El Frente de Todos (FDT) avanzará hoy en el Senado con la modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que su conductor, el procurador general de la Nación, pueda ser nombrado por la mitad más uno de los integrantes de la Cámara y no por los dos tercios de los votos de los presentes en la sesión, como dice la norma actual.
El oficialismo se decidió por la denominada mayoría absoluta, que son 37 sobre 72 votos posibles, frente a la firme postura de los dos espacios opositores de la Cámara Alta, Juntos por el Cambio (JPC), que tiene 25 integrantes, y el interbloque Parlamentario Federal, que tiene cuatro: no están dispuestos a apoyar para el cargo a Daniel Rafecas, el candidato que el presidente Alberto Fernández propuso hace 11 meses.
Lo curioso es que el propio Rafecas hizo saber hace unos meses que no aceptaría el puesto si se reduce la mayoría para ser nombrado.
Ahora, si el FDT avanza con esta modificación a la ley Orgánica del MPF, que también debe ser convalidada en la Cámara de Diputados, hay que ver qué opina.
Si Rafecas declina su postulación, Fernández debería postular a otra persona para el cargo, cubierto de manera interina por Eduardo Casal, quien por ser el procurador decano de la institución reemplazó en 2018 a Alejandra Gils Carbó, integrante de la agrupación kirchnerista de magistrados Justicia Legítima.
En ese contexto, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside el ultrakirchnerista neuquino Oscar Parrilli, volverá a reunirse hoy a partir de las 10 de la mañana con la intención, por parte del oficialismo, de emitir dictamen a un proyecto del senador Alberto Weretilneck, del monobloque Juntos Somos Río Negro, que generalmente vota todas las leyes con el FDT.
Será más fácil echarlo
De hecho, en JPC consideran que el proyecto de Weretilneck es “hecho a medida” de las pretensiones del oficialismo: no sólo aligera la mayoría necesaria para nombrar al jefe de los fiscales federales sino que, además, vuelve mucho más sencillo su mecanismo de remoción.
Actualmente, para echar del cargo al procurador, corresponde el juicio político, con Diputados como cámara acusadora y el Senado, como tribunal de sentencia.
En la propuesta de Weretilneck la remoción del jefe de los fiscales federales puede ser por decreto del Poder Ejecutivo, convalidado con mayoría absoluta del Senado.
Además, el proyecto del exgobernador rionegrino (2012-2019) establece que el mandato del procurador dejará de ser vitalicio para pasar a ser de cinco años, con posibilidad de prorrogarlo por otros cinco, como máximo, con una nueva propuesta del Ejecutivo y con acuerdo del Senado, también por mayoría absoluta.
La oposición no objeta este último aspecto, pero sí los mecanismos de designación y remoción, y en la reunión de la comisión lo harán saber.
“El procedimiento de nombramiento es cuestionable, pero el de remoción es inaceptable. Transforma al procurador general de la Nación en un cadete del Presidente”, dijo a La Voz el senador cordobés Ernesto Martínez, del Frente Cívico e integrante del bloque PRO.
Recordó que la Constitución establece que el MPF es un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera. “Si lo pueden remover en cualquier momento, sin el debido proceso, va a hacer lo que el Gobierno diga”, advirtió el legislador de JPC.
En la vereda de enfrente, el senador cordobés Carlos Caserio, del FDT, se declaró “de acuerdo con el mandato de cinco años, porque es el mismo sistema” que rige en la provincia.
“No hay nada que justifique que el procurador deba estar toda la vida en el cargo. Por otra parte, los dos tercios para designarlo demuestran que, cuando la oposición se cierra, como en este caso, no hay normalidad institucional. Por eso, estoy de acuerdo con la mayoría absoluta propuesta en la iniciativa”, dijo Caserio a La Voz.
Parrilli había anticipado que llamaría a la comisión cuando se conociera el anteproyecto del Consejo Asesor de Juristas del Presidente para avanzar en una reforma judicial, lo que se produjo el miércoles. Dicha comisión propone lo mismo que Weretilneck para nombrar al procurador: mayoría absoluta del Senado.
