La transferencia de las acciones que tiene la Provincia en Impsa sigue produciendo mucho debate en la Legislatura provincial. Si bien el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la operación, busca que la oposición acompañe. Pero varios referentes opositores siguen con dudas, mientras que otros ya tienen decidido su voto negativo y militan en contra del proyecto.
Un caso en este sentido es la postura de la diputada Gabriela Lizana, quien representa al Frente Renovador en Mendoza. Precisamente la gente del exministro de Economía Sergio Massa tuvo a cargo el control de Impsa hasta fines del año pasado, cuando asumió Javier Milei.
Lizana afirmó ante la consulta de este diario que la transferencia de acciones al sector privado “no es oportuna”. “No somos estatistas, pero hay empresas estratégicas que podrían mantenerse”, aseguró la legisladora de Rivadavia. Y agregó: “No se tiene en cuenta a Impsa como empresa mendocina e ícono de desarrollo industrial”.
Lizana sostuvo también que si se vende la empresa “se pierde el activo de ser dueños del desarrollo de la energía nuclear” y dijo que sus problemas económicos y financieros (tiene una deuda superior a los 500 millones de dólares y el pasivo crece mes a mes en unos U$S, 2,5 millones, según información extraoficial) se deben a que el Gobierno nacional cortó los contratos de obra pública.
“Durante toda la gestión anterior se logró que Impsa fuera autosustentable porque se lograron estos contratos”, aseguró también la legisladora, quien cargó contra la decisión de promover la transferencia sin costos para el comprador. “Si se tomara la decisión de privatizar, no se puede denigrar a la empresa ni decir que regalada es cara, eso la tira abajo”, criticó.
También dijo que transferir la empresa a privados le haría perder profesionales con altísimo conocimiento en energías renovable, nuclear e hidráulica y sostuvo que Impsa podría participar en licitaciones internacionales si quisiera el Gobierno nacional.
ZOOM PARA CONSERVAR IMPSA
Lizana fue promotora de una reunión por Zoom con los massistas que estuvieron a cargo de Impsa. Se trata del exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y Gabriel Vienni, quien presidió la compañía hasta el final de la gestión justicialista.
Picante, en esa reunión, Lizana destacó que “Impsa no recibe fondos del Estado Nacional ni provincial y paga los sueldos a sus 700 empleados”. También sostuvo que la firma “trabaja con 100 pymes locales y logró mejorar su situación con gestiones comprometidas nacionales y provinciales”.
No fue la única legisladora opositora en la reunión. También participaron del encuentro informativo los diputados Jorge Difonso y Jimena Cogo, de La Unión Mendocina, y el referente de Protectora, desde hace tiempo ligado al justicialismo, José Luis Ramón.
Desde la presentación del proyecto por parte del Gobierno, el bloque que se opone o duda de la venta de Impsa se queja de la “falta de información” oficial sobre la maniobra.
Lizana advierte que el posible oferente (la empresa estadounidense ARC Energy) “se dedica a la energía nuclear” y se preocupa hasta por los proyectos en que podría involucrar a la empresa mendocina si se queda con ella.
Por su lado, Difonso sostuvo que no se ha esclarecido “cuánto vale el activo público global” y que la transferencia “no debe ser una entrega o un regalo”.
“La transferencia no se puede hacer por un valor menor al que puso la Provincia cuando ingresó. Tiene que ser ese o mayor”, aseguró, a pesar de que aquella inversión en realidad la hizo la Nación.
“Nosotros pedimos una rendición de cuentas de los representantes de Mendoza. Cuánto habían cobrado y qué gestión habían hecho. Como hubo una rendición a nivel nacional, nos parecía importante tener esa información también. Los de acá se fueron y no dijeron nada”, tiró Difonso, en referencia al exvicepresidente Julio Totero y el director general corporativo, Mario Croce, quien sustituyó en el organigrama al titular de Emesa, Pablo Magistrocchi, el año pasado.
REUNIONES
La oposición está muy atomizada en la Cámara de Diputados, por lo cual este martes se harán las reuniones de los interbloques que confluyen en LAUM y en el PJ en búsqueda de posturas unificadas respecto de Impsa.
En el caso del PJ, al rechazo del kirchnerismo y de la representante del massismo, podría sumarse el del resto del espacio. Germán Gómez, titular del bloque, había aclarado ante la consulta de Los Andes que no tenían una posición tomada. Con el correr de las horas, crece la posibilidad de un rechazo rotundo debido a que “hay mucha confusión y falta de información sobre el tema”.
Frente a la posición de Difonso, en el sector de La Unión Mendocina también hay legisladores proclives a aprobar la venta de acciones.
La votación en el recinto del proyecto del Poder Ejecutivo se viene postergando desde hace dos semanas por los reparos opositores.
Consiste en un pedido de autorización para “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza” que fueron adquiridas en 2021 cuando la empresa fue estatizada.
En este sentido, la Nación posee el 63,7% de las acciones, mientras que Mendoza tiene el 21,2%. En tanto, el fideicomiso de acreedores posee el 9,8% de las acciones y la familia Pescarmona se quedó con el 5,3% restante.
Los fondos para adquirir el 21,2% para de acciones fue aportado en 2021 por el propio Estado nacional a través de un aporte no reintegrable (ANR) de U$S 5 millones.
Ahora la Provincia apoya la privatización, en coincidencia con el Gobierno nacional. Y no busca dinero a cambio, más allá de recalcar que la operación está en manos de la Casa Rosada.
Así lo dejó en claro el Ministerio de Hacienda, a través de un informe en el que aclaró que “atento a la situación de la empresa y su nivel de endeudamiento, es posible que la oferta se centre en el monto necesario para dar a Impsa el capital de trabajo necesario para su sostenibilidad y crecimiento y en la asunción del pasivo financiero superior a U$S 500 millones que enfrenta”.
