La investigación que lleva adelante el Consejo de la Magistratura sobre el presunto mal desempeño del juez federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, no arrojará novedades trascendentes al menos hasta después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.
En principio, esto responde a que, después de casi 150 días de la apertura del expediente, recién se fijaron las fechas para las audiencias en las que se tomará declaraciones testimoniales a 29 testigos aportados por la defensa del juez mendocino.
Esas audiencias serán los días 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre y 2 de noviembre. Una vez que se tomen todos los testimonios, los consejeros procederán a hacer una evaluación de la situación para recién en una próxima reunión comenzar a tomar decisiones.
En paralelo se irán produciendo otras pruebas como la lectura del expediente penal actualizado, la pericia contable sobre el patrimonio de Bento y la evaluación de presentaciones realizadas por la defensa del acusado.
Pero la comisión de Disciplina y Acusación se reúne como máximo una vez por mes, sin un cronograma preestablecido. Por ello, la reunión se haría durante noviembre y después de las elecciones, para que los consejeros tengan tiempo de analizar los testimonios.
Hasta aquí hay tres consensos muy marcados en la mayoría de los integrantes de la Comisión que investiga a Bento desde el 11 de mayo último: la primera es que las acusaciones contra el magistrado son “gravísimas”. En eso, todos están de acuerdo.
La segunda es la dilación en la producción de pruebas y en el acceso al expediente penal actualizado que fue pedido por primera vez el 13 de agosto al juez Eduardo Puigdéngolas y hasta el viernes no había llegado a Buenos Aires.
Los consejeros empezaron a admitir que el proceso viene lento y que deben acelerarlo porque, coincidieron en la reunión del jueves, los ciudadanos mendocinos merecen una Justicia de calidad y lo de Bento configura “un escándalo”.
Y el tercero es que no se puede iniciar la remoción de Bento, única forma de apartarlo de su cargo, justamente porque no hay pruebas todavía. Pablo Tonelli, instructor de la investigación, había propuesto suspenderlo preventivamente y desaforarlo, pero perdió en la votación 7 a 1 porque las actuales normas que regulan el proceso no lo permiten.
La incidencia de las elecciones
Más allá de la falta de pruebas por las demoras en sus producciones, hay una decisión política de consenso mayoritario en el seno del Consejo de no alterar las funciones de Bento antes de los comicios debido a su competencia electoral en Mendoza.
Esto fue explicitado el jueves, en la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación, por el consejero Alberto Lugones, quien forma parte del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces, al igual que Ricardo Recondo.
Lugones y Recondo aclararon que para ellos las acusaciones contra Bento son “gravísimas” y pidieron a las autoridades de la Comisión y a Tonell, que se acelere la producción de pruebas para poder obrar en consecuencia.
Pero advirtieron que hasta que no se determine la responsabilidad del magistrado por el presunto mal desempeño, no se lo puede mover del cargo por remoción y mucho menos por suspensión porque para esto último no existe una norma que lo regule.
Lugones consideró que la propuesta de Tonelli tendría que haber generado un “escándalo” en la Asociación de Magistrados, porque el diputado pide suspender al juez sólo por el curso que ha tomado la causa penal y sin tener en cuenta que en la Magistratura aún no se conocieron pruebas propias en contra el juez mendocino.
“Se estaría generando una instancia nueva para separar a un magistrado por un plazo que no sabemos cuál es. Claro, en la Ciudad de Buenos Aires se pueden suspender jueces por mayoría simple y listo, hago que se resuelva la causa que me preocupa… ¿Cuál es la causa que preocupa en Mendoza? Porque, además, (Bento) resuelve cuestiones penales, pero también electorales y estamos en el medio de un proceso electoral. ¿Qué queremos tener, un juez que se encargue del proceso electoral como nosotros queremos? Es complejo, es muy difícil”, dijo.
Tras las afirmaciones del Lugones, todos los consejeros asintieron, con excepción de Tonelli y del presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, quien afirmó que, si se pudiera establecer un mecanismo de votación, él votaría por la suspensión de Bento “ahora mismo”. El resto de los consejeros pidieron apegarse a la ley actual y plantear que, en todo caso, el Congreso discuta una norma que permita la suspensión y el desafuero en instancia temprana.
Para Lugones, suspender ahora a Bento sería “inventar cosas que no están previstas en la Constitución Nacional”. El consejero aclaró que sabe que esto podía generar “críticas” en su contra, pero sostuvo que las mismas forman parte de la actuación de un funcionario público, por lo que las admite. “Yo estoy acá para hacer lo que corresponde conforme a la ley y a la Constitución Nacional”, agregó.
