La agenda de la crisis climática es hoy la vía que encontró el Gobierno de Alberto Fernández para acercarse a los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y mientras mantiene puntos de tensión en otros aspectos geopolíticos.
Fernández y el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, se mostraron muy de acuerdo este miércoles en el trazo grueso de lo que el mundo debe hacer para intentar ralentizar el cambio climático y mitigar las consecuencias catastróficas para la Humanidad.
Esto ocurrió en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, titulada “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”. Esto fue la antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas (COP 25) que se realizará en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre próximos.
Fernández ya le confirmó al secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Alok Sharma, que viajará a la cumbre. Y allí podría tener un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden.
“Necesitamos una justicia social ambiental, que es el nuevo nombre del desarrollo en nuestra región”, dijo Fernández al abrir el evento, del que participaron jefes de Estado de toda América Latina y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
El Presidente ató allí la necesidad de cambios radicales en las matrices productivas y energéticas de los países para mitigar el calentamiento global. Y pidió ayuda del FMI, del BID y de las potencias por la vía de un alivio en la carga de deuda de países en desarrollo o de la inyección de fondos.
Mecanismos innovadores
Fernández habló de establecer “mecanismos innovadores” que permitan reconstruir mejor a los países tras la pandemia y fortalecer los lazos de cooperación para cuidar los territorios y comunidades.
En su discurso, el presidente llamó a fortalecer el multilateralismo ambiental con “acuerdos de transferencia tecnológica” y “una liberalización de las patentes de estos bienes tan necesarios para impulsar la adaptación al cambio climático”.
“Necesitamos aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a países de bajos ingresos y de renta media, y que sirva para extender los plazos, para atender los pagos del endeudamiento y para la aplicación de menores tasas, bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico”, pidió.
Fernández reconoció que el planteo viene de un país “afectado por el endeudamiento tóxico y depredador” como la Argentina, pero consideró que puede involucrar también a otros países. “Shock climático y shock financiero producto de una crisis generalizada de deuda no son compatibles para un mundo mejor”, sintetizó.
Para el mandatario, “los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, el concepto de deuda ambiental y la categoría de ‘acreedores ambientales’ que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis”.
Por eso, reclamó un compromiso de parte de organismos regionales de desarrollo como el BID (Banco Interamericano de desarrollo) o el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) “a través del apalancamiento de los DEG para potenciar su capacidad crediticia, o a través de una nueva inyección de capital cuyo puntapié inicial debe estar dado por los países desarrollados”.
También propuso “repensar el sistema de calificación crediticia para no castigar a los países vulnerables que ya afrontan las consecuencias del cambio climático”, y “establecer incentivos impositivos para que la inversión privada se concentre en las prioridades ambientales con impacto social y en una nueva economía circular”.
Por otra parte, sugirió profundizar el debate sobre el “impuesto mínimo global” en la próxima cumbre del G20, para que “también favorezca a las economías emergentes”. “El sistema de gobernanza global no ha demostrado ser eficaz para movilizar recursos hacia los países en desarrollo”, sostuvo Fernández, e insistió en que “necesitamos una nueva justicia social ambiental” que involucre a países deudores, países acreedores, instituciones financieras internacionales y el sector privado.
El anuncio de Kerry
Kerry anunció que al menos seis bancos norteamericanos darán créditos a diez años por al menos 4.160 millones de dólares a los países latinoamericanos para ayudarlos en los procesos de reconversión industrial con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El funcionario estadounidense dijo que su país tiene el compromiso de alcanza el 50% de la flota de automóviles completamente eléctrica para el año 2035. Y señaló que presidente Joseph Biden tiene la decisión de avanzar para ayudar a los vecinos.
“Por eso hoy puedo anunciar que tenemos planes para aumentar nuestra asistencia para las energías renovables para América Latina y el Caribe, para aumentar la capacidad energética (sustentable) al menos en un 70% para el 2030”, afirmó.
“Señor presidente, una vez más, le agradezco por su liderazgo, por haber pensado en nosotros y por habernos reunidos a todos. Nos complace mucho ser parte de este esfuerzo”, le dijo Kerry a Fernández.
