Siguiendo el pedido de la fiscalía, la Justicia Federal condenó a los integrantes de la banda de facturas apócrifas. La contadora Silvia Gulino Ríos (55) recibió una condena de 6 años de prisión por ser la jefa y organizadora. El resto fueron considerados miembros de la asociación ilícita fiscal. El martillero público Daniel Cacciavillani (53) y los contadores públicos Armando Morón (57) -ex legisladores del PD- y Carlos Aguirre recibieron 4 años de prisión.
En tanto, la exfuncionaria de la STM, Sandra Marisa Maldonado fue condenada a 3 años y 10 meses. Por su parte, Walter Lobos, Florencia Morichetti y Romina Molina (hija de Silvia Gulino) recibieron condenas de 3 años y 6 meses cada uno porque la Justicia determinó que cumplieron roles secundarios en las maniobras detectadas. Además, como son delitos con ánimo de lucro a todos se les impusieron multas desde 90 mil pesos.
El caso
En la causa se juzgó a la banda liderada por Gulino Ríos por emitir facturas apócrifas para generar a sus clientes créditos fiscales ficticios y disminuir así el pago por IVA y Ganancias, ocasionando al Estado una pérdida de $160 millones.
El nombre de Morón se había llevado todas las miradas por su vínculo con la política, ya que fue legislador del PD y hasta intentó alguna vez ser candidato a gobernador. Hace unos años que se dedica a la actividad privada. Su figura entre los enjuiciados opacó a la de su pareja Marisa Maldonado, quien asumió como síndico en la STM en lugar de Guillermo Mosso, quien le dejó el cargo a otra persona del partido a fines del año pasado para ocupar una banca como diputado provincial. Ante la presión mediática, el 26 de noviembre Maldonado renunció.
