cámaras “sumará costos y complejidad a su implementación, lo que reducirá su atractivo para las empresas perjudicándolas, y también al trabajador que desee, por distintos motivos, tele-trabajar. Si por razones de localización, balance trabajo- familia u otra razón, el teletrabajo fuera la modalidad de elección de este trabajador, la sobre-regulación puede dejarlo fuera del mercado”.
Además, expresaron que hay una “sobreprotección del tele-trabajador”, y destacaron que incluso se los “sobreprotege en desmedro de los trabajadores presenciales y del empleador, generando asimetrías innecesarias entre trabajadores, a la vez que desalienta el uso de la modalidad por parte de las empresas”.
También indicaron que la “reversibilidad del teletrabajo” se debería también revisar debido a que “establece una asimetría y una unilateralidad que resulta excesiva, en tanto y cuanto la decisión inicial del empleado puede implicar posteriores decisiones operativas de difícil reversibilidad por parte del empleador”.
Otro punto en el que se mostraron en contra es el grado de intervención sindical prevista por la ley “en aspectos que suelen resolverse fácilmente en el marco de la operación habitual de la empresa sin intervención de agentes externos”. Allí indicaron que “el exceso de regulación solo le restará potencial a la herramienta”.
Por último, también creen que es “innecesaria” la creación de un registro de teletrabajadores y tecnología a utilizar, pues “solo suma burocracia y costos a los ya existentes”.
“Creemos que una ley de teletrabajo simple y flexible para adaptarse a los nuevos desafíos del trabajo y que establezca un marco general de referencia, que permita acuerdos a nivel de sectores, empresas o incluso entre trabajador y empleador, sin entrar en detalles operativos, será la mejor forma para incentivar una modalidad de trabajo que existe, de hecho, antes de la sanción de esta ley y que, en la práctica, beneficia a ambas partes de la relación laboral”, comentaron.
