“La vivienda tiene que ser política de Estado, más sabiendo que en Mendoza solo se ejecutó el 16% del presupuesto previsto en el IPV, ya tenemos un ministerio nacional por primera vez en la historia, ahora hay que pensar el financiamiento para que esto quede para los argentinos”, así lo expresó en una entrevista la candidata a senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.
De hecho, una de las propuestas del Frente de Todos consiste en un programa de solución habitacional, para que cada mendocino pueda pagar mensualmente su casa mediante una cuota igual al precio de un alquiler.
La propuesta contempla una línea de créditos hipotecarios, con base de actualización de crédito hogar, al que puedan acceder las familias mendocinas que hoy no encuentran en el gobierno provincial una respuesta a la falta de techo propio por falta de voluntad política.
Para muestra sobra un botón. En el reciente debate sobre el presupuesto provincial surgieron algunas cifras: de un monto aprobado de 4.500 millones solo terminaron 462 casas en 2021. Y de este presupuesto el 91,1% de los fondos provinieron de Nación, un 8,8% de organismos multilaterales y tan solo un 0,1% proviene de fondos provinciales.
El tema viviendas parece no ser prioridad para el gobierno de Suarez. De lo que iba a ser destinado a la construcción de viviendas el gobierno provincial solo ha ejecutado un 16%; y para el 2022 el presupuesto para esa misma función cae un 12,5% en términos reales, es decir, que tampoco está en los planes de corto plazo brindar una solución.
Hace apenas unos días se supo que una familia con sus hijos está viviendo en un auto a falta de una respuesta concreta por parte del municipio (Luján de Cuyo) y del gobierno provincial. Para esa familia, tanto el área de vivienda municipal como el IPV son directamente inalcanzables. Hoy, quien quiera acceder a una vivienda social tiene que contar como mínimo con dos millones de pesos en efectivo. Han convertido al Instituto Provincial de la Vivienda en un organismo para ricos.
En Mendoza hay unas 43 mil familias que viven en condiciones de hacinamiento. Nuestra constitución determina que la solución en materia de viviendas debe darla el Estado, no el mercado.
Es necesaria una discusión seria sobre cómo facilitar el acceso al suelo, a la vivienda digna, a la integración socio urbana. La prioridad debe ser pensar en quienes viven hacinados, matrimonios jóvenes que viven con sus padres, quienes viven en una precariedad absoluta, en las y los trabajadores que tienen que destinar el 50% de sus ingresos en un alquiler y en quienes sueñan con su techo propio.
