Por segunda vez, un gobernador envía a la Legislatura la declaración de impacto ambiental para autorizar la exploración del yacimiento Cerro Amarillo. De acuerdo con la ley 7722, toda tarea minera debe ser avalada con el voto de las dos cámaras legislativas.
En la exploración se trata de averiguar cuánto mineral hay y establecer claramente dónde se encuentra. Pero desde el Gobierno indican que tanto en esta primera etapa y aún en caso de que se pase a la etapa de explotación, no se usará ninguno de los químicos prohibidos por la ley antiminera.
En octubre de 2014, Francisco Pérez, había enviado el expediente a la Casa de las Leyes y no pasó el análisis de las comisiones de Energía y de Ambiente del Senado. El 15 de octubre de ese año, Ricardo Villalba, por entonces titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), anunció que no estaba terminado el inventario de glaciares en las cuencas de los ríos Grande y Malargüe.
Ese dato resulta clave, porque toda actividad minera debe realizarse fuera de la zona de glaciares. Ahora, con el inventario concluido, Suárez insistirá para que la Legislatura autorice la exploración en Cerro Amarillo, una veta de cobre ubicada en Malargüe.
El envío de los antecedentes se concreta en medio del reclamo de sectores empresarios y sindicales por la zonificación minera para Malargüe, a partir de que el intendente de ese departamento, Juan Manuel Ojeda, presentó un proyecto para exceptuar su territorio de la aplicación de la ley 7722. Mientras, el Gobierno provincial apuesta por avanzar en proyectos contemplados dentro de esa Ley.
“Es un proyecto que se lleva adelante en Malargüe. En su momento había ido a la Legislatura y hubo un problema con la Ley de Glaciares, que no estaba reglamentada y no se sabía bien dónde estaban ubicados. Hoy este proyecto está fuera de la zona de la ley, no afecta absolutamente nada, entonces es una gran oportunidad”, aseguró el mandatario provincial tras participar del Congreso Nacional de Pymes Constructoras en Maipú.
Además, explicó que “es un proyecto de cobre que va a la Legislatura, porque son los legisladores los que tienen que aprobar todos los estudios para comenzar la etapa de exploración, sin usar ninguna de las sustancias que la ley 7722 prohíbe”.
“Es una gran oportunidad de desarrollo del Sur. Si a eso le sumamos lo que ya está ocurriendo en Hierro Indio y Potasio Río Colorado, que el potasio es uno de los minerales que más se requieren en el mundo en la actualidad sobre todo en Brasil y Chile, estamos ante una gran oportunidad para generar mucha riqueza para Mendoza desde Malargüe”, confió Suárez.
Cerro Amarillo se encuentra 60 kilómetros al oeste del centro malargüino. Se trata de un yacimiento de cobre cuyo tratamiento legislativo fue obstaculizado, en 2014. porque no estaba terminado el inventario de glaciares. Finalmente quedó comprobado que no está en zona de glaciares y por eso Suárez lo retomó.
Según datos oficiales, el proyecto de Cerro Amarillo está en el sur del malargüino, a una altura promedio de 2800 metros. El dato más importante que esgrimen desde el Ejecutivo es que el proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe “por lo que no existe ninguna potencial afectación del agua utilizada para consumo humano o usos productivos ni en el departamento de Malargüe ni en los departamentos de San Rafael y General Alvear”.
De acuerdo con la información suministrada a Los Andes, Cerro Amarillo se encontraría sobre la misma formación geológica en la que se encuentran algunas de las principales minas de cobre de Chile, entre ellas, El teniente, que es la mayor mina subterránea del mundo.
En los despachos oficiales se sabe que el mineral de Cerro Amarillo es un pórfido de cobre (N. de la R: pórfido es un tipo de mineralización con la que se presenta el cobre en la naturaleza, generalmente por la presencia de otro mineral, en muchos casos el molibdeno, que se utiliza en la producción de aceros).
La bibliografía indica que los pórfidos son la principal fuente de cobre a nivel mundial y son parte de grandes sistemas hidrotermales que se han formado en zonas de colisión de dos placas terrestres, indican desde el Ministerio de Economía y Energía.
En general, el tamaño de depósitos de pórfidos de cobre varía de 50 a 4.500 millones de toneladas, pero a párrafo siguiente se indica que es precipitado suponer la dimensión del proyecto y “para esto se realiza campaña de exploración que tiene entre otros objetivos determinar el tamaño del mismo”.
El análisis de las muestras superficiales y la geofísica aérea y en terreno desarrollada en el proyecto muestran que los minerales que componen el proyecto son sulfuros de cobre, que no requieren proceso de tratamiento con ninguna de las sustancias químicas prohibidas por la Ley 7722, sino que requieren un proceso físico de separación por flotación, que no encuentra impedimento.
El procedimiento de flotación inicia con la extracción del mineral, que se muele y se lo somete a flotación para separarlo de la roca.
En la actualidad un proyecto de estas características, de resultar factible, puede requerir una inversión para su construcción de alrededor de 3.000 o 4.000 millones de dólares, con todo lo que esto implica en materia de generación de trabajo: más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación, según cálculos oficiales.
En la actualidad hay 250 minas de cobre en producción en 40 países; el 80% utilizan el método de flotación.
