El Senado provincial estudió la semana pasada en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales un proyecto de ley que busca brindar herramientas para prevenir y resolver a tiempo delitos con modalidad virtual como acosos, estafas virtuales, tráfico de pornografía infantil, suplantación de identidad, robo a cuentas bancarias y hackeos, entre otros.
La norma llegó a la Legislatura a través del Fiscal de Delitos Informáticos Santiago Garay hace más de un año, quien la presentó como ciudadano, con la intención de crear herramientas procesales para la lucha contra la criminalidad virtual. El mismo ya tiene despacho de la comisión de L.A.C y podría tratarse en los próximos días en la cámara alta, ya que cuenta con el aval del frente mayoritario Cambia Mendoza.
Nuestro país adhirió desde el año 2018 a la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, la cual compromete a los estados integrantes a ajustar su normativa penal a la asistencia y cooperación internacional, por lo que este proyecto va en ese sentido.
La propuesta crea una figura que, si bien es antigua para otros delitos como el narcotráfico, es novedosa para la criminalidad informática. “El Agente Encubierto Informático” consiste en que agentes especiales en informática, camuflados con identidad falsa y con la debida autorización del Juez de Garantías, podrán infiltrarse en organizaciones criminales con el objeto de individualizar a sus autores y de recolectar la prueba que los incrimine para ponerlos en manos del Fiscal.
También se crea la figura del “Registro de un sistema informático e incautación de datos”. Se trata de una modalidad de registro, incautación y conservación de computadoras, archivos, sistemas, etc, que no son fotos o papeles. Es decir, que no se previeron específicamente en la normativa actual y tiene la posibilidad de extenderse a sistemas remotos de archivo de datos, pero con el control de peritos de parte y con su debida registración en video, de manera que se puedan asegurar las garantías del imputado.
La normativa prevé también la posibilidad de exigir a terceras personas aportar de manera preventiva datos informáticos contenidos en sus sistemas para ser almacenados y que no puedan ser borrados o destruidos. De esa forma podrían ser utilizados como evidencia en investigaciones largas y complejas.
RESPALDO DEL OFICIALISMO
Frente a esto, el presidente del bloque de senadores del Frente Cambia Mendoza, Martín Kerchner, considera que “es indispensable trabajar en este proyecto, ya que lo que busca es tratar las herramientas que utiliza un fiscal para los delitos penales a nuestro siglo, porque los delitos cibernéticos crecen todos los días y hay que atacarlos con mayor eficiencia”.
“Nuestro Código de Procedimientos en materia penal no cuenta con instrumentos adecuados para perseguir eficientemente este tipo de delitos. Si bien la normativa actual ordena al fiscal a recolectar la evidencia para acreditar delitos en general, se entiende siempre como prueba ‘material’, pero la informática, la que circula por las redes, suele ser electrónica, digital, virtual, en definitiva, es ‘inmaterial’. Y es que muchas veces, los archivos que contienen la evidencia no se encuentran en las computadoras que se secuestran, sino en archivos virtuales o nubes que incluso pueden estar fuera del territorio nacional”, explicó Kerchner.
Y añadió: “Si se aprueba esta ley, delitos como las estafas virtuales, el tráfico de pornografía infantil, suplantación de identidad, robo a cuentas bancarias, hackeo, acoso, difamación, etc, podrán ser detectados a través de estas herramientas. No solo le servirán al Fiscal que investiga y persigue esta modalidad delictiva, sino que resguardará efectivamente las garantías del proceso contra al delincuente”.
El legislador también le pidió compromiso a la oposición para tratar el proyecto: “Creemos que es una herramienta central, por lo que esperamos contar con el acompañamiento de todo el cuerpo político de la provincia. Porque después de todas las cosas que vienen pasando en la Argentina y en el mundo con los femicidios, necesitamos herramientas útiles para prevenir, detectar y resolver a tiempo las modalidades de acoso y engaños virtuales”.
“Además esta normativa establece derechos, garantías y normas constitucionales que protegen el derecho a la intimidad, debido a que interviene un juez de garantías para que el fiscal no pueda hacer lo que quiera, sino que este también, tiene un mayor control”, completó Kerchner.
