Después de un lento tratamiento, que incluyó un desfile de especialistas en las comisiones conjuntas de Ambiente y de Hidrocarburos y Minería, el Senado dio despacho favorable hoy al proyecto minero Cerro Amarillo. De esta manera se empieza a destrabar una iniciativa importante del gobernador Rodolfo Suárez para su último año de gestión. Aunque falta que se defina cuándo se votará en el recinto.
Desde Cambia Mendoza explicaron que “no hubo objeciones” por parte del Frente de Todos y se respondieron todas las dudas que había en torno a la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la exploración minera, que data desde 2014. Sin embargo, el peronismo no firmó el documento y seguirá analizando la iniciativa en su bloque. Entonces el despacho fue alcanzado solo con el respaldo del oficialismo.
De este modo, el proyecto enmarcado en la Ley 7722 quedó a disposición para ser tratado en el recinto. Se espera que esta decisión se tome en la próxima reunión de labor parlamentaria, que será el lunes, para que sea debatido entonces en la sesión del martes. Pero la UCR no forzará el tratamiento. “Si hay una oposición cerrada del PJ, vamos a esperar que hagan consultas”, dijo un vocero radical de la Cámara Alta, quien destacó que el justicialismo no votó en contra del despacho de comisiones y también dijo que sólo se trata de habilitar la etapa de exploración. También se propondrá a la oposición que todos los senadores tengan “libertad de acción” a la hora de votar.
SIN DUDAS
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos y Minería, el senador Rolando Baldasso (PRO), comentó a Los Andes que “ya no había nada más que consultar para esta etapa y se contestaron todas las dudas”. Además, aseguró que “todos los especialistas avalaron la vigencia de la DIA”.
“Hicimos cuatro reuniones con exposiciones y luego acordamos que cada uno debía analizar los aportes que habían hecho los especialistas. Hubo también contestaciones a planteos externos de personas que habían hecho objeciones sobre el expediente. Con esto, logramos cerrar la discusión”, consideró el legislador sobre el tratamiento en comisiones.
Baldasso manifestó que “la exploración cumple con todas las leyes y las normas que están reglamentadas. No hay ningún problema. Para el proceso de explotación todavía faltan muchos años”.
En tanto, la vicepresidenta de la misma comisión, Marcedes Derrache (PJ-FdT) consideró que “han sido muy claras las exposiciones y faltaron algunas importantes, como la del especialista en aguas, (Mario) Salomón”. Sobre este especialista, desde el oficialismo señalaron que fue invitado en reiteradas ocasiones y nunca asistió.
Derrache sostuvo que “con lo que hay, algunas dudas se han salvado. Otras las seguiremos estudiando antes de que llegue al recinto”. Por esto mismo el peronismo no firmó de manera positivo. Para ellos el tema no está cerrado y buscarán tomar una decisión como frente.
Cambia Mendoza expresó desde el ingreso del proyecto que buscaría lograr un consenso con la oposición. Si bien no hubo “unanimidad” en comisiones, buscarán que el apoyo se concrete en la votación del recinto.
Este proyecto de ley contempla la exploración del yacimiento para evaluar sus características geofísicas y el potencial geológico con el objetivo de determinar si en el mismo podría desarrollarse un proyecto minero dentro de la legislación vigente.
El proyecto previo a la obtención de la DIA, ha cumplido con todos los pasos previstos en la Ley Nº 5961 y su Decreto Reglamentario Nº 820/06. Además, se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639 para la preservación de los Glaciares y Ley Nº 6045 de Áreas Naturales Protegidas.
Cerro Amarillo realizará la exploración de cuatro áreas de Cateo y una mina ubicado en Malargüe. Será la perforación de nueve pozos exploratorios de no más de 400 metros de profundidad, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. El mineral presente en el yacimiento es sulfuro de cobre, con presencia de otros elementos que, de acuerdo a las técnicas industriales aplicadas de concentrado, se deben extraer mediante flotación.
El proyecto cumple con lo establecido por la Ley Nº 7722 ya que utiliza el sistema de perforación de Diamantina sin el uso de sustancias prohibidas por dicha ley y cuenta el mismo con sectorial del Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Malargüe.
Qué dijeron los especialistas
Los primeros en defender el proyecto fueron, por parte del Ejecutivo, el director de Minería, Roberto Zenobi, y la directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Skalany.
Después llegó el turno del fiscal de Estado, Fernando Simón, y la Ingeniera Laura Najar, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo. Con ellos se despejaron varias dudas, por el lado legal y la situación ambiental de la zona, respectivamente.
Simón manifestó que la DIA “aún no ha entrado en vigencia”, porque la Ley 7722 establece que esto se aplica una vez aprobada por la Legislatura y también sostuvo que no observó “ningún obstáculo legal” para su tratamiento.
En tanto que Najar afirmó que según las revisiones que realizó a través de imágenes satelitales, “no ha habido afectación por alguna actividad antrópica, que hubiera sucedido en el transcurso del año 2014 a la fecha”.
“De alguna forma eso justifica que no es necesario la actualización y que es válida la ratificación que se está solicitando en la Cámara de Senadores”, sostuvo la ingeniera.
Luego fue el turno del rector de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, ingeniero José Balacco y el Licenciado Julio Salvarredi que es profesor adjunto de la Cátedra de Geología Aplicada de la Casa de Estudios. Ambos destacaron que la tramitación de la DIA mencionada, iniciada en el año 2006, ha resultado en un detalle completo de los aspectos exigidos por la autoridad de aplicación y que sería un error no darle curso.
“Los trabajos a realizar, descriptos, realizados según las prescripciones ambientales existentes implican un completo control sobre los escasos impactos ambientales, que resulten mínimos y cuyos efectos no exceden al reducido lapso de ejecución de los mismos”, remarcaron.
Salvarredi enfatizó que dada la baja incidencia ambiental de las labores mencionadas y programadas, no se advierten consideraciones que justifiquen cabalmente la desaprobación de la DIA.
“Más aún la desaprobación a la misma, no justificada racionalmente, sería una obstaculización a las tareas de exploración de recursos mineros estratégicos, resultando en un perjuicio para la región y el país, que necesitan de su evaluación y conocimiento correspondiente para adoptar decisiones de gobierno respectivas y acertadas con el bien común”, aseveró.
