Este lunes, la Justicia condenó a Claudia Sgró por haberse enriquecido ilícitamente durante la gestión de su expareja Luis Lobos como intendente de Guaymallén (2013-2015). La defensa acordó con la Fiscalía llegar a un juicio abreviado, dónde la mujer aceptó su culpabilidad y recibió una pena mínima (2 años) que se acumuló a la anterior, que había recibido por fraude. Por lo tanto serán 4 años y 3 meses los que deberá pasar en la cárcel.
Además, deberá pagar un 150% del beneficio económico obtenido a raíz de las maniobras delictivas, lo que representa más de $2 millones y pesa sobre ella la inhabilitación de por vida para volver a ejercer cargos públicos.
Claudia Sgró había sido condenada por el delito de fraude a la administración pública en mayo de 2019, junto a expareja. Recibió en ese momento una condena de 3 años y 4 meses de prisión, pero recién en abril de 2022 la sentencia quedó firme y fue a prisión, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia y las desestimación del Tribunal Penal Colegiado Número 2 a los recursos presentados por su defensa.
De esta forma, la mujer al igual que su exmarido anteriormente, no pudo justificar la tenencia de bienes lujosos como la conocida “Mansión Lobos”, una vivienda que tenían en el barrio Alto Portal del Sauce, ubicado en la calle Tirasso del distrito El Sauce de ese departamento. Además de un departamento y dos lotes, una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo Can Am.
Después de que Lobos fuera condenado por enriquecimiento ilícito a fines de 2022, la mansión quedó a disposición de la Provincia por la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y se procedió a su remate en dos oportunidades (la última en febrero pasado) para que el dinero recaudado sea destinado a infraestructura escolar, pero no aparecieron oferentes.
Condena por corrupción
Fue el 9 de mayo del 2019 cuando Lobos y Sgró escucharon la sentencia por corrupción. Los condenó el tribunal conformado por los jueces Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio, quienes no solamente dictaminaron la sentencia a prisión por fraude a la administración pública, sino que también les aplicaron a ambos la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
La investigación se centró en la contratación irregular de dos personas en la comuna de Guaymallén, Laura Fara y su hijo Pablo Müller, quienes nunca cumplieron tareas en la municipalidad, sino que se desempeñaron en la casa de la madre de Sgró con tareas domésticas, en momentos en los que Lobos estaba a cargo de la intendencia.
Además el fallo reflejó que la pareja se quedaba con parte del salario de estas personas, ya que -según los fiscales- las víctimas nunca supieron que eran empleadas en la comuna. Según declararon ante la Justicia, les habrían hecho creer que accedían a una “ayuda social” del municipio, pero solamente les daban una parte del salario. Se estima que aquella estafa fue por más de $400.000.
Ese fallo dictado en 2019, si bien fue apelado, quedó firme en abril del 2022, cuando el Tribunal Penal Colegiado Número 2 desestimó los pedidos de mantención de libertad y de prisión domiciliaria que presentó la defensa y ordenó la inmediata detención de ambos.
No obstante, en un segundo juicio en diciembre del 2022, esta vez por enriquecimiento ilícito, Lobos fue condenado y se le unificaron las penas recibió 8 años de prisión en total, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica.
Esta segunda investigación de la fiscal Suana Muscianisi fue por irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto (Wanka SA), más el enriquecimiento ilícito. Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015.
Por otro lado, la exsuegra de Lobos, María Elena Fernández (84), también fue condenada a través de un juicio abreviado realizado en abril del año pasado, a tres años de prisión en suspenso por el delito de fraude. Si bien no se desempañaba en el Estado, la Justicia comprobó que ella misma cobró de las tarjetas de débito de Fara y Müller, quiénes trabajaban en su casa. Fernández se declaró culpable y acordó pagar 500 mil pesos para comedores comunitarios de Guaymallén, en cuotas de 10 mil pesos, como parte de su condena.
