“Las lecciones aprendidas con las vacunas en la pandemia tienen que ser aplicadas a la pandemia que ya padecemos, la del cambio climático”, enfatizó este miércoles el presidente Alberto Fernández, que llamó a generar un “gran pacto de solidaridad ambiental” con apoyo del FMI y organismos regionales a países en desarrollo.
Fernández abrió de esa forma la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, denominada “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”, de la que participan el enviado especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, mandatarios de la región y autoridades de organismos internacionales.
En su discurso, el presidente llamó a fortalecer el multilateralismo ambiental con “acuerdos de transferencia tecnológica” y “una liberalización de las patentes de estos bienes tan necesarios para impulsar la adaptación al cambio climático”.
“Necesitamos aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a países de bajos ingresos y de renta media, y que sirva para extender los plazos, para atender los pagos del endeudamiento y para la aplicación de menores tasas, bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico”, pidió.
Fernández reconoció que el planteo viene de un país “afectado por el endeudamiento tóxico y depredador” como la Argentina, pero consideró que puede involucrar también a otros países. “Shock climático y shock financiero producto de una crisis generalizada de deuda no son compatibles para un mundo mejor”, sintetizó.
Para el mandatario, “los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, el concepto de deuda ambiental y la categoría de ‘acreedores ambientales’ que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis”.
Por eso, reclamó un compromiso de parte de organismos regionales de desarrollo como el BID (Banco Interamericano de desarrollo) o el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) “a través del apalancamiento de los DEG para potenciar su capacidad crediticia, o a través de una nueva inyección de capital cuyo puntapié inicial debe estar dado por los países desarrollados”.
También propuso “repensar el sistema de calificación crediticia para no castigar a los países vulnerables que ya afrontan las consecuencias del cambio climático”, y “establecer incentivos impositivos para que la inversión privada se concentre en las prioridades ambientales con impacto social y en una nueva economía circular”.
Por otra parte, sugirió profundizar el debate sobre el “impuesto mínimo global” en la próxima cumbre del G20, para que “también favorezca a las economías emergentes”.
“El sistema de gobernanza global no ha demostrado ser eficaz para movilizar recursos hacia los países en desarrollo”, sostuvo Fernández, e insistió en que “necesitamos una nueva justicia social ambiental” que involucre a países deudores, países acreedores, instituciones financieras internacionales y el sector privado.
Los compromisos argentinos
“El momento es actuar ahora. El reloj de la destrucción planetaria no se va a detener, a menos que construyamos un nuevo paradigma de desarrollo”, aseguró Fernández al abrir su discurso, acompañado por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
La cumbre virtual fue la antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25) que se realizará en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre próximos.
Fernández aprovechó el evento para remarcar que “Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades”, e informó que en Glasgow anunciará un incremento del 2% en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.
El presidente ´puntualizó el trabajo que realiza nuestro país para generar una transición hacia las energías renovables y un complejo productor y exportador de energías limpias, así como la adopción de tecnología para la reducción de emisiones de metano y otros contaminantes, y la promoción del transporte sostenible.
También adelantó que el Gobierno promoverá la tipificación de los delitos ambientales “para erradicar definitivamente la deforestación ilegal”.
“Necesitamos financiamiento, nuevas reglas e incentivos globales para que la transición sea justa y no encubra formas de proteccionismo ni agigante las brechas de bienestar”, subrayó.
