El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en la causa donde se investigan el delito de administración infiel sobre el dinero que se manejaba del plan Potenciar Trabajo. La audiencia será el 25 de junio próximo.
La sospecha de la Justicia es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”. Belliboni, además, está acusado de extorsionar a beneficiarios de la asistencia estatal.
Dos de los espacios piqueteros involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, dijo el juez Casanello en el llamado a indagatoria.
Se incluye a otros referentes del Polo Obrero, no sólo a Belliboni. El juez Casanello indicó que se comprobó, además, el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados -al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”, lo que podría representar operaciones de lavado de activos.
Se trató de montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”.
Es decir, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, señaló el magistrado.
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