Este miércoles, la comisión del Jury de Enjuiciamiento definirá si el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, es destituido o no por una causa de mal desempeño en sus funciones como magistrado. La decisión podría impactar fuertemente en el magistrado, debido a que sobre él pesan varios pedidos de prisión preventiva, mientras se realiza en paralelo un juicio en Tribunales Federales, donde enfrenta penas de hasta 50 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
El trabajo del Consejo de la Magistratura se inició a instancias de todo el trabajo de Tribunales Federales, donde se detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos, según fuentes judiciales.
A instancias de esta causa penal, fue que el Consejo de la Magistratura inició un proceso por mal desempeño de funciones.
A fines del año pasado, la comisión de Acusación emitió un fuerte dictamen en el que recomendó su suspensión y la apertura del proceso de remoción, por cometer “conductas enderezadas a recibir dinero o bienes a cambio de resoluciones favorables”, por el “enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado” y “por actos de infracción al deber de magistrado”, entre otras causales.
En mayo de este año, el plenario del Consejo de la Magistratura votó en forma unánime a favor de la suspensión de Bento. Recién a partir de este momento, el magistrado cuestionado dejó de ejercer como juez.
La causa pasó entonces a manos del Jurado de Enjuiciamiento, que también es un tribunal político. Lo componen dos magistrados, Javier de la Fuente (presidente) y Javier María Leal de Ibarra; dos senadores nacionales, Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (Pro); dos diputadas nacionales, Anahí Costa (FdT) y Ana Clara Romero (Pro); y el abogado Alfredo Barrau.
El Jurado de Enjuiciamiento desarrolló un proceso corto que ya terminó y que emitirá sentencia, como se mencionó, el 8 de noviembre. Tendrá que decidir solamente si lo remueve o lo confirma en el cargo y para ello harán falta por lo menos cinco votos a favor de una de las dos opciones.
El juez, al borde del precipicio, prometió por primera vez que, si no es destituido, se tomará licencia hasta que termine el juicio penal.
Entre la cárcel de Cacheuta y la prisión domiciliaria
Walter Bento tiene cinco pedidos de prisión preventiva emitidos en la causa judicial. Si fuera destituido, en consecuencia, perderá los fueros y tendría que ir a la cárcel.
La modalidad de esta medida será definida por las juezas del Tribunal Oral Federal Número 2: Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá.
Técnicamente correspondería que Bento sea destinado al Complejo Penitenciario Federal Número 6, que fue inaugurado en 2018 en Cacheuta. La otra opción, menos probable,, sería que lo enviaran a la cárcel de Ezeiza.
El propio magistrado ya abrió el paraguas y busca usar a su favor un informe socio-ambiental que menciona la dependencia de sus padres que tiene un hijo del matrimonio Bento. El joven tiene parálisis cerebral y el informe ha servido para que Marta Boiza, esposa del juez e imputada, se ausente de las audiencias del juicio penal.
Si las juezas contemplaran esta situación, podrían dictarle la prisión domiciliaria. Hay que recordar que Bento vive en el barrio Palmares y, aunque se intuye que tiene empleadas, además de las lógicas comodidades para su hijo, el magistrado aduce que la quita del salario como juez lo ha privado de fondos para mantener la rehabilitación de su hijo.
En tribunales federales confían en que las juezas tomarán la mejor decisión. “Son muy serias y lógicas, están llevando bien el juicio”, señalaron desde ese ámbito a Los Andes.
