“Buscaría otro sistema de coparticipación, y activar más pasos a Chile. Me acercaría más a un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia”, expresó el gobernador Rodolfo Suárez desde Casa de Gobierno ante corresponsales extranjeros e Infobae.
El mandatario señaló que “no podríamos llegar a ser independientes” porque “dependemos de la coparticipación nacional”. Entonces, la propuesta apunta a lo que sucede en Holanda en donde las jurisdicciones tienen más autonomía financiera como la recaudación de impuestos.
Como para comprender el tema, podría decirse que son las provincias las que le coparticipan a la Nación. Hay distintos grados de autonomía, en donde las jurisdicciones de ultramar como Aruba, Curaçao y Saint Martin tiene más peso que el resto de las continentales. Igualmente, en esta franja también hay diferencias en cuanto a agencias autónomas e ingresos entre Holanda del Sur con La Haya, y Holanda del Norte, en donde está la ciudad de Ámsterdam que además es la capital del reino.
Teniendo en cuenta que San Juan es la octava provincia más favorecida en el reparto nacional, contra un puesto 16 para Mendoza, según los ingresos anuales por coparticipación en 2019. Mientras Mendoza, con dos millones de habitantes, recibió $47.784 millones en 2019, a San Juan, cuya población es de algo más 750 mil personas, llegaron $41.306 millones, según datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación.
La idea fue respaldada por el presidente de la Unión Cívica Radical, Tadeo García Zalazar. “Esto tiene que ver con la descentralización de obligaciones y responsabilidades en los estados nacionales, es un proceso que se está dando en todo el mundo”, indicó a este medio.
La interpretación del sistema holandés que hace el también intendente de Godoy Cruz apunta a provincias con distintos grados de autonomía en temas financieros, administrativos y políticos. “Tenemos una política aduanera muy estricta. En mi caso, tengo el Puerto Seco acá en Godoy Cruz que es la aduana y no podemos opinar ni influir ni en los horarios de atención porque se rigen por un decreto nacional. Es una locura”, manifestó.
Su colega de Lavalle, Roberto Righi volvió a la carga esta semana con la municipalización de los servicios básicos. García Zalazar está de acuerdo “con la autonomia municipal” en donde “no se pueden municipalizar servicios sin descentralizar recursos”. Y recordó la experiencia en los ’90 tras la Reforma de la Constitución en 1994 en donde se transfirió el sistema educativo “pero no todos los recursos”.
Nicolás Aroma, integrante del equipo económico del Partido Justicialista, no comparte la idea de Suárez. “Los sistemas de coparticipación de impuestos son inherentes a la idea y modelos de estados-nación. Es decir, las formas en que se redistribuyen los recursos entre la nación y los estados subnacionales (provincias), dependen, entre otros factores del sistema político institucional, de la extensión del territorio, del grado de desarrollo y de la estructura económica del país y cada una de las provincias”, diferenció.
En esa línea, entiende que no existe punto de comparación con Holanda, porque “estamos hablando de un país con altos niveles de productividad y con una fuerte equidad territorial, algo que no pasa en Argentina”.
Para el economista jefe del Ieral Marcelo Capello, “se puede compartir la visión respecto a que las provincias más pobladas de Argentina deberían contar con mayor capacidad de autofinanciamiento, y depender menos de las transferencias nacionales, aunque desde un punto de vista práctico se debería tener mucho cuidado con la forma en que se aplican esas recomendaciones. Por caso, las provincias cuentan con un impuesto propio muy distorsivo como Ingresos Brutos”.
Capello señaló que “se justificaría un rebalanceo de potestades tributarias entre Nación y provincias en materia de impuestos directos, dado que constitucionalmente tales tributos son de potestad provincial, y volverían más visibles las decisiones de aumento de impuestos por parte de los gobiernos locales, por lo que habría más control de la ciudadanía acerca del destino de esos recursos”.
