Desde hace tiempo el ciberdelito es una preocupación importante para el Ministerio de Seguridad. La arista trágica de este fenómeno quedó a la vista hace poco, cuando un joven (Angel Yerdeo) pactó en redes sociales la compra de una moto con un vendedor que, en realidad, le estaba tendiendo una trampa: lo mató para robarle el dinero.
Pasó en el cercano barrio La Favorita, pero no provocó un estrépito en las autoridades, que tienen dos razonamientos frente a casos de este tipo. Por un lado, no observan que los índices de delitos con graves consecuencias estén en alza en Mendoza. Por el otro, señalan que la crisis económica, que no es un tema policial, abre en los portales de internet un comercio al estilo trueque que en cierta forma consideran incontrolable.
Ahí entran en juego los perfiles truchos y los riesgos que en buena medida sólo pueden evitar los propios protagonistas de las compras y ventas en sitios como Marketplace. Pero el Ministerio de Seguridad que debe mejorar su intervención en ese mundo, haciendo inteligencia en la web.
Fruto de estos razonamientos es un proyecto que a comienzos de marzo ingresó a la Legislatura un diputado aliado al Gobierno, Enrique Thomas (PRO), el cual es acompañado por el radical Diego Costarelli y tiene el aval de las autoridades políticas de Seguridad, para facilitar la incorporación a la Policía de técnicos en informática, analistas de datos y programadores.
La iniciativa busca reformar un artículo de la ley de Policías (6722), el 48, para sumar a personas con “conocimientos específicos para el manejo y la gestión de recursos tecnológicos, sistemas, bases de datos aplicadas a la seguridad y programas informáticos”.
El objetivo del proyecto es abrir la puerta para que puedan ingresar entre 20 y 30 especialistas que serían destinados a la Dirección de informática y al área de Investigaciones.
El gran problema es que estas profesiones son muy demandadas y al Ministerio de Seguridad no sólo le cuesta sumar este tipo de personal, sino que frecuentemente pierde el que tiene por la oferta de sueldos mejores en la actividad privada. Por eso el corazón del proyecto consiste en permitir que los nuevos agentes puedan ingresar “en forma directa en los grados intermedios de la escala jerárquica de las policías hasta oficiales jefes”. Eso mejoraría el rango salarial de los ingresantes.
Policías sin armas
De acuerdo con la iniciativa, los técnicos en Informática que busca el Ministerio de Seguridad, tras rendir un examen de aptitud, entrarían cobrando más que lo que recibe un auxiliar de la Policía y podría alcanzar con el tiempo el rango de un oficial superior (comisario inspector). Sólo tendría vedado alcanzar el cargo de comisario general.
El auxiliar se prepara un año en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) para poder ponerse el uniforme. En cambio, los que tomen a través de la normativa pensada para reforzar la lucha contra el ciberdelito, cobrarían en el inicio como un técnico de la Policía, que tiene que capacitarse dos años para acceder al puesto.
El proyecto de Thomas señala también que estos agentes podrían quedar exceptuados “de forma optativa del uso de arma de fuego” y no tendrían prohibida la posibilidad de tener otros trabajos. También accederían a otros beneficios del trabajo policial, como los ascensos y la jubilación a los 25 años de servicio, con sueldos equivalentes al 100% de un policía activo.
En el Ministerio de Seguridad entienden que los codiciados técnicos en informática podrían sentirse tentados de tener una ocupación que sería una base segura de ingresos, con unos cuantos beneficios particulares.
Si bien hay necesidad de sumar personal, los funcionarios de Seguridad afirman que cuentan con un plantel no especificado de programadores y desarrolladores en el área de Informática, quienes trabajan para optimizar las cuestiones operativas de la Policía. Asimismo, indican que en Investigaciones se desempeñan otros con tareas más sensibles, como el acceso a la base de datos y los prontuarios. “Hay especialistas en seguridad informática”, sostienen.
El director general del IUSP, el comisario retirado Alberto Rivero, consideró ante la consulta de Los Andes que el proyecto para incorporar expertos en informática “suma”, aunque sugirió que podría generarse en su ámbito un “curso específico” breve de tres meses que les diera una “formación básica” en lo policial.
“Sería bueno para que tuvieran conocimientos del área laboral”, agregó Rivero, quien aclaró que en las distintas carreras del IUSP ( auxiliares, oficiales y licenciados en Seguridad Pública) hay materias y cursos para capacitar a policías tradicionales en el ciberdelito.
“Es uno de los grandes temas en el diseño curricular y hay materias en segundo, tercero y cuarto año”, afirmó Rivero. Hay asignaturas como “Gestión y tecnología de la información para la seguridad pública”, por ejemplo. También se enseñan a los aspirantes protocolos de seguridad y se dan cursos sobre los delitos tecnológicos con participación de autoridades de la Justicia.
Relegado en la agenda
A pesar de que el proyecto contiene una necesidad urgente para el Ministerio de Seguridad, está bastante relegado en la agenda legislativa.
La iniciativa fue anunciada a Los Andes por el propio ministro de Seguridad, Raúl Levrino, en setiembre del año pasado. “Vamos a incorporar a estudiantes avanzados de ingeniería informática. Los incorporaríamos con rango policial. Voy a llevar esa reforma a la Legislatura”, prometió el funcionario.
Sin embargo, el proyecto recién fue oficializado en marzo por el diputado Thomas. Esto genera el problema de que la iniciativa no se pueda discutir hasta después del 1 de mayo, ya que la Legislatura se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias y sólo trata las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo.
Por el momento, el proyecto se encuentra, sin debate aún, en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados. Pero uno de los órganos que no lo ha discutido es el más específico de todos: la comisión Bicameral de Seguridad.
A pesar de que el circuito del proyecto es por lo menos silencioso, el presidente de la Bicameral de Seguridad, el justicialista Néstor Márquez, consideró que no existirían obstáculos para su aprobación. “No lo hemos debatido ni lo hemos priorizado, pero así como título, no habría ningún problema”, expresó el legislador.
En el Ministerio de Seguridad explican que el proyecto no llegó por la vía más rápida porque pretende que los legisladores se comprometan en la discusión. “Queremos que los legisladores aprendan lo difícil que es esto y que se muestren las dificultades a las que nos enfrentamos”, explicó al respecto un funcionario.