El gobernador, Rodolfo Suárez, aseguró que la Provincia atraviesa un “problema grave” por una deuda que superaría los $70.000 millones con las distribuidoras eléctricas. Y anticipó cual será la estrategia que llevarán adelante para saldarla: “Trabajamos en un esquema de prorrogar las concesiones por 20 años más a cambio de toda la deuda que tenemos”, manifestó y aseguró que “la condición es no deberles un peso más”.
En esa línea, el mandatario reconoció que se trata de un tema “muy complejo. Tenemos una deuda enorme con las distribuidoras eléctricas y, además, las demandas que pueden haber en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones)”. Según explicó, en marzo de 2015, “cuando (Francisco) Paco Pérez se iba del gobierno reconoció esta deuda a estas distribuidoras. Es como un cheque que tienen contra el gobierno de la Provincia. Es muchísima plata y realmente nosotros no podemos afrontar ese tipo de pago”.
Así, la respuesta que ha estudiado el gobernador con sus asesores es la facultad que tiene para prorrogar la concesión a las distribuidoras a fin de cancelar la deuda. En ese sentido aclaró que “las acciones que tiene el privado en Edemsa, son de ellos, no de la Provincia” y que se da este debate ahora porque se realiza la última revisión. “Si nosotros vendiéramos las acciones y vamos al nuevo proceso, esa plata tampoco viene a la Provincia. Va a quien tiene la concesión ahora en acciones. Entonces vamos a prorrogar. Estamos haciendo todas las consultas”, afirmó Suárez.
La semana pasada el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, había afirmado a Los Andes que buscaban “que las empresas renuncien al reclamo y con esto resuelto sentarnos a negociar algunos cambios en las relaciones hacia adelante”. Y reconoció que “hay un ida y vuelta de conversaciones informales que se deberían plasmar en una carta-oferta formal, para a partir de ahí ver qué posibilidades tiene el Ejecutivo de acceder a lo que nos pidan. El objetivo es que no paguen los usuarios y a la vez sanear el sistema eléctrico de acá en adelante. Queremos centrarnos en las inversiones y en el mejoramiento de todo el sistema eléctrico”, remarcó el funcionario.
Como las acreedoras son Edemsa, Edestesa y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, la oferta que haga el Ejecutivo a las tres empresas debería ser aceptada para firmar nuevos contratos.
La deuda nació en la gestión de Francisco Pérez, bajo un programa nacional denominado “Convergencia de Tarifas Eléctricas”. En enero de 2015 Pérez firmó con el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, un convenio para retrotraer las tarifas a los valores vigentes a 2013 y mantenerlos congelados hasta diciembre de 2015, a cambio de obras “tendientes a levantar puntos de saturación de abastecimiento a la distribución, u obras tendientes a disminuir pérdidas o para seguridad de abastecimiento”.
Ese convenio fue ratificado por el decreto 390, de marzo de 2015. En el artículo 4 de ese decreto, se indica que “el Poder Concedente reconocerá a las Distribuidoras el denominado ‘diferencial de VAD Propio por ingresos no percibidos’, de acuerdo con los procedimientos de revisión tarifaria ordinaria”. Ese reconocimiento de “ingresos no percibidos” por no haber sido actualizada la tarifa, es lo que generó la deuda que ahora busca resolver Suárez.
El monto total reclamado todavía debe ser homologado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). El dato que ventila el Gobernador es el que reclama Edemsa, que salió de una auditoría realizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Según ese trabajo, serían alrededor de 72.000 millones de pesos lo que se debe solo a esa empresa.
TIEMPO LIMITADO
En junio del año que viene tendrá lugar la última Revisión Tarifaria Integral de Edemsa y Edestesa antes del vencimiento de las concesiones (es una revisión que se realiza cada cinco años). Será la última instancia en la que estará vigente la posibilidad de que la deuda se traslade a las facturas de los usuarios.
Si bien desde el Gobierno insisten en que la intención es que no haya suba de tarifas, lo cierto es que una futura compensación en las boletas de los usuarios no puede ser completamente descartada. Eso sí, en caso de concretarse, debería ser formalizada en el marco de la revisión integral. “Es por eso que necesitamos resolver el asunto de la deuda ahora. Queremos llegar a junio del año que viene con todo esto resuelto”, apuntó Mema a Los Andes.
En forma paralela, avanza ante el Ciadi una demanda de parte de los accionistas extranjeros de Edemsa. El disparador del reclamo es el mismo: la pérdida de rentabilidad durante los años de congelamiento de tarifas, pero en vez de solicitar una compensación monetaria concreta, reclaman un resarcimiento por “la ruptura de la ecuación económica financiera”.
ÚLTIMOS AÑOS DE CONCESIÓN
En 1998 se inició la concesión de 30 años de Edemsa y Edestesa. Esta última es una sociedad conformada por 10 cooperativas que prestan servicios en el este mendocino, hasta General Alvear. Edemsa, en tanto, actualmente es propiedad del grupo Vila-Manzano.
En 2028 vence el período de concesión a los accionistas de Edemsa y Edestesa. De acuerdo con lo que dicta la ley 6.498, los adjudicatarios de las acciones clase “A” de ambas empresas suscribirán a un “mandato irrevocable de venta otorgado a favor de la Autoridad de Aplicación con facultades para vender las mismas al concluir cada período de gestión”. Dicho de otra forma, los titulares de las acciones tienen la obligación de venderlas una vez vencida la concesión.
Por otro lado, la normativa determina que “la venta de tales acciones se llevará a cabo mediante licitación pública nacional e internacional y los oferentes serán previamente calificados”. Asimismo, se establece que lo obtenido por las acciones se pagará al anterior titular, es decir, el actual concesionario.
“Si resultase adjudicatario el mismo titular de las acciones, la venta no se llevará a cabo, continuando el mismo accionista en la gestión de la concesionaria por otro período de gestión”, agrega la ley. En ese caso, el titular de las acciones debe manifestar con antelación su intención de mantener la concesión. Con el pedido formal en mano, el Ejecutivo puede resolver extender la titularidad de las acciones y directamente no hacer el llamado a licitación.
La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, por su parte, tiene una concesión por 99 años, que vencen aproximadamente en seis décadas
LA DEUDA CON CAMMESA
Las distribuidoras juegan dos partidos al mismo tiempo. Por un lado, reclaman más de $70.000 millones por el período de congelamiento de tarifas; pero, por otro, son deudoras de más de $ 11 mil millones por la energía comprada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) durante el mismo período (el congelamiento rigió del 2002 al 2015).
En los últimos años las negociaciones han estado abiertas y se han barajado diferentes posibilidades de pago. De hecho, en 2020 salió una resolución que creaba el marco para la regularización de la deuda de las empresas en un plazo de cinco años, con un semestre de gracia y una tasa de interés reducida. Sin embargo, el grueso de la deuda siguió existiendo y a nivel nacional, sumando todas las distribuidoras, hoy supera los $ 500 mil millones.
En este marco, el Gobierno Nacional amenaza en el texto del presupuesto nacional 2023, con retener parte de la coparticipación a las Provincias si las distribuidoras eléctricas no pagan sus deudas.
