“La política en general ve a los movimientos sociales, pero Alberto nos escucha”. La definición de un alto dirigente de una organización piquetera con mucha presencia en los barrios más humildes de Mendoza pinta mejor que nada la política que ha adoptado el actual gobierno nacional con una parte de la dirigencia social. Si Néstor y Cristina Kirchner los cooptaron, si su odiado Macri los mantuvo a raya con fondos frescos, Fernández directamente los sumó a la gestión. Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, es secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social. Y con él su sumaron al Ejecutivo otros dos líderes de estas organizaciones, Rafael Klejzer (Movimiento Popular La Dignidad) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie). Desde allí, manejan un programa de 570 mil planes sociales que engloba un presupuesto de casi 5 mil millones de pesos mensuales.
La mayor parte de esa asistencia social se queda en el conurbano bonaerense. A Mendoza llega muy poco: son entre 3 y 5 mil planes (los datos oficiales no son precisos) de $ 8.500 por beneficiario que gestiona la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La integran 13 organizaciones, casi todas cercanas al peronismo y al kirchnerismo. La principal y más grande es el Movimiento Evita, aunque también tienen peso propio La Dignidad y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que responden al piquetero Juan Grabois; y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que lidera a nivel nacional el diputado nacional del FdT Juan Carlos Alderete.
Si la crisis de 2001 alumbró a estas organizaciones como reemplazantes del Estado en la asistencia a millones de argentinos que cayeron de un día para el otro en la pobreza, la pandemia 2020 las ha empoderado nuevamente, aunque hay que decir que nunca en estas dos décadas dejaron de trabajar socialmente en los barrios. Es más, se fueron multiplicando y hasta repiten entre ellas la grieta política que divide al país en todos los ámbitos. Así, de un lado están las que apoyan al Gobierno nacional, que son la mayoría; del otro, las que quedaron enfrente, más cercanas a la izquierda más combativa o al radicalismo, como ocurre en Mendoza.
El trabajo de la UTEP en la provincia es silencioso pero muy activo. Además de los planes sociales y del reparto de bolsones de alimentos que le “bajan” de la Nación, maneja comedores y merenderos donde trabajan sus militantes (unos 5 mil entre todas las “orgas”). Hoy, la mesa de dirigentes que la integran tiene una nueva meta: el programa Potenciar Trabajo, bajo el que el gobierno de Fernández quiere unificar todos los planes sociales existentes. Según dicen, la idea es que dejen de ser un subsidio y se conviertan en usinas de trabajo sostenido para lo que ellos llaman “trabajadores de la economía popular”, un segmento de cuentapropistas en negro del que, se calcula, viven unas 6 millones de personas en el país. Precisamente, los destinatarios del trabajo social y político de estas organizaciones.
Por eso, el Potenciar Trabajo empieza a ser visto como un botín electoral (o clientelista) por intendentes y gobernadores que observan cómo la gran mayoría de estos planes no pasan por sus manos, sino por las de los piqueteros que tienen línea directa con Pérsico. Es decir, la UTEP, que en Mendoza además del Evita, la CCC y La Dignidad, integran Somos (desprendimiento de Barrios de Pie), UST, Apepro, La Poderosa, Octubres, Frente Popular Darío Santillán, OLP, FSP, MTE y Pueblo Unido.
Los oficialistas
“El gobierno anterior (de Macri) intentó desarmar estos planes. Ahora se está tratando de reenfocarlos y unificarlos, más allá de la contraprestación”, dice Gastón ‘Willy’ Donato, líder del MP La Dignidad en Mendoza y “delegado” de Pérsico como titular en la provincia del Centro de Economía Popular, que depende del ministerio que comanda Daniel Arroyo.
Donato -"conoce a todos y todos lo conocen", lo definen en su entorno- desmiente que las organizaciones más afines al kirchnerismo, como la que él integra, estén siendo beneficiadas con el manejo de estos planes sociales. “Desde el gobierno nacional se están abriendo varias líneas de gestión de recursos, para que no queden en un solo lugar”, dice y asegura que intendentes y gobernadores también tendrán cupos para inscribir beneficiarios de los Potenciar Trabajo.
Sin embargo, un jefe comunal radical del Gran Mendoza se quejó ante Los Andes por el “manejo discrecional de los programas nacionales” y porque el Ministerio de Desarrollo Social “se niega sistemáticamente a compartir bases de datos para optimizar la ayuda social”.
“No coordinan con los municipios, bajan la ayuda a las organizaciones o a la regional en Mendoza sin ningún criterio. Lo ideal sería cruzar los datos en este contexto de escasez”, agregó molesto el intendente. Otro jefe comunal, peronista, fue menos crítico con el papel que juegan estas organizaciones aunque reconoció que no tiene contactos con sus dirigentes y tampoco con Pérsico.
Donato responde que las inscripciones para el Potenciar Trabajo están abiertas para todos, no solo para las organizaciones que integran la UTEP. “El criterio es mucho más democrático que lo que maneja el gobierno provincial o algunos municipios. El manejo de los recursos estatales del gobierno de Cambiemos fue mucho peor de lo que criticaban en materia de clientelismo”, asegura el dirigente social, que no oculta su adhesión al gobierno nacional pero aclara: “No somos el kirchnerismo, construimos también con otros sectores del peronismo y del campo popular”.
