El esperado anuncio del gobernador Rodolfo Suárez durante el discurso del 1° de mayo empezó a concretarse. Finalmente hoy, el plenario de comisiones firmó despacho en mayoría para la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental.
El PJ ya adelantó no que está de acuerdo con el “sesgo ideológico” del proyecto y que no comparte algunos puntos de la iniciativa. La diferencia principal es que la UCR quiere que sea un Consejo para pensar la Mendoza de acá al futuro y el peronismo busca que el organismo intervenga solamente en lo inmediato y ante la emergencia sanitaria.
Aunque todavía no hay ningún texto circulando, se espera que la oposición saque un despacho en minoría. Y desde el oficialismo están apurando los trámites para que el proyecto se trate en las sesión de mañana en Diputados o más tardar la semana que viene.
“Hemos recibido aportes en el marco de estas reuniones plenarias para lograr un consenso general en torno a este proyecto, teniendo en cuenta que hay distintas iniciativas en esta línea no sólo en este contexto de pandemia sino a lo largo del periodo democrático, impulsados tanto por el oficialismo como por la oposición”, dijo titular de la comisión de Hacienda, Jorge López (UCR).
“No obstante, si bien el proyecto original ha sufrido algunas modificaciones en base a esas propuestas, otras consideraciones no han sido incorporadas porque implicaría cambiar el sentido de ser, el espíritu de este Consejo”, sostuvo.
Al respecto, hizo alusión a una propuesta elevada por el bloque Frente de Todos-PJ, señalando que “tiene una visión distinta al concepto original de este proyecto. Hay sugerencias que son medulares, de visión política distinta respecto a si queremos un Consejo para que actúe en el marco de esta crisis desatada por la pandemia, de corto plazo y por la emergencia, o si es un órgano estratégico, con visión y definición de políticas públicas a largo plazo, que trascienda el contexto actual”.
En tal sentido, Liliana Paponet (PJ), indicó que “lo que nosotros proponemos es algo para lo urgente. Queremos un Consejo pero ahora, que estamos en crisis, y queremos que sea lo más amplio posible, que sea un órgano ad hoc, ágil, menos burocrático y que se ponga a trabajar en lo inmediato”.
En la misma línea se expresó Silvia Stocco (PJ), quien indicó que “no hay coincidencias porque son miradas ideológicas diferentes”. Por su parte, Marcelo Aparicio (PJ), hizo hincapié en que el Consejo planteado por el Ejecutivo “tiene una desigualdad porque hay disparidad de representantes del sector obrero en relación al sector empresario”.
“Este proyecto tiene las características de un consejo de planificación del futuro más que un comité de emergencia. Es un órgano colaborativo, no un co-gobierno o una co-Legislatura”, expuso Guillermo Mosso (PD), a lo que López agregó que “muchos de estos aspectos planteados son de fondo”, por lo que “no vamos a poder acercar posiciones aunque los tiempos se dilaten. Lo más lógico es llevar esta discusión primero, a Labor Parlamentaria y luego al recinto de sesiones donde todos podrán expresar posición al respecto”.
Los cambios
Algunas de las modificaciones que sí fueron incorporadas, tienen que ver con la participación de mujeres en igualdad de condiciones en los distintos ámbitos del Consejo, propuesto por Daniela García y María José Sanz (UCR), la incorporación del lenguaje no sexista y el dejar establecido también, la posibilidad del trabajo tanto del Consejo como de las comisiones, de manera remota “por la diversidad geográfica de quienes participen de estas reuniones”, dijo Mosso, quien planteó esta sugerencia.
Por otra parte, se dejó escrito en el despacho de mayoría que quienes sean parte del Consejo lo harán ad honorem y que no se nombrará nuevo personal para su funcionamiento.
Otro aspecto que fue propuesta por parte de Jorge Sosa (UCR), fue abrir la participación a distintos gremios dependiendo del tema a tratar, respetando siempre la cantidad de participantes establecida en el articulado.
Además, Adrián Reche (UCR) sugirió excluir de la participación del Consejo a quienes hayan tenido una condena no sólo por femicidio o causas relacionadas con la violencia de género, sino también en relación a otros delitos que pudieran haber implicado un daño al bien público, como asimismo, aquellos que estén en el Registro de Deudores Alimentarios.
