El importante caso de un hecho de corrupción política en Mendoza comienza a llegar de a poco a su fin, al menos en términos judiciales. Luego de las condenas que ya recibió el exconcejal a cargo de la intendencia, Luis Lobos, por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, así como también su expareja, Claudia Sgró, ahora se suma su exsuegra, María Elena Fernández.
La mujer de 83 años solicitó esta semana un juicio abreviado por el delito que se la acusa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de participe necesario.
Es importante recordar que en esta misma causa, Lobos ya fue condenado el 9 de mayo del 2019 a 4 años y medio de prisión, mientras que Sgró recibió una pena de 3 años y 4 meses. En cuanto a Fernández, se decidió que no participara de dicho juicio ya que atravesaba problemas de salud que la impedían asistir a Tribunales, por lo que quedó todo en suspenso para ella.
El caso investigado y por el que se la acusa es por la contratación irregular de dos personas en la comuna de Guaymallén, Laura Fara y su hijo Pablo Müller, quienes nunca cumplieron tareas en la municipalidad, pero además tampoco supieron que habían sido contratados como empleados de la comuna.
Si bien Fernández no era funcionaria de Guaymallén, como sí lo eran Lobos y Sgró; su participación se dio ya que tanto Fara como Müller se desempeñaron en su vivienda con tareas domésticas, en momentos en los que Lobos estaba a cargo de la intendencia.
Pero además, la fiscalía, a cargo de Susana Muscianisi, pudo probar que la propia Fernández cobró con las tarjetas de débito de Fara y Müller más de $400.000
A juicio abreviado
Desde la defensa de Fernández, la abogada de Pobres y Ausentes, Silvina González, solicitó al Segundo Tribunal Penal Colegiado que se desarrolle un juicio abreviado.
La letrada, en su documento que entrega al Tribunal, sostiene que se ha “pactado” con la fiscalía una condena de 3 años en suspenso “por el delito atribuido y la calificación jurídica al hecho”.
Es importante marcar que el Código Penal contempla una pena de 2 a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Desde el Ministerio Público Fiscal no negaron que están “en diálogo” con la defensa por la posibilidad de un juicio abreviado, pero no dieron por hecho el acuerdo; mientras que, desde la querella aseguraron que sí están de acuerdo con la condena solicitada a los magistrados.
En tanto, respecto a por qué se solicitó el juicio abreviado, indicaron desde la defensa que “se ha mantenido en contacto con la Sra. Fernandez a quien se le explicó las pruebas existentes en la causa”.
Y agregaron: “En estas instancias y atendiendo al estado de salud de la Sra Fernandez y su edad, es que se peticiona al Tribunal se lleve a cabo esta audiencia en modalidad virtual para lo cual y a los efectos de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio, quien suscribe se presentará en el domicilio de la imputada, constatando asi su identidad”.
En base a esto, desde el Tribunal atendieron el pedido de la defensa, y llamaron a una audiencia que se desarrollará el 4 de abril a las 8.30, de forma virtual.
La condena a Lobos y Sgró
Como se dijo, fue en mayo del 2019 cuando Lobos y Sgró fueron condenados por el tribunal conformado por los jueces Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio, quienes no solamente dictaminaron la sentencia a prisión por fraude a la administración pública, sino que también les aplicaron a ambos la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
Ese fallo, si bien fue apelado, quedó firme en abril del 2022, cuando el Tribunal Penal Colegiado Número 2 desestimó los pedidos de mantención de libertad y de prisión domiciliaria que presentó la defensa y ordenó la inmediata detención de ambos.
No obstante, en un segundo juicio en diciembre del 2022, esta vez por enriquecimiento ilícito, Lobos fue condenado y se le unificaron las penas recibió 8 años de prisión en total, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica.
Esta segunda investigación de Muscianisi fue por irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto (Wanka SA), más el enriquecimiento ilícito.
Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015.