Otro referente de la UTEP en Mendoza es Pablo ‘Oso’ Soloa, del Movimiento Evita, que lidera el histórico dirigente peronista Luis Böhm. Tiene presencia en 15 de los 19 departamentos de la provincia, con 1.900 militantes que manejan unos 100 comedores y merenderos. “Los cuestionamientos siempre van a estar, tanto internos como externos. Los piqueteros y planeros nunca hemos sido bien vistos por la sociedad. Pero somos trabajadores que todos los días salimos a buscar el pan para nuestra familia". Y descarta que exista “arbitrariedad” en la gestión de los planes sociales: “En realidad, el Estado ha ganado fortaleza con nosotros en el gobierno, en el sentido de que tenemos una mirada de las problemáticas sociales que los funcionarios no logran tener”.
Soloa insiste en defender la gestión que hacen de los recursos que les da la Nación: “Somos los más indicados para gestionar los planes sociales porque los beneficiarios están organizados y producen, no son los planeros que cobran y no hacen nada, en nuestra organización no pasa”. Después aclara que están en contra de los planes sociales, aunque hoy son una necesidad. “No queremos más planes sociales, queremos apostar al trabajo y la producción”, reafirma, antes de apuntar con el Gobierno provincial: “La política social que tiene es casi nula: bolsón de alimentos, una frazada, un colchón. Eso no alcanza. Mendoza casi no tiene planes sociales, no hay una política de empleo para los sectores humildes. La política laboral es hacer megaobras, pero no hay una para la economía popular”.
Los opositores
Adrián Bonada es el coordinador provincial de Barrios de Pie, una organización que rivaliza con el Evita no solo por su dimensión y presencia en el territorio, sino también por sus diferencias políticas. Si bien coincidieron en su adhesión inicial al gobierno de Néstor Kirchner, Barrios de Pie después se abrió cuando el ex presidente se “pejotizó”. A nivel nacional, esta organización, brazo social de Libres del Sur, tuvo un cisma el año pasado cuando su líder, Daniel Menéndez, volvió al regazo K y armó Somos, agrupación que hoy integra la UTEP.
En Mendoza, Barrios de Pie no solo es opositora a la Nación sino que es parte del gobierno provincial. Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social, es dirigente suyo. “Tenemos buena relación y dialogo permanente con la mesa de la UTEP, pero también una lectura distinta del gobierno provincial y disidencias metodológicas”, admite Bonada, que en lo discursivo no se diferencia mucho del resto de los dirigentes entrevistados: “Tenemos presencia en 243 barrios con merenderos y comedores, hemos registrado 20 mil personas de la economía popular”, dice para marcar la cancha.
Barrios de Pie, por su orientación política, no gestiona los planes sociales que maneja Pérsico, aunque Bonada asegura que han podido anotar a miembros de su organización en los nuevos Potenciar Trabajo, que por la pandemia aún no tienen fecha de implementación en Mendoza.
Y aunque prefiere no cuestionar a las otras organizaciones (“estamos todos en la misma”, afirma), reconoce que el acceso a los planes depende de la capacidad de lobby de cada una con la Nación. “Es una situación complicada porque el gobierno (nacional) no nos abría la puerta, lamentablemente. Con los niveles de pobreza que hay, se necesitan”, dice.
Después, como los otros, admite: “En vez de que hubiera planes nos gustaría que hubiera laburo”. Y le pone números al problema: “En Mendoza no hay más de 5 mil planes hoy. Y tenés entre 400 y 500 mil pobres, 5 mil planes sociales no es una política de impacto”.
La Provincia le reclama información a la Nación
Alejandro Verón es el subsecretario de Desarrollo Social de la Provincia. Dirigente de Barrios de Pie y Libres del Sur, partido que forma parte de Cambia Mendoza, llegó al cargo en la gestión de Alfredo Cornejo y continúa allí con Rodolfo Suárez.
Si bien admite las diferencias políticas con la UTEP, elogia el trabajo que las organizaciones K hacen en los barrios: “Estamos en una situación de emergencia y le han puesto el hombro a laburar en pandemia”, dice el funcionario.
Su mayor cuestionamiento al manejo de los planes sociales que hace la Nación es porque no comparte con la Provincia la información sobre los beneficiarios: “Es necesario para poder ver que no haya gente que se quede sin ayuda. Por ahí hay alguien sobreatendido, entonces se puede redirigir esa ayuda a otro”.
Con los últimos datos oficiales de pobreza en la mano, Verón coincide en que los planes sociales son hoy un colchón fundamental para evitar que más gente caiga en la indigencia, aunque también admite que son insuficientes. “La franja de pobres nuevos es gente que trabajaba. Son nuevos pobres que no se tienen que volver estructurales, la única forma es generando condiciones para crear trabajo”.
Según informa, desde marzo la Provincia ha puesto $ 270 millones en asistencia alimentaria a los más afectados por la pandemia. A eso hay que sumar $ 10 millones que mandó la Nación y los 69.379 beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que hay en la provincia, quienes por las dificultades en la distribución nacional del plástico cobran cada mes en el banco junto con la AUH.
