A contramano de los planes del oficialismo, que esperaba un mero trámite formal, el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia arrancó en la Cámara de Diputados en medio de cruces y chicanas cruzadas con la oposición, que marcaron el tono del debate que dominará los próximos meses.
El Frente de Todos logró comenzar el proceso contra los cuatro jueces del máximo tribunal y trazar una hoja de ruta para las próximas dos reuniones, mientras que Juntos por el Cambio dio muestras de resistencia y dejó en claro que saldrá a contestar todas las acusaciones que formule el oficialismo.
Los cruces se sucedieron durante tres horas y media en la Comisión de Juicio Político, que preside la entrerriana Carolina Gaillard. Allí, el quórum se consiguió con los 16 representantes del Frente de Todos, aunque casi en simultáneo se sentaron los 14 diputados de Juntos por el Cambio, y luego se sumó Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal.
Al abrir la reunión, que se desarrolló en una abarrotada sala 1 del edificio anexo, Gaillard leyó uno a uno los 14 expedientes presentados contra jueces de la Corte y las denuncias que los fundamentan.
La polémica se desató cuando intervino el mendocino Omar De Marchi (PRO). “Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda importante de la Argentina. Este camino nos conduce al patio trasero de la Argentina”, disparó.
El legislador cuestionó “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”. “Vamos a someternos a un procedimiento que durará dos, tres meses, y mientras todo esta circo perdura, hay muchísimos argentinos que la pasan mal”, insistió.
El titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, intentó poner fin a la discusión: “No venimos a montar ningún circo. Venimos a esta comisión a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional, no a hacer otra cosa. Estamos en una situación de gravedad extrema”.
“Nosotros no hablamos en conciliábulos nocturnos, para eso está Lago Escondido”, remató el santafesino en alusión al viaje de jueces, funcionarios y empresarios a la Patagonia, conocido a través de un chat filtrado.
En tanto, el kirchnerista de origen radical Leopoldo Moreau insistió en que “no hay ningún tipo de circo, patoteada o amenaza” y alertó que “esta Corte tiene dueños: los que se han alineado con su Corte son los 500 empresarios que firmaron el comunicado, algunos de los cuales han obtenido fallos favorables, como el caso Ledesma”.
El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recogió el guante y denunció que “estamos acá porque hay dos fallos de la Corte que le molestan al poder político, no hay otra razón. Todo lo demás es cotillón”.
López, uno de los diputados que llevará la voz cantante en Juntos por el Cambio, introdujo una chicana al preguntar si convocarán a la ronda de testigos al ministro de Economía, Sergio Massa, pero en el oficialismo nadie acusó recibo.
La excusa de la principal oposición para citar a Massa es el fallo de la Corte sobre la coparticipación porteña, aunque la verdadera intencionalidad es que el titular del Palacio de Hacienda blanquee su posición sobre el juicio a la Corte, del cual todavía no se expresó.
Los dos representantes massistas en la comisión, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, estuvieron presentes en la reunión (que de lo contrario hubiese fracasado), pero no intervinieron en el debate.
La acusación
Las fechas del debate serán las que estaban previstas: el 2 de febrero expondrán los autores de los proyectos, mientras que el 9 del mismo mes se abrirá la etapa de investigación, que dará lugar a las citaciones y a la búsqueda de pruebas.
“Voy a garantizar que esta comisión se ajuste a la Constitución Nacional, al reglamento de la Cámara y al de la comisión. El juicio político no es un juicio penal, como Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la Justicia”, explicó Gaillard.
López, de la Coalición Cívica, propuso no esperar a abrir el sumario para escuchar a invitados, y adelantar esas exposiciones para el momento de dictaminar sobre la admisibilidad del proceso.
“Las últimas causales que han entrado desde diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”, advirtió López, quien pidió escuchar a juristas, asociaciones de magistrados y algunos actores de la sociedad civil para determinar si corresponde abrir la investigación.
Sin embargo, Martínez rechazó la propuesta: “No tenemos ningún problema en dar todos los debates políticos que haya que dar el 9 de febrero respecto de la admisibilidad, pero para nosotros los invitados entran en la etapa de la apertura del sumario”.
El proyecto principal del Frente de Todos, impulsado por el Gobierno nacional y un conjunto de gobernadores y encabezado por Eduardo Valdés, acusa a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El eje de la acusación son los fallos sobre la coparticipación porteña, el Consejo de la Magistratura y el cómputo del “dos por uno” de las penas por delitos de lesa humanidad, además de supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.
