La ex diputada Elisa Carrió denunció este lunes al presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por haber convocado a la organización sindical de Camioneros para el control del abastecimiento en los grandes supermercados. Los acusa de los delitos de “incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos”.
La líder de la Coalición Cívica aseguró que se está poniendo en marcha “una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva -del modo que sea y como sea- la medida de control de precios”.
“Las autoridades denunciadas, se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales y avanzando sobre un ‘acuerdo’ cuyo objetivo no es otro que la sustitución de esos mecanismos legales, por vías de hecho. Dejan en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial”, denuncia la dirigente.
Y agrega que “es así como han acordado con Pablo y Hugo Moyano, para que Oscar Borda, jefe de la rama de logística de ese gremio, encabezara el ‘operativo control’, que lleva adelante desde hace días, con otros integrantes de ese gremio. Este “acuerdo” para hacer de soporte a inspectores de esa secretaria, comporta la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque”.
En la presentación se destacan los antecedentes penales de Oscar Borda, jefe del área de Logística de Camioneros y uno de los dirigentes a cargo de los controles. “Oscar Borda junto a 45 de sus compañeros, hace apenas unos meses, dejo seis personas heridas, incluyendo al propietario de la empresa de Avellaneda: Logística Milo SA. En la ocasión provocaron daños y cuantiosas pérdidas”, destaca la denuncia.
La presentación reclama que se dicte una medida cautelar “para asegurar que los objetivos determinados por el Estado Nacional, a través de la implementación del sistema de “Precios Justos”, puesto en ejecución por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, con la participación voluntaria de empresas productoras de bienes de consumo masivo y las comercializadoras de los mismos”.
Frente a los cuestionamientos legales, Pablo Moyano redobló la apuesta: “Vamos a seguir denunciando el faltante de mercadería para que no haya remarcación de precios. Nuestro gremio fue siempre solidario con el Estado. Aunque a los empresarios les moleste que los trabajadores controlen la economía del país”.
Moyano aclaró, además, que los controles se vienen haciendo hace un mes y que fueron pedidos por el Gobierno. “Tombolini no pidió controlar los centros de distribución de los grandes supermercados”, aseguró el dirigente al ser entrevistado en la radio FutuRock.
La primera denuncia penal por esos controles la hizo ayer por la mañana la Fundación Apolo. La presentación incluyó al secretario de Comercio, al que acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y a otros integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de los controles. “El deber de fiscalizar precios es de la Secretaría de Comercio, no de la mafia sindical”, agregó el texto de la denuncia.
