Este miércoles ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y transferir parte de sus funciones al Departamento General de Irrigación, con el objetivo de eficientizar el trabajo de control y disminuir la erogación de recursos.
En el proyecto se establece que particularmente se transferiría desde el EPAS a Irrigación la “asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas”.
Además, parte del personal del EPAS será absorbido por Irrigación. Actualmente la estructura del ente de control mantiene a 62 empleados de planta y se destinan $100 millones por mes, lo que da un monto de $1.200 millones al año, del cual el 90% está destinado a sueldos, informaron.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, aclaró a Los Andes que el principal objetivo del Poder Ejecutivo “es prestar un mejor servicio con el menor gasto” y de esta forma “eficientizar las estructuras del Estado”.
En este sentido, si bien aún no se pueden dar detalles de cómo será ese “traspaso” de las estructuras del EPAS a Irrigación, señaló que habrá una disminución “considerable” del dinero que se destina a todo el mantenimiento del organismo de control; y un mejor servicio, que estará a cargo, si así lo decide la Legislatura, de Irrigación.
Por otro lado, aclaró que habrá una reorganización en Irrigación de todo el trabajo del EPAS, que nació durante la privatización con Obras Sanitarias Mendoza (antes de la estatización con Aysam); y cuyos objetivos y trabajos que realizan actualmente deben ser “readecuados”.
De igual forma, Mema sostuvo que la función del EPAS “trasciende” al mero control de calidad y gestión de Aysam, “porque hay 124 operadores de gestión comunitaria que reciben asistencia y también control del EPAS. Ese trabajo lo tendra Aysam”, acotó, si se aprueba la ley.
Además, también se mantendrá por parte de Irrigación la tarea de regulación de tarifas, control de calidad y de gestión.
“Trasladaremos el personal idóneo a esas tareas. Al resto se les ofrecerá una indemnización o se reubicará el personal en diferentes áreas del Estado”, sintetizó el Ministro.
De acuerdo al “beneficio” que podría ser que Irrigación absorba estas áreas del EPAS, sostuvo que el organismo “tiene mas capilaridad y más músculo no solo para el control, sino también para el diseño de proyectos. Además, cuenta con un laboratorio robusto, que se abastecerá del que también tiene el EPAS”, añadió.
Por último, en defensa del actual ente de control, sostuvo que se maneja con “muy buenos” controles de calidad de agua y que cuenta también con “eficiencia en el trato con los operadores”. No obstante, admitió que el rol de control “lo ha venido ejerciendo con dificultad”.
“Orden” y “debilidad” del EPAS
En tanto, Sergio Marinelli, titular de Irrigación, defendió la propuesta y sostuvo que se enmarca en un “ordenamiento del sistema hídrico en Mendoza, porque la problemática que se genera tiene que ver no solo con problemas actuales, sino también con cómo se van comportando los crecimiento urbanos, en especial del Gran Mendoza, con una cantidad de actores y autoridades diversas que en algunos casos tienen más poder y otros menos poder”.
Marinelli aseguró a Radio Mitre Mendoza que el EPAS “no funciona en lo fundamental”, como lo es el control; y agregó que “la situación institucional desde hace muchos años es muy débil frente a lo que debe ser un nuevo objetivo de empresa pública y de los municipios prestadores”.
En este sentido, aseguró que sí puede hacerlo Irrigación, que tiene “más llegada a todo el territorio provincial”, con subdelegaciones con personal técnico, profesional, con maquinarias y “además tiene una estructura con inspecciones de cauce de participación”.
Fundamentos
Desde el Gobierno justificaron la idea de que los trabajos de control y análisis tarifario los realice Irrigación, ya que “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
De esta manera, se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su “sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”.
Además, señalan que la institución cuenta con una “extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos”.
En el proyecto también se aclara que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.
Varios proyectos
La iniciativa se terminó formalizando esta semana, pero hace años que parte de la dirigencia política ya había puesto los ojos sobre la eficiencia de un organismo estatal como el EPAS “controlando” a otro organismo estatal, como Aysam.
De hecho, el hoy intendente de General Alvear, Alejandro Molero, había presentado en 2014, cuando era legislador, una iniciativa que buscaba justamente esto, la disolución del EPAS; y que el dinero que manejaba se utilizara “para mantener y expandir las redes de agua y cloacas, como una forma de contribuir a las alicaídas arcas de Aysam para avanzar en las obras demoradas”.
En tanto, Marinelli añadió que la exlegisladora radical Daniela García también presentó un proyecto en esa sintonía, al igual que Jorge Difonso, hoy en La Unión Mendocina.
Aspectos clave del proyecto de Ley
El texto propone una nueva estructura regulatoria. En este sentido, se establece un marco normativo que permitirá adaptar la regulación del sector a las constantes evoluciones y desafíos, como por ejemplo el cambio climático y el crecimiento poblacional.
Además, al ampliar las funciones del Departamento General de Irrigación, éste tendrá un rol “central” para establecer las pautas tarifarias y el control de la calidad del servicio, ya que se implementarán mecanismos más rigurosos para garantizar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad establecidos.
El Ente, según el proyecto, “atenderá a objetivos económicos, sociales y ambientales, procurando en este caso el sostenimiento y promoción de los espacios verdes vinculados directamente con la prestación”.
También se detalla que las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en su caso, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente.
Irrigación tendrá la función de “elaborar planes estratégicos a largo plazo para el desarrollo del sector”. Se establecerán además mecanismos para que los usuarios puedan presentar reclamos y participar en la toma de decisiones.
Este proyecto también busca incentivar las inversiones en infraestructura y tecnología para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio, especialmente en áreas rurales y periurbanas.
Otro de los aspectos a destacar es que se buscará fomentar la participación ciudadana a través de audiencias públicas y mecanismos de consulta para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones.
De igual forma, desde Irrigación se deberá implementar un sitio web relativo al programa de información al usuario sobre aspectos como “marco normativo del servicio de agua potable y saneamiento; resoluciones emanadas de los organismos de control del Agua y Saneamiento; informes anuales de gestión; información actualizada de las empresas operadoras en la Provincia de Mendoza; índices de cumplimiento de los planes de inversiones y expansión del servicio; fecha, lugar y hora de las audiencias públicas programadas y un espacio para reclamos y/o sugerencias de los usuarios”.
EPAS: transferencia de patrimonio y planta de personal
El proyecto detalla que el total del patrimonio del EPAS será transferido a entidades u organismos que se determinarán en su momento.
Sobre la situación de la planta de personal, el proyecto sostiene que “el Poder Ejecutivo dará pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia laboral, priorizando la situación del personal del Ente. Previa preselección del personal que se realizará antes de la fecha de su disolución, se ofrecerá a los trabajadores en relación de dependencia con el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento una alternativa definitiva de conformidad”.
Esas opciones serán, por un lado, “una incorporación voluntaria al Ente Regulador o al operador Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM, siempre que ello se ajuste a las necesidades de la entidad y medie aceptación expresa por los interesados. A los efectos, se tendrá en consideración la capacitación y las funciones desarrolladas en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento y la idoneidad para las actividades que desarrollará”.
La otra opción será la de “optar por aceptar la reubicación en otra dependencia de la Administración Pública Provincial, en el caso de ser posible y en la medida que se manifieste esa necesidad, o en su defecto una desvinculación y cese laboral debidamente indemnizada”.
