Los sucesivos gobiernos que han administrado Mendoza han tenido una relación de tensiones y vaivenes con la Nación. En los últimos años la Provincia avanzó (y avanza) en diferentes demandas contra el Estado nacional por perjuicios en términos económicos tras decisiones de la Nación que perjudicaron a la provincia, aunque también hubo momentos en los cuales se resignaron los intereses provinciales para no tensar la relación con el poder central. En tres demandas (dos activas y una en proceso) suman un monto solicitado de más de $59.000 millones (U$S 557 millones con un dólar a $106).
Hasta el momento hay dos grandes demandas que lleva adelante la Provincia contra la Nación, y que están en pleno análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, un juicio por regalías mal liquidadas del complejo Los Nihuiles; y por otro lado, otro juicio que está en el máximo tribunal de Justicia por los recursos del Fondo Federal Solidario (Fofeso) de la Soja, que eran coparticipables y el gobierno de Mauricio Macri los suspendió.
Según Fiscalía de Estado, a diciembre del 2020 la de Los Nihuiles tenía un monto actualizado de $35.700 millones, por lo que si Mendoza ganara el juicio, ese número podría aumentar considerablemente. Lo mismo pasa con el Fofeso, que tiene un monto estimado de $5.400 millones a agosto 2020.
Hay que tener en cuenta que ambos juicios fueron aceptados por la Procuración del Tesoro y están en manos de la Corte, pero sin fecha de resolución. Si Mendoza ganara, la tasa de interés será establecida por el organismo judicial.
En estos últimos días desde Casa de Gobierno tomaron la decisión de avanzar en otro litigio, en este caso contra la administración de Alberto Fernández, con una causa que tiene mucho tinte político, sobre todo porque estamos a pocos días de las elecciones generales. El tema de la futura demanda no es nuevo, ya que se trata de la discriminación que ha denunciado el gobierno de Rodolfo Suárez de parte de Nación contra Mendoza en el reparto de los recursos discrecionales durante la gestión de Alberto Fernández.
Los números que ofrece el Gobierno provincial son elocuentes. La Provincia ha quedado última entre todas las jurisdicciones en el reparto de estos fondos (no se toma la coparticipación). Según cálculos del ministerio de Hacienda, el monto que debería recibir Mendoza es de alrededor de $18.000 millones, número que surge luego de calcular cuánto debería ingresar para llegar al promedio de reparto de estos fondos en el país.
La Nación entregó $8.008 por habitante en recursos discrecionales desde enero del 2020 hasta septiembre de este 2021, mientras que el promedio país ha sido de $17.040 por habitante. Ante esto, el ministro Lisandro Nieri destacó que a cada mendocino le deberían haber llegado $9.036 más per cápita “sólo para llegar a la ‘suerte’ de estar en el promedio nacional”.
Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno provincial, sostuvo que están actualmente en etapa de “recolección de información”, en la que Suárez instruyó y solicitó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para que “reúna los elementos necesarios para interponer las acciones que correspondan por el reclamo”.
Una vez que finalice su trabajo Canet, el Gobernador dará paso también al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que también estudie el caso y evalúen estrategias necesarias para interponer la demanda. Por el momento, el Fiscal ha decidido no dar declaraciones al respecto.
Si agrupamos las tres demandas, se llega a la suma de a unos U$S 557 millones (que podría ser más), un número para nada menor de acuerdo a las cifras que maneja la provincia en términos de inversiones en obras públicas.
Litigios o protecciones
El ejemplo más importante de lucha y demanda judicial es el de la obra Portezuelo del Viento, en la que Mendoza recibirá U$S 1.023 millones por un juicio devenido en acuerdo extrajudicial entre la Provincia y la Nación por los perjuicios de la prórroga a través de un decreto de la Promoción Industrial en la década del ‘90.
El litigio comenzó con el ex gobernador Arturo Lafalla; luego Julio Cobos selló el acuerdo extrajudicial con Néstor Kirchner; y finalmente el monto fue negociado por Alfredo Cornejo y Mauricio Macri, el cual actualmente se está pagando en tiempo y forma por la Nación.
No obstante, también hay ejemplos en los cuales se ha perdido la oportunidad de defender intereses provinciales sólo por mandato partidario y por no quedar “mal parado” ante un gobierno nacional del mismo signo político.
Fue el caso del juicio que se perdió de hacer a la Nación en 2012 por la retención indebida que hizo de recursos que le correspondían a Mendoza para fondear la Anses. Se estima que Mendoza podría haber recibido unos U$S 1.000 millones, es decir, lo equivalente a Portezuelo del Viento.
La historia comenzó en 1992 cuando se firmó un Pacto Fiscal en el cual Mendoza y el resto de las provincias cedieron esos recursos con su permiso luego de la creación de las AFJP, para fondear la Anses. No obstante, a partir del 2010 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), sin la autorización local, la Nación siguió descontando el dinero injustamente.
Con ese antecedente, el radicalismo impulsó en 2012 un proyecto para que el entonces gobernador Francisco Pérez siguiera los pasos otras provincias (como Santa Fe, Córdoba y San Luis) y también demandara a la Nación. No obstante, en una sesión caliente del 4 de septiembre de ese año, el entonces vicegobernador, Carlos Ciurca, desempató en contra de iniciarle juicio al gobierno nacional que conducía Cristina Fernández, y Mendoza perdió la posibilidad de ganar un juicio multimillonario que sí salió favorable para estas tres jurisdicciones en 2015.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado hace 6 años, lo que no obtuvo Mendoza desde el 2010 hasta el 2015 fueron unos U$S 1.000 millones, dinero que podría haber recuperado si hacía el juicio.
Otro tema fue el del Fofeso, en el cual un porcentaje de las retenciones a la soja se repartía mediante coparticipación a las provincias durante el kirchnerismo. Sin embargo, Macri lo eliminó a través de un DNU en agosto del 2018 y propuso un acuerdo con provincias ya que, a medida que bajaba retenciones, el monto a recibir sería lógicamente menor. En tanto, se compensaría con una disminución de reintegros a la exportación, la cual se coparticiparía y quedarían “en tablas”.
Pero esto no ocurrió y Mendoza perdió varios millones en el camino, al igual que el resto de las provincias. Si bien la gestión Cornejo no inició el juicio cuando sí lo impulsaron otras provincias, sí lo hizo Suárez en agosto del 2020, justo antes de prescribir la causa, aunque desde el PJ criticaron la “inacción” del presidente de la UCR nacional. Pero en el radicalismo se defendieron al comparar la situación con la de la devolución de Anses: “Cornejo le hizo una demanda a Macri por los fondos de la Anses, y Suárez hizo lo mismo por el Fondo Soja. Fue con el PJ cuando perdimos el retroactivo multimillonario”.
La otra demanda, la más vieja, es por las regalías que recibe Mendoza por la energía generada por Nihuil I, II y III, pero que se comparten con La Pampa desde 1973. En este sentido, Mendoza es la única en el país que “posee la fuente” del agua con la que se produce la electricidad y aún así tiene que compartir los ingresos con otra, por lo que tiene argumentos jurídicos para reclamar la totalidad de los ingresos pasados y futuros.
El reclamo incluye 47 años de retroactividad, más el dinero extra que ingrese desde que la Justicia avale la posición mendocina.
