La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones que iban a llevarse adelante este domingo en Tucumán y San Juan se convirtió en un material más para alimentar el juicio político que el Frente de Todos promueve en la Cámara de Diputados contra los cuatro jueces del máximo tribunal.
El oficialismo quiere aprovechar el impacto que generó esta última decisión de la Corte para revitalizar el proceso iniciado en enero en la comisión presidida por Carolina Gaillard (Frente de Todos), que volverá a reunirse el próximo jueves 18 a las 11.
Tal como anunció el presidente Alberto Fernández, la idea es ampliar el proyecto para sumar como causal los fallos sobre Tucumán y San Juan, que, según entienden, son violatorios del federalismo. Los jueces de la Corte ya eran acusados por las sentencias sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, el “2x1″ para genocidas y el manejo irregular de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).
Pero lo cierto es que, en la próxima reunión, la comisión volverá sobre el tema de la obra social, donde el Frente de Todos considera que “hay mucha tela para cortar”. De hecho, ya se realizaron cuatro reuniones en torno a este tema, que además dejó algunos de los testimonios más impactantes, como el del exadministrador de la Corte Héctor Marchi.
La propia Cristina Kirchner, a través de Twitter, aseguró que los últimos fallos de la Corte buscaron “tapar” lo que en ese momento estaba denunciando Marchi en la comisión: el supuesto otorgamiento de contratos por parte de Horacio Rosatti a cambio de ser beneficiado en una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2021. En esa causa, la Sala 1 de la Cámara de Casación Federal sobreseyó a Rosatti en menos de dos meses.
“Tapadera del escándalo de Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales”, advirtió la vicepresidenta.
Los próximos testigos
Para la reunión del jueves, el oficialismo espera que la Justicia preste su consentimiento para trasladar por la fuerza pública al exdirector de la obra social, Aldo Tonón, que se negó a declarar en tres oportunidades. Esa decisión está en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro 12, subrogado por Ariel Lijo.
También se volvió a citar a Sebastián Clérici, secretario letrado de la Corte (que había pedido reprogramar su presentación); los contadores y auditores externos Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez; y Laura Ambrosio, afiliada de la OSPJN.
Las irregularidades en la obra social, que constan en los distintos informes de auditoría que analiza la comisión, van desde falta de presupuestos y vacantes en el directorio hasta contrataciones irregulares, recortes en las prestaciones y faltante de medicamentos.
