La ejecución de la Variante Palmira quedó paralizada según confirmaron desde Vialidad Nacional y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. La empresa asegura que la paralización es “transitoria”, pero aseguró que los otros proyectos en los que trabaja continuarán su ejecución.
El Complejo Penitenciario Almafuerte II es uno de los proyectos en donde Cartellone, junto a Obras Andinas, estaban trabajando hasta el arranque de la cuarentena. Con fondos locales, la pandemia obligó a paralizarlo y actualmente se negocia su reactivación. Además, con dinero del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) avanzan la ampliación del establecimiento depurador El Paramillo y del colector Boedo-Ponce.
“Es un tema que nos ha tomado muy por sorpresa porque no tuvimos ninguna notificación por parte de la empresa”, dijo Guillermo Amstutz cuando se conoció el parate de los trabajos en la Variante Palmira.
El camino entre la ruta 7 a la altura de San Roque y Agrelo son 36,5 kilómetros y la inversión total será de $5.962 millones en lo que es una de las grandes apuestas viales del 2021 con un 50% de avance. La obra beneficiará a 70.000 usuarios permitiendo separar el tránsito particular del transporte de carga que circula desde y hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor.
Amstutz comentó que desde hace varios días se registraban movimientos que denotaban un posible freno. “Redujeron de 500 a 200 empleados y después a 70, desde el lunes quedó sólo la vigilancia. Los pagos están al día”, indicó.
Desde la empresa explicaron que la situación “se debe a una reestructuración societaria que está teniendo lugar, eso ha generado cierto estrés financiero y ha motivado la paralización transitoria”.
Las otras obras continúan
La firma ejecuta otras obras en Mendoza y según indicaron, siguen adelante. Dos de ellas tienen que ver con redes cloacales y la restante, con infraestructura penitenciaria. Las tres fueron licitadas durante la administración de Alfredo Cornejo y en todas Cartellone opera en Unión Temporal de Empresas (UTE).
El Enohsa financia la ampliación del establecimiento depurador El Paramillo que desarrollan Cartellone junto a GEL Engenharia y cuyo avance se acerca al 50%.
La inversión prevista es de $1.731 millones, según datos de Nación, lo que permitirá aumentar la capacidad para tratar al 100% los líquidos cloacales recolectados de la cuenca. El beneficio estimado es para 300.000 personas fundamentalmente en los departamentos de Guaymallén, Lujan de Cuyo y Maipú.
La misma situación, aunque con un 65% de obra hecha por la misma UTE, ocurre con la ampliación del Sistema Cloacal Gran Mendoza a través del Colector Boedo – Ponce.
El monto a desembolsar informado es de $565 millones, impactando en una población total de 173.000 personas, de las comunas mencionadas.
El Complejo Penitenciario Almafuerte II que tiene una larga historia y actualmente tiene los trabajos paralizados, con un 82% de avance, debido a una reasignación presupuestaria que debió hacerse el año pasado por el avance del Covid-19.
El ambicioso proyecto tiene la particularidad de que uno de los socios en el proyecto junto a Cartellone era Obras Andinas, propiedad de Omar Álvarez. El empresario, en 2012, había propuesto hacer la cárcel bajo la figura de obra pública por iniciativa privada. Finalmente terminó desistiendo de su iniciativa y donó el proyecto al Estado para que lo licitara. En la apertura de sobres, esta UTE ganó el concurso público.
El presupuesto total previsto para la construcción del penal ascendía en 2018 a $1.525 millones y cuando empezó la emergencia sanitaria, los fondos se direccionaron hacia salud y seguridad. Actualmente se está negociando entre el Gobierno y las empresas para su reactivación.
Un detalle de esta obra: se iba a financiar con el conocido “bono cárcel”. Hace dos años la devaluación del peso se hacía imparable, entonces la Provincia dejó de usar el “bono cárcel” en dólares y empezó a poner recursos propios.
Se alcanzaron a usar casi 30 millones de dólares, que fueron reprogramados en la renegociación que cerró el Gobierno provincial con bonistas el año pasado.
Intervención de la justicia
En noviembre del año pasado, la Justicia dispuso la intervención de la empresa (por un año) en tanto se resuelva una disputa por el paquete accionario.
La causa, radicada en el tercer juzgado civil de la primera circunscripción judicial de Mendoza, dispuso la designación de un interventor-coadministrador, Lucas Gil Daziano quien actúa conjuntamente con el Directorio vigente.
Los detalles del conflicto entre los accionistas, fueron publicados por Los Andes el 11 de noviembre del año pasado. Allí puede leerse la última Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas presentada en aquel momento por la compañía ante la Comisión Nacional de Valores, responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía.
Allí, el representante de Gerardo Cartellone (accionista minoritario), votaba en contra de una moción para aprobar los estados contables en base a un “aumento de capital de la Sociedad, el proceso judicial y los votos que posee el accionista”.
Es que los tres hermanos Gerardo, José, y Marilyn, tenían la misma cantidad de acciones, hasta que la última le vendió su participación a José. De acuerdo con el acta, Gerardo quedo con un total de 134.965 acciones, mientras que su hermano José mantiene 269.930, de un total de 404.895. Ante esto último, el primero de ellos decidió recurrir a la Justicia.
