La líder de la Coalición Cívica y ex diputada, Elisa Carrió, denunció junto a legisladores de su espacio al Gobierno de Alberto Fernández por “desmantelar” la Unidad de Información Financiera (UIF).
La denuncia fue presentada ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en la misma se señalan “sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles” financieros.
Según Carrió y los legisladores de la Coalición Cívica, “el único propósito de consagrar impunidad de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de un número considerables de ex funcionarios, sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado”.
Luego de describir el contexto de cada decisión adoptada por el gobierno de Fernández, la presentación resume, las denuncias que en cada una de esas ocasiones, realizaron –sin éxito- los legisladores.
En el texto, destacan que desde enero, con la salida de Mariano Federici de la Unidad de Información Financiera, la Argentina perdió la presidencia del Grupo Egmont a nivel mundial.
El Grupo Egmont es una organización conformada por 165 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, que proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e inteligencia financiera para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
El intercambio de inteligencia financiera es la piedra angular de los esfuerzos internacionales del Grupo Egmont. Todas las UIF del mundo están obligadas por los estándares internacionales del GAFI a intercambiar información y a cooperar a nivel internacional, sobre la base del principio de reciprocidad.
Desde entonces enero, según Carrió, la zaga incluyó el nombramiento de su presidente Carlos Cruz y su vice Mariana Quevedo, ambos “impugnados para esos cargos”. Posteriormente, dice la denuncia, se avanzó en el “vaciamiento de la unidad, con la desvinculación de personal técnico profesional especialmente vinculado a las causas de corrupción que venía impulsado activamente ese organismo”.
La Coalición Cívica advirtió además “el peligro” de incluir, en una eventual reforma judicial, el traspaso de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal, “quebrantando todos los estándares internacionales recomendados por el GAFI”.
La extensa exposición habla de incompatibilidades y vinculaciones partidarias, de la actual conducción del organismo con el poder ejecutivo, y la de estos, con quienes integran el consejo consultivo de una eventual reforma judicial.
También señala “que la trama de esa orfebrería de nueva institucionalidad alcanza a las actuales autoridades de la oficina anticorrupción y la persecución del actual procurador general de la Nación”.
“La consagración de este nuevo esquema, derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia y contralor de la ex presidente y el actual, quienes carecerán de contrapesos institucionales para la limitación de ese poder”, dijo la Coalición Cívica en un comunicado de prensa.
