Está a punto de cumplirse un año desde que el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que controla a los jueces federales, inició una investigación del magistrado mendocino Walter Bento. El proceso, que tiene que ver estrictamente con lo laboral y que puede terminar con la suspensión de Bento en su cargo, ha avanzado mucho menos que la causa judicial, en la cual el juez acusado de liderar una banda que sobornaba presos a cambio de beneficios judiciales tiene varios pedidos de prisión preventiva.
Que un juez acusado de semejantes cargos siga impartiendo justicia sorprende y preocupa adentro y afuera de tribunales. Esto lo pudo palpar el flamante vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el abogado cordobés Carlos Matterson, quien estuvo esta semana en Mendoza.
Matterson habló con jueces y camaristas locales y dijo que notó la incomodidad. “Tener que convivir diariamente en el mismo edificio con el juez, me imagino que no es una situación que alguien desee”, afirmó en diálogo con Los Andes. Pero el ex legislador radical no es un mero testigo de climas laborales, es precisamente uno de los responsables de que este problema cese. “Obviamente esto hay que resolverlo cuanto antes”, aseguró respecto de la causa Bento en la Magistratura, y apostó a que la grieta política no pesará en la definición.
-¿Ustedes perciben que se va a acelerar la causa de Bento?
-Deberíamos imprimir un ritmo más rápido a todas las causas, porque a los tres años de la denuncia, si no hay remoción o absolución, caducan. Yo creo que ahora se van a acelerar tanto esta como todas las causas. Estimo que no se puede tener al magistrado sin saber el destino de la denuncia que recae sobre él. Esto hace a la salud del sistema.
-¿Hay en el Consejo de la Magistratura alguna otra causa como la de Bento, en el sentido de que es un juez con numerosos pedidos de detención?
-No, otra causa como esa no hay. Hay denuncias, pero no con la magnitud de esta causa, en la que hay procesamiento y prisión preventiva firmes. Podría caberle a otros, porque el mal desempeño no requiere de una condena penal. Son dos cosas distintas.
-Los mendocinos están perplejos con esta causa, usted lo debe haber notado…
-Obviamente que es un caso muy resonante y entiendo que mucha gente no se explique que teniendo procesamiento y prisión preventiva siga siendo juez y siga impartiendo justicia.
-¿Por qué no ha sido suspendido todavía entonces?
-Porque hay un procedimiento para eso que tenemos que respetar. Hay una prueba pendiente, que es una pericia contable realizada por peritos de la Corte que está prácticamente terminada. Luego de eso, la suspensión se da en el momento en que el plenario, con dos tercios de los votos, decide promover la acusación. En ese acto eleva el caso al Jury de Enjuiciamiento y suspende al magistrado. Esto es para evitar que alguien por otros motivos pueda ser suspendido sin que todavía haya una resolución que lo lleve al juicio político. De cualquier manera, hay que tratar de terminar lo antes posible. Hay que hacer justicia, yo no voy a adelantar opinión, pero obviamente esto hay que resolverlo cuanto antes.
-¿Qué clima pudo palpar en tribunales?
-Estuve en la Cámara Federal con los camaristas (Manuel) Pizarro y (Gustavo) Castiñeira y estuve con los doctores (Pablo) Salinas y (Alberto) Carelli del tribunal oral. Tuve la oportunidad de hablar con ellos. Hablamos de este tema con los camaristas y para ellos es una situación incómoda porque no deja de ser un colega al que están investigando. Tener que convivir diariamente en el mismo edificio con el juez, me imagino que no es una situación que alguien desee. Yo les digo que cada uno tiene que cumplir su deber. Pedir licencia es una cuestión de la consciencia de cada uno.
-La gente piensa que se ha dilatado más de lo esperable la definición en el Consejo de la Magistratura.
-También todo denunciado tiene derecho a ejercer su defensa y en ese marco hubo bastante prueba testimonial aportada por unos y otros.
-¿No alcanzaba con lo que había investigado el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas como prueba?
-Como son expedientes distintos, nosotros necesitábamos incorporar prueba, porque algunos testigos no estaban dentro de la prueba. El expediente del juez está ofrecido como prueba, a su vez, como este es un expediente administrativo diferente al judicial, no es que incorporamos la prueba directamente, sino que hay que tomar la testimonial. También se generó una inercia hasta abril y ahí se cortó de nuevo…lamentablemente por esto, en estos meses, ninguna causa avanzó. Sin perjuicio de ello, en el medio el doctor Bento se inscribió en un concurso para la Cámara de Casación penal, y sin necesidad de que hubiera comisiones, todos los consejeros, por unanimidad, firmamos la exclusión de Bento del concurso, porque no había una declaración jurada suya que indicara que tenía procesos en su contra. Los 20 firmamos la resolución.
-¿Cree usted que va a haber una grieta en la definición del caso Bento?
-Si las pruebas que se aportan son contundentes, teniendo en cuenta los antecedentes penales, entiendo que no habría margen para mirar al costado. Ante la evidencia no va a haber una grieta que impida que se avance en este tema. Podría haber criterios diferentes, pero desde mi punto de vista, los consejeros van a mirar con criterio legal si las pruebas son suficientes. No va a haber otro factor externo, como las cuestiones políticas. Hasta acá ha habido sospechas, pero como todavía no se decidió nada, quedó en las sospechas.
-¿Y tiene un pronóstico sobre los tiempos de resolución en el Consejo?
