La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley 27.742. La oposición se dividió y favoreció a Cambia Mendoza, que ya contaba con los números para poder aprobarlo en soledad. Fueron en total 32 votos afirmativos, 13 negativos y dos ausentes.
Respectivamente fue La Unión Mendocina la que se partió entre los bloques que componen esa alianza. Por un lado, los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio, dirigentes de Unión Popular, y Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados) rechazaron la propuesta, mientras que el bloque Juntos por la Libertad - LUM lo aprobó en su conjunto. Se trata de las diputadas Laura Balsells Miró, Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
El peronismo lo rechazó de plano con los votos de Verónica Valverde, Natalia Vicencio, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Gustavo Perret, Roxana Escudero, Gabriela Lizana (Renovador Mendoza Línea Nacional) y Julio Villafañe (Renovación Justicialista). Solo faltó el voto del jefe del Interbloque, Germán Gómez, ausente por enfermedad.
También votó de forma negativa José Luis Ramón (Protectora) y Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde), mientras que su compañero de banca Mauro Giambastiani, curiosamente no votó porque no se encontraba en el recinto en ese momento.
El denominado RIGI apunta a actividades como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, teniendo en cuenta que estos sectores “cuentan con dificultades intrínsecas para el desarrollo de grandes inversiones, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de los costos de inversión, que sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y competitividad, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado”, detalla la fundamentación del proyecto.
En el artículo 224° de la Ley nacional se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir al RIGl en todos sus términos y condiciones, disponiendo que quienes adhieran “no podrán imponer a los beneficiarios del régimen nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Se entiende que existe un nuevo gravamen local cuando se cree nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal”.
El debate de los diputados
Quien presentó el proyecto fue el diputado Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. Entonces puso en contexto que, “lamentablemente nuestro país se ha convertido en inviable y poco atractivo para la inversión estratégica y a largo plazo”. Y explicó que se debe fundamentalmente a “la alta presión impositiva”, con 148 impuestos entre nacionales y provinciales vigentes, además del cepo cambiario, al que describió como “un ancla no solo para las inversiones extranjeras, sino también las nacionales” y por último, una “maraña de limitaciones sobre las importaciones y exportaciones, principalmente para la compra de insumos y de capital de trabajo para las empresas que tienen que producir”.
En ese contexto, López señaló que “este proyecto de adhesión no busca ni disminuir, reducir ni eximir los impuestos provinciales. Ese capítulo primero lo que pretende y busca es básicamente darle certidumbre y estabilidad fiscal para estas grandes inversiones. El compromiso es que no habrá nuevos impuestos a los ya existentes, ni se los incrementará”.
“El RIGI pretende adelantar el marco al que queremos que nuestro país aspire en el mediano y largo plazo. Es decir, buscar generar incentivos por el lado de alícuotas especiales y que signifiquen una reducción impositiva. Es importante para que las inversiones se radiquen en nuestro país y en Mendoza confiamos en la calidad institucional y la certidumbre fiscal que existe sobre el manejo de las cuentas públicas. Estamos en el octavo año de equilibrio fiscal y pretendemos seguir en ese camino”, aseguró el diputado radical.
Y sostuvo que este instrumento permitirá el ingreso de “inversiones por encima de los 200 millones de dólares”, aunque no se especificó algún proyecto en particular que esté a la espera de la aprobación definitiva.
Varios diputados del peronismo hicieron uso de las intervenciones para argumentar su rechazo. La massista Gabriela Lizana cuestionó que “estas medidas o beneficios se dan exclusivamente a las grandes inversiones” y que “los reclamos históricos de las PyMES siguen sin ser escuchados”, manifestando que “esta actitud de favorecer a los grandes, deja a las PyMES sin competitividad. Las grandes inversiones sin un marco legal, sin política de desarrollo nacional, sin protección a la industria nacional, no es una solución”.
Valentina Morán, dirigente de La Cámpora, sostuvo que el RIGI “ofrece privilegios a quienes van a hacer inversiones en detrimento del desarrollo productivo de nuestro país. Hay que pensar en el país, en nuestra soberanía. La adhesión a esta ley implica la entrega de nuestros recursos naturales, y va a perjudicar a las futuras generaciones”.
En tanto, la vicepresidenta del bloque del PJ, Verónica Valverde, completó por su parte: “Al capital no le creo, el capital siempre quiere más capital. Por eso soy peronista y estoy sentada en este bloque. El Estado lo que tiene que hacer es conducir los intereses del pueblo para que el capital llegue a esos bolsillos y no está sucediendo eso”.
”En materia minera este RIGI no aporta nada, porque en realidad ya está regulado desde el año 1993 con la Ley de Inversiones Mineras. Habrá que fijarse en los otros sectores pero no veo que sea el camino. Lo invito al gobernador a que reflexione, porque es una ingenuidad esta teoría del derrame puede ser real esta vez”, apuntó.
Y aseveró: “En las inversiones petroleras, 3500 pozos inactivos han dejado y los pasivos ambientales. No les creo nada, ya nos mintieron en la cara. Vamos a votar negativo”.
En contraparte, la diputada de Juntos por la Libertad - LUM, Laura Balsells Miró, comentó: “Nosotras coincidimos con el miembro informante porque es una gran oportunidad para Mendoza para que diversifique la economía. Si este RIGI atrae a empresas que van a invertir más de 200 millones de dólares, va a generar muchísimos puestos de trabajo. Lo vemos siempre desde el lado positivo”.
Además, aseguró que “el agua y nuestros recursos siempre van a estar cuidados. No entiendo por qué pensamos que van a ir contra nuestras leyes que ya están reglamentando todas las empresas que vienen a invertir a nuestra provincia”.
En tanto, Jorge Difonso (LUM), citó una nota de rechazo que elevó la Asamblea Popular del Agua por considerarlo “inconstitucional, que va en contra de la Ley de ambiente y de ordenamiento territorial”. Además cuestionó que no se dio la participación ciudadana que requería y se plantea aprobarla “a libro cerrado”. Destacó que “volvemos 50 años atrás”, y que “le daremos beneficios a estas empresas en detrimento de las actividades productivas locales”, generando “competencia desleal”.
Por último, Emanuel Fugazzotto (PV) consideró que “esta ley beneficia a quienes quieren aplicar el modelo extractivo”. Entonces, cerró: “Esto que se está planteando hoy en día compromete por lo menos a tres generaciones de argentinos y argentinas. Nuestro voto es negativo y ojalá la Patria se los demande cuando esto se lo demuestre como ocurrió en el menemismo”.