-Acá falta la etapa de concluir la prueba. Luego hay que citarlo a Bento para su defensa, después se toma la determinación de si se lo acusa, se lo absuelve o se aplica sanción disciplinaria. De ahí en más pasa al Jurado de Enjuiciamiento para que se lo juzgue, el cual tiene seis meses de plazo.
-¿Por qué es tan importante la pericia contable?
-Es una prueba que pidió el miembro informante. Yo lo pregunté a (Pablo Tonelli) y él me dijo que necesitaba esa prueba, que es independiente, para determinar hechos que se disputan sobre sus gastos y si los bienes son compatibles con sus ingresos. Me han dicho que las conclusiones van a estar en los próximos días.
-¿Que el informante ahora sea el presidente de la comisión de Acusación puede generar mayor celeridad?
-Creo que sí, va a provocar que los tiempos sean más rápidos. Es el presidente el que fija la fecha de las reuniones y no es lo mismo fijarlas una vez por mes o todas las semanas. La celeridad puede ir por ese lado. Hay un dato importante: el miembro informante no toma la decisión por sí mismo, propone y es la comisión la que va tomando todas las decisiones. Lo decide por mayoría. Los siete integrantes en el caso de la comisión de Acusación. Todo, absolutamente todo, lo decide la comisión.
-Hasta ahora no hubo síntomas de grieta en la causa?
-No porque todavía no se ha decidido nada trascendente. Ahora, cuando se decida lo trascendente, ahí sí se va a ver si los argumentos que se dan tienen que ver con lo legal o no. Por eso digo que si los elementos son contundentes, no hay margen para una decisión distinta.
-¿Es posible que el Consejo esté ajeno a las tensiones políticas?
-Siempre van a haber tensiones políticas, pero se ha menguado esa situación. Nosotros trabajamos con mucha cordialidad más allá de las distintas visiones. No hay un enfrentamiento entre quienes defienden la visión del gobierno y quienes no la defendemos. Con la llegada de (Horacio) Rosatti está mucho más distendida la relación. Me parece que la presencia del presidente de la Corte ha generado un mayor respeto a la institucionalidad y acompañamiento en el rumbo que quiere marcar. El presidente nos pidió aprobar ternas de jueces y todos hicimos el esfuerzo, eso fue una señal clara de cómo va a funcionar este consejo.
-No hay dos tercios para ningún sector en las votaciones...
-No hay dos tercios para absolver ni para acusar. Sin embargo las ternas de jueces y las autoridades se resolvieron por unanimidad. Hemos entendido que hay que actuar en positivo y que hay que respetar la institucionalidad, porque ahí adentro no se nota la tensión que hay afuera con los embates de la Vicepresidenta a la Corte. Estamos lejos de que haya expresiones que afecten la dignidad de nadie. Buscamos el mayor consenso posible.
POCOS MESES EN EL CARGO Y SIN TIEMPO PARA PERDER
Carlos Matterson (62), representante de los abogados del interior del país, acaba de ser elegido vicepresidente del Consejo de la Magistratura por sus pares, pero durará en el cargo apenas unos meses, hasta noviembre.
De hecho, la “campaña” para la renovación de los 20 espacios que lo componen ya arrancó y los nuevos integrantes se elegirán en octubre. Este vértigo de nombramientos y sucesiones es un reflejo de los problemas políticos que ha tenido el organismo.
El Consejo de la Magistratura no es un espacio menor: tiene a su cargo la selección de las ternas de candidatos a jueces y realiza los procesos que definen sanciones o suspensiones para los magistrados. Si acusa a un juez, luego entra en acción el Jury de Enjuiciamiento, que es el que hace el juicio político que define si sigue en el puesto o no.
Pero la Magistratura viene de una parálisis muy larga. En diciembre del año pasado, un fallo de la Corte derogó la ley de 2006 que lo regía y ordenó que se sancionara una nueva. Como hasta abril eso no había ocurrido en el Congreso, el Consejo volvió a su composición anterior: pasó de 13 a 20 miembros, con el titular de la Corte como presidente.
La llegada de Horacio Rosatti a la presidencia del Consejo de la Magistratura es el evento que más divide al kirchnerismo y la oposición, que tienen casi absoluta paridad en ese universo de legisladores, jueces, académicos y abogados. Pero no se revertirá salvo que se sancione una nueva ley, lo que parece improbable.
La definición de autoridades, que dejó al juez cercano al gobierno Alberto Lugones como presidente y al opositor Matterson como vice, se extendió hasta la semana pasada. Pero los dos estarán en el cargo muy poco tiempo y, en consecuencia, deben apurarse para tomar decisiones antes de finalizar sus mandatos.
Lo mismo cabe para todos. A uno que lo apuran los tiempos es al diputado del PRO Pablo Tonelli, informante del caso Bento y quien más ha presionado para que se defina su situación.
Pero la renovación de autoridades vino acompañada de un rediseño de las comisiones que lo empoderó. Antes la comisión de acusación y disciplina tenía como presidenta a la senadora oficialista María Inés Pilatti de Vergara, sobre quien hubo sospechas de dilaciones. Con el recambio, esas comisiones se dividieron y Tonelli quedó al frente de la comisión de Acusación, que es en la cual se analizan los casos de posibles juicios políticos.
Ahora Tonelli puede marcar el ritmo de la investigación de Bento. Pero no tiene tiempo que perder.
